Berta Cáceres: La nuestra es una lucha digna que representa esta herencia que tenemos de pueblo rebelde

El 24 de mayo pasado, mientras viajaban en la zona de Río Blanco, donde desde hace casi tres meses los  indígenas de la etnia lenca de  la zona  se encuentran en  movilización pacífica contra el proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, la coordinadora del  Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), Berta Cáceres y el comunicador Tomás Gómez, fueron detenidos — y puestos en libertad después de 24 horas — durante una operación conjunta de ejército y policía con la acusación   –falsa — de posesión ilegal de armas  de fuego.

Además de la evidente  ilegalidad  de la detención, llevada a cabo sin orden de arresto  y con la construcción de falsas pruebas y testimonios  en contra de Berta, hay que señalar que tanto la  líder indígena que otros miembros de Copinh desde el año 2009 están sujetos a las medidas cautelares de protección  dictadas por la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos (Cidh), como resultado de las múltiples amenazas de muerte recibidas desde el golpe de Estado de ese año.

El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, financiado por el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, tiene como  objetivo el aprovechamiento de las aguas del río Gualcarque, en el noroeste del país, para la producción de aproximadamente 22 MW de energía.

La realización del proyecto, cuya aprobación se hizo sin consulta previa con las comunidades indígenas locales como lo exige la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (Oit), ha sido otorgada a la  compañía local Desa y a la empresa estatal china Sinohydro.

En Honduras, hace apenas cuatro años, en junio de 2009, un golpe de Estado llevado a cabo por la poderosa oligarquía del país  y los militares y con el apoyo de los Estados Unidos, derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya por las políticas que estaba llevando adelante,  que miraban “peligrosamente” hacia  la izquierda bolivariana.  En aquellos días fueron enormes, por número y por gravedad,  las  violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de  militantes, activistas y periodistas y también condenadas  por los organismos internacionales.

La situación hoy en día, después de las   elecciones farsa del  noviembre de ese año,  que llevaron  al presidente Porfirio Lobo a la presidencia, no es muy diferente: la impunidad reina soberana,  los índices de violencia hacen de  Tegucigalpa, la capital, y de San Pedro Sula, las ciudades más peligrosas del planeta  y los recursos del país están en manos de unas pocas familias locales que detienen  el poder económico y político y de las  empresas extranjeras.

Berta Cáceres, desde el presidio permanente de Río Blanco, nos cuenta el avance jurídico de  su detención, que representa para las comunidades indígenas lenca  la construcción de la  planta hidroeléctrica y nos habla de la represión y de la militarización del país y sus efectos sobre la comunidad, además de las  amenazas de muerte que reciben constantemente  tanto ella como otros activistas del Copinh.

AM.- Berta cuéntanos  del juicio y efectivamente en qué forma podemos decir que se ha caído  el montaje del ejército en tu contra.

B.C. - Antes que todo,  quiero agradecer la solidaridad expresada porque tuvo mucho peso, mucho peso político, ya que la persecución al Copinh es una persecución política que también  deriva en una persecución judicial. Por supuesto que las acusaciones no tuvieron sustento, ya que era un montaje en el que quedó claro que las supuestas  evidencias eran falsas y los testigos no pudieron convencer al Juez de Letras  que estaba asignado en este caso. Un resultado de la resolución fue el  sobreseimiento   provisional que significa que no hubo credibilidad en las  pruebas y también que se suspendieron  las  medidas ejecutivas que me habían impuesto como  ir a firmar cada viernes y la prohibición de salida  del país. Aunque el juicio no se ha cerrado es un triunfo porque demuestra la presión de la lucha que hace el pueblo indígena Lenca de Rio Blanco y en este contexto de lucha   la presión que hacen  las transnacionales  Desa y Sinohydro  es muy fuertes a todos los niveles  del gobierno y a todas las instancias. A ese propósito hemos   denunciado que desde Sinohydro se preparan para el montaje de más acusaciones contra mi persona y otros compañeros del Copinh que  nos han  acompañado en la lucha en favor del pueblo lenca de Río Blanco. Respecto a la situación de la  lucha de Río Blanco,    la comunidad mantiene  la decisión de no sentarse a negociar  con Desa y Sinohydro y exige  su salida del territorio, la cancelación del proyecto, la cancelación del concesionamiento del sagrado Río Gualcarque y también se  exige la salida del ejército y de las fuerzas represivas. Estamos pidiendo además compañera,  que se redoble la movilización y la solidaridad con la  articulación de  denuncias formales publicas a nivel nacional e internacional ya que Desa y Sinohydro están incrementando la militarización y la represión, ya que no pueden con sus  estrategias como son la  de sobornar y de desmoralizar a la población indígena y de querer  prácticamente sacar el Copinh de este sector,  como hasta ahora no lo han podido lograr, se están jugando su última carta que es la de la  represión. Pedimos urgentemente las acciones solidarias desde cada una de sus capacidades, desde sus voluntades, desde esa solidaridad que no tiene frontera.

A.M. — Berta háblanos por favor del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” y en qué forma afectaría el territorio y las comunidades.

B.C. - El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca ya está aprobado por  el Congreso Nacional y  por los diputados “vende patria”;  el ministro de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)  ha autorizado la licencia ambiental y  el alcalde de Intibucá ha dado  el permiso de la  operación en  que también está involucrado el alcalde de San Francisco de Ojuera, del departamento de Santa Barbara, ya que los dos municipios colindan  y  esto pese a la ilegalidad y  a la violación del convenio 169 de la OIT, o sea a pesar de que se han violado  el derecho de consulta libre, previa e informada para  los  pueblos  indígenas.

Con estas peticiones y con la acción de seguir permitiendo que opere este proyecto hidroeléctrico Agua Zarca también se han violentado los  acuerdos firmados entre el Copinh y el Estado de Honduras. Señalamos además que  al otro lado del río por ejemplo se está construyendo,   mientras que en el lado del  Río Blanco  no han podido   debido a  la resistencia indígena heroica, histórica que hace el pueblo  lenca de este sector.

Con estas acciones que han empezado las empresas Desa y  Sinohydro ya han comenzado los impactos ambientales: hay derrumbes de grandes toneladas de roca y tierra que amenazan una parte importante del río. El proyecto  generaría un desastre no solo es  natural sino que afecta también  la población con  la destrucción de cultivos que hacen parte de la práctica de soberanía  alimentaria del pueblo lenca de la zona,  ya se han destruidos cultivos de  maíz,  frijoles, ayote  y otros productos que son parte de la dieta alimentaria de esta zona como también plantas naturales, la biodiversidad propia y la misma vida acuática del  río. También hay  desplazamiento,  hay violación de tejido cultural, violación del derecho espiritual que tiene el pueblo lenca ya que  según la cosmovisión del pueblo lenca, en este rio que es sagrado  viven sus  espíritus, sobre todo los espíritus femeninos y  es muy importante para el equilibrio y la armonía  integral de la zona indígena desarrollar de manera integral sin ese intervencionismo  de las empresas privadas o  de las transnacionales sin que sea necesario  entregar los bienes comunes de las naturaleza como ha sido por el Rio Gualcarque  a manos privadas  para a cambio de esa de manera demagógica tener escuelas o  carreteras  porque esa en una obligación del estado de Honduras,  no  hay pretexto para privatizar los bienes comunes tan importantes como el agua sin tener en cuenta el impacto social, económico,  cultural y  espiritual que causa este tipo de proyectos  hidroeléctricos que privatizan no solo el río sino  que todas las fuentes de agua alrededor y también privatizan el territorio  y causan graves amenazas y violaciones a los  derechos humanos individuales  y colectivos. Quiero aprovechar para denunciar que Desa está ya entrando a otras comunidades indígenas rio arriba que pertenecen a San Francisco de Opalaca y está intentando apoderarse del río Winse que es un  importante  afluente del rio Gualcarque.

A.M. — Berta, podemos decir entonces que en Honduras después del golpe de Estado, se  ha puesto manos a la obra a todos los grandes proyectos que involucran las transnacionales para el saqueo del territorio?

B.C. - Claro, claro que si porque después del golpe de Estado las transnacionales y las empresas tienen mayor impunidad para operar violando los derechos humanos individuales y colectivos y tienen un mayor poder para imponerse ante el servilismo y la complicidad  de los políticos, de los funcionarios públicos y  de las instituciones del Estado ya que en Honduras después del golpe  se han entregado a estas empresas  casi todos los ríos de este país, no solo para la generación de energía sino también para la   privatización del mismo servicio energético  que debería ser público. Además de eso se está impulsando también  la privatización del río Talgua para la explotación minera. En este país  hay muchas empresa transnacionales, canadiense,  italianas, británicas, estadounidenses, australianas y  de otros lados que van a entrar  con toda fuerza por la aprobación de  la inconstitucional Ley de Minería que privilegia el uso del agua a las transnacionales y no para  los seres humanos. Por  ultimo quiero decir que Sinohydro es parte de las transnacionales estatales chinas que entrarán a construir con los grandes capitales gringos y  europeos   los megaproyectos de las Regiones Especiales de  Desarrollo más conocidos  como ciudades modelo.

A.M. – Entonces, aunque en América latina en algunos  sectores de izquierda exista una cierta forma de complacencia hacia las inversiones chinas en la región, el Copinh sin embargo lleva adelante una lucha frontal contra cualquier forma de capitalismo, sea chino que gringo…

B.C. - Nosotros como Copinh hemos siempre sido críticos en eso,  ya que la destrucción de la vida, llámese como se llama el país sea  China, sea Rusia, sea  Estados Unidos o Europa que  destruye y agrede la vida de los pueblos,  para nosotros es inaceptable y además es condenable.  Aquí está entrando todo,  aquí no hay diferencia entre explotadores, aquí hay una  lógica de extractivismo,  de privatización,  de querer acabar con la forma de vida de  los pueblos especialmente de los pueblos indígenas. Creemos que  no puede  llamarse desarrollo, colaboración o cooperación un proyecto destructor  que va en contra de los  derechos de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza. Nosotros estamos claros y claras que  igualmente está destruyendo la transnacional  Voith de Alemania,  que también está involucrada en esto,  como Eterna, que es una empresa hondureña  involucrada también en el proyecto Agua Zarca y que ha participado también  en la construcción de las bases militares yankees aquí en Honduras; participan en la misma forma   a esa  destrucción tanto la  estatal china Sinohydro cuanto  por supuesto la empresa Desa que tiene que ver con   el poder financiero aquí en Honduras como Ficosah, Camilo Atala,  Freddy Nasser, involucrados también en el golpe de Estado. Así que nosotros no vemos diferencia, venga de donde venga la destrucción. Por eso llamamos a la solidaridad, sabemos  que  Sinohydro ya tiene antecedentes en la destrucción de los derechos de los pueblos indígenas,  por ejemplo en Ecuador,  en África y en Asia. Esa es una lucha bastante fuerte,  peligrosa porque se está incrementando la represión pero también es una lucha digna que representa esta herencia que tenemos de pueblo rebelde

A.M. — Hemos hablado de militarización del territorio.  ¿Cómo se ve afectada la vida  cotidiana de ustedes en ese contexto y cuáles son los mayores  factores de riesgo respeto al compromiso de ustedes en la  defensa de mismo?

B.C. - Yo quisiera con eso mencionar que Honduras siempre ha sido un país históricamente  ocupado por varios ejércitos, sea  para agredir el pueblo hondureño que  para amenazar la lucha de otros pueblos hermanos en el continente y eso es precisamente lo que pasa actualmente. Se ha incrementado a seis bases militares la presencia gringa  sobretodo donde hay grandes  riquezas y biodiversidad como por ejemplo en La Mosquitia donde han impulsado  una gran base  militar  y en la  plataforma marítima, en las costas hondureñas. Esta es una grande amenaza no solo para Venezuela, Cuba, sino para todo el Gran Caribe y el resto de Latinoamérica  donde está avanzando  la lucha emancipadora de los pueblos. Esa militarización se expresa también en el fortalecimiento del ejército, al que  se le han  dado poderes inconstitucionales porque los militares hacen  actividades que le corresponderían a la policía come es el caso de mi detención y  la policía al mismo tiempo se ha militarizado también.  Recuerden que Honduras es el país con  mayores índices de violencia y de asesinatos en relación a la población,  vivimos en un país  altamente lleno de impunidad, de vulnerabilidad  para los luchadores y las luchadoras sociales, en un país donde se ha legalizado la criminalización de las  luchas y de los movimientos sociales y eso es algo muy,  muy delicado para nosotros,  como también se han aprobado leyes peligrosas como la Ley de Escuchas Telefónicas y la Ley  Especial de  Intervención sobre las Comunicaciones Privadas, la Ley de Inteligencia  que tiene un capítulo para las organizaciones como el Copinh que luchan en defensa de los territorios.  Nosotros hemos recibido por lo menos tres amenazas de muerte,  el sábado precisamente hemos recibido  información de un plan para asesinarnos, no solo a mi sino qua a otros compañeros que han estado cerca a  la lucha del Rio Blanco,  como también a los grandes líderes  comunitarios del Rio Blanco, también se nos ha perseguido con vehículos varias veces, con  hombres armados vestidos de civil, con fusiles, hay un hostigamiento y un control permanente, nos persiguen  cuando nos desplazamos hacia  la capital y de la misma hacia Rio Blanco, o sea en concreto eso es lo que nos toca vivir a diario. Uno sabe cuando sale de su casa  pero no sabe cuándo va a regresar y en eso también hay que decir que  hay una  complicidad en las instituciones porque la policía y  el ejército saben lo que pasa. El  otro fenómeno que se está dando en Honduras es la gran industria de las  agencias privadas de seguridad, en las que operan mas de  cien mil elementos o sea su  número  sobrepasa totalmente el del   ejército y  la policía juntos y no olvidemos  el sicariato, sabemos que Desa y esto lo denuncio con  mucha responsabilidad ha impulsado el odio hacia el Copinh,  y eso implica  también, con la oferta de dinero,  poner eso  al servicio del sicariato.

P.S.

El pasado 15 de julio, durante una manifestación en la zona de Achotal, Rio Blanco, en el departamento de Intibucá, según cuanto denunciado por el Copinh, miembros del ejército han disparado contra los manifestantes, alrededor de 300 personas, provocando  la muerte de un leader de la comunidad indígena lenca, Tomas García  y  graves heridas a su hijo de apenas 17 años, Allan  García Domínguez.

La prensa hondureña ha ignorado la noticia  y cuando se ha ocupado del caso lo ha hecho exclusivamente sobre la base del comunicado de la empresa Desa,  que informa que el hecho  ha ocurrido luego de la «invasión violenta a la propiedad privada por parte de miembros del Copinh», quienes habrían puesto en riesgo la incolumidad de los trabajadores de la empresa y el personal extranjero que participa al proyecto además de haber destruido  bienes, vehículos e instalaciones de la  compañía.

El 19 de julio la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una nota de prensa con la cual condena duramente el accionar del ejército, especificando sin embargo que «presumiblemente» se puede hablar de responsabilidades del mismo, por lo menos hasta cuando no se hayan llevado a cabo investigaciones s respecto a los acontecimientos. La CIDH invita de toda forma las autoridades a investigar sobre cuanto ocurrido y a «garantizar» la integridad física y la seguridad de los lideres y de  los miembros del pueblo lenca quienes «están protestando en contra de la ejecución de proyectos en su territorio ancestral». La Comisión además reitera que la «las manifestaciones y protestas son una expresión del derecho de asociación y la libertad de expresión, derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esenciales para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática».