Hoy, en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Torturas, proclamado por las Naciones Unidas en 1997, visitamos  la ex cárcel de La 40, un lugar símbolo, tristemente noto, de la dictadura de Trujillo.

Por La 40, su patio, su sótano y sus celdas,  pasaron decenas y decenas de activistas y militantes políticos y la mayoría de los integrantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que a finales  de los años ‘50 desempeñaba una fuerte oposición al régimen de Trujillo.

Emblemática la fotografía del ex sargento de la Marina de Guerra, José Messón, expedicionario de Maimón, amarrado en la silla eléctrica en una sesión de torturas.

Convertida en iglesia por el gobierno de Joaquín Balaguer, quien destruyó gran parte de su construcción originaria, hoy acoge el Centro parroquial San Pablo Apóstol y una escuela pública que lleva el mismo nombre. (altro…)

Sr. Michel Joseph Martelly, Presidente de la República

Palais National, Champ de Mars, Puerto Príncipe, Haití.

Sr. Jean Renel Sanon, Ministro de Justicia y Seguridad Pública

jeanrenelsanonyahoocom/ secretariatmjspyahoocom/ jrsanonmjspgouvht  (jrsanonmjspgouvht)  

Sr. Godson Orélus, Director General de la Policía Nacional de Haití (PNH)

e-mail: godore68hotmailcom  (godore68hotmailcom)  

Sr. Duly Brutus, Ministro de Asuntos Exteriores y Cultos

Sra. Marie Carmelle Rose Anne Auguste, Ministra Adjunta al Primer Ministro, encargada de los derechos humanos y la lucha contra la extrema pobreza

e-mail: auguste_lodyyahoocom  (auguste_lodyyahoocom)    (altro…)

República Dominicana — Semana Internacional del Detenido Desaparecido

La desaparición forzada es un  crimen de Estado y es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

La primera convención internacional sobre las desapariciones forzadas es la Convención  Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, mientras en  2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención de las Naciones Unidas, vigente desde el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación, reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados. (altro…)

Han transcurrido 20 años desde la desaparición de Narciso Gonzales, “Narcizaso” como era conocido por los amigos, por los compañeros, por los jóvenes y por todo el pueblo dominicano.

Desaparición que a pesar de la negación, de las mentiras, del intento de hacerlo pasar como un suicidio, de la sustracción de actas y documentos y de la impunidad que reina soberana sobre el caso, ha sido declarada como una desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos en la sentencia que condena internacionalmente y definitivamente el Estado dominicano por este hecho y que ha sido emitida el 27 de febrero de 2012. (altro…)

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Por: Comisión nacional de los Derechos Humanos 

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2013

A pesar de haberse iniciado con muchas esperanzas, encarnadas en la figura prometedora del actual Presidente de la República Licdo. Danilo Medina, el 2013 ha sido caracterizado por muchas decepciones para la ciudadanía.

El suministro de los servicios básicos como  agua,  energía eléctrica y transporte se han deteriorado, al tiempo que el costo de la vida ha alcanzado niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se han dado  apresamientos y asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para sus comunidades. La delincuencia ha sobrepasado  los límites imaginables, la corrupción ha continuado  galopando por sus fueros y finalmente la sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional ha coronado  a la República Dominicana como país campeón en la violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un nacionalismo exacerbado  que ha llegado al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

LA SENTENCIA DEL ODIO

La sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades más grades que se hayan cometido en los últimos tiempos, no solo en el continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que causará a la integridad y a la dignidad personal y al desarrollo social y humano de los afectados son incalculables. (altro…)

Monchy Vidal

Estamos cansados. ¡No! Más que cansados. Hartos.

Estamos hartos de seguir pidiendo “una exhaustiva y profunda investigación de los hechos”. Hartos de pedir que “los culpables sean debidamente condenados”.

Ninguna investigación podrá devolvernos nuestro Monchy. El amigo, el compañero, el hermano, el militante por los derechos humanos, el valiente, el soñador por un mundo más justo y el vocero de la paz social.

Ninguna condena podrá jamás reparar la magnitud del daño social que ese vil asesino ha llevado al alma del pueblo y de los jóvenes dominicanos.

Ya basta de reparaciones, ya basta de seguir rezando para el más allá. Lo que queremos es… ¡No! Lo que exigimos, es una vida digna ¡YA! !EN ESTA TIERRA!

Ya basta de llorar muertos o de caminar al lado de los que están condenados a morir por sus ideas, por sus luchas, por su compromiso.

Ya basta de pedir seguridad a las autoridades. Lo único que pueden hacer es aumentar la fuerza pública y el número de armas en nuestras calles.

Ya basta de pedir. ¡Ha llegado el momento de la acción! De hacernos NOSOTROS promotores del cambio social.

Ha llegado el momento de radicalizarnos, o sea de ser radicales en nuestras peticiones.

No hay que pedir mayor seguridad al Estado, sino que este regularice y limite una vez por todas el derecho de los ciudadanos a la posesión de las armas.

No hay que pedir más años de prisión a los delincuentes, sino exigir una paz fundada en la justicia social.

No hay que pedir que el Estado implemente políticas públicas de prevención de la delincuencia, sino transformarnos, cada uno de nosotros en promotores de la prevención.

Ya basta de pedir casi rogando, espacios públicos donde la ciudadanía y los jóvenes puedan ejercer el sagrado derecho de la participación social, es hora de tomar cada espacio público abandonado y descuidado y transformarlo con energías positivas, con el amor, con el cariño hacia la sociedad que nuestro Monchy llevaba en su corazón para devolverlo a la vida como un espacio liberado y conquistado a la criminalidad tanto pública como privada.

Ya basta de pedir iluminación callejera nocturna, transformémonos cada uno de nosotros en la luz que ilumine los rincones de nuestra sociedad, que aclare donde hay sombras, que ponga donde hay que poner y que quite donde hay que quitar.

Actores y no audiencia, protagonistas y no comparsas.

Cambiar los verbos: exigir y no pedir. Vivir y no morir.

NOTA DE PRENSA

CONSTITUCIÓN COMITÉ DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Desde la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de haber constatado que en la República Dominicana  la práctica criminal y violatoria  de los derechos humanos conocidas  como “ejecuciones extrajudiciales”,  antes de ser solo un triste retaje de nuestra historia reciente  más oscura, sigue lamentablemente siendo una triste realidad aplicada en el país sobre todo por la Policía Nacional,  damos a informar a la ciudadanía, a las autoridades nacionales , a la prensa nacional e internacional y a los organismos  internacionales de defensa de los derechos humanos, lo siguiente:

El día 22 de febrero de 2014,  en nuestras oficinas situadas en la Avenida Ortega y Gasset #200 en la Ciudad de Santo Domingo,  se ha constituido formalmente el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales  (altro…)

di Annalisa Melandri* - www.annalisamelandri.it 

in esclusiva per il Corriere delle Migrazioni 

“Genocidio civile”,  cosi è stata definita dalle voci più progressiste della Repubblica Dominicana, la sentenza n. 168 del 23 settembre scorso, emessa dal Tribunale Costituzionale di questo paese,  che ha di fatto condannato all’apolidia  migliaia di dominicani di origine  haitiana.

Juliana Deguis Pierre, nata in Repubblica Dominicana 28 anni fa da genitori haitiani, aveva presentato infatti ricorso a questa corte   contro una sentenza di un Tribunale Civile che le  aveva negato la restituzione del documento d’identità dominicano sottrattole tempo fa da un funzionario della Giunta Centrale Elettorale. Juliana, nata e cresciuta in Repubblica Dominicana, non è mai stata ad Haiti nemmeno in vacanza e fino ad oggi pensava di essere cittadina dominicana. Il  Tribunale Costituzionale era l’ultima istanza alla quale la giovane aveva fatto appello, sperando di concludere così positivamente la sua odissea iniziata nel 2008, quando l’ufficio del registro pubblico dove si era presentata per ottenere il documento di identità, non solo glielo aveva negato ma le aveva sottratto anche  il  certificato di nascita sulla base di irregolarità nella posizione migratoria dei genitori haitiani.

La sentenza del tribunale inoltre, violando la stessa Costituzione dominicana (art.110) che sancisce esplicitamente l’ irretroattività della  legge, ha dato  disposizione all’organo elettorale di istituire  un registro di tutti i cittadini dominicani di discendenza haitiana nati dal  1929 ad oggi. La situazione di ognuno  – almeno di quelli ancora in vita, si tratta infatti di circa  tre generazioni di persone – sarà  attentamente valutata e poi inoltrata al  Ministero dell’Interno e Polizia per l’applicazione di quanto stabilito da un Piano Nazionale di Regolarizzazione che le autorità stanno approntando.

Le conseguenze di tutto ciò non sono ancora chiare ed è difficile prevedere cosa accadrà a quanti non riuscissero a dimostrare la legalità della posizione migratoria dei loro genitori. (altro…)