Hoy, en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Torturas, proclamado por las Naciones Unidas en 1997, visitamos  la ex cárcel de La 40, un lugar símbolo, tristemente noto, de la dictadura de Trujillo.

Por La 40, su patio, su sótano y sus celdas,  pasaron decenas y decenas de activistas y militantes políticos y la mayoría de los integrantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que a finales  de los años ‘50 desempeñaba una fuerte oposición al régimen de Trujillo.

Emblemática la fotografía del ex sargento de la Marina de Guerra, José Messón, expedicionario de Maimón, amarrado en la silla eléctrica en una sesión de torturas.

Convertida en iglesia por el gobierno de Joaquín Balaguer, quien destruyó gran parte de su construcción originaria, hoy acoge el Centro parroquial San Pablo Apóstol y una escuela pública que lleva el mismo nombre.

Se dice que fue  el padre Arias, sacerdote del sector Cristo Rey,  quien al parecer a su vez fue torturado en la cárcel,  quien decidió convertir ese lugar de dolor en un lugar de culto.

Hoy nada de lo que se ve habla de lo que ocurrió entre esas paredes. Transformar la cárcel en una iglesia y en una escuela ha querido significar de alguna manera borrar las atrocidades ocurridas y borrar la memoria histórica de los hechos de los corazones de los vecindarios del popular barrio de Cristo Rey y de todos los dominicanos.

Una mísera columna, que alguna vez llevó una placa conmemorativa,  se erige triste y anónima al centro del patrio rodeado de lo que queda de las antiguas murallas de la cárcel.

Se dice que el sótano todavía quedan las manchas de sangre impresas en las paredes… ¿Serán capaces las próximas generaciones de reconocer  la historia de lo que era la cárcel de La 40 detrás del vestido nuevo que hoy lleva puesto?

UN DÍA EN LA 40

Por Fabricio Collado-Hoy.com.do

15 Junio 2007

Dedicado a aquellos que proclaman “aquí hace falta un Trujillo”.

Aunque los hechos verídicos relatados en este artículo no tuvieron lugar durante un solo día, tómenlo como lo que les podría suceder durante “un día en la 40″. Lo escribo inspirado en el libro1J4, de Espigas y de fuegos. Aportes para la memoria necesaria: Testimonios de un militante”, de la autoría de don Leandro Guzmán, reconocido por su martirologio, firmeza, seriedad y su dilatada experiencia como dirigente político y secretario general del inigualable e insuperado movimiento revolucionario-progresista, 14 de Junio (1J4).

Don Leandro nos narra que “a las dos de la madrugada del 17 de enero de 1960 se presentaron” a su casa tres carros Volkswagen con agentes del SIM (Servicio de Inteligencia Militar) en su interior. De inmediato se dirigieron a la puerta frontal de su hogar, abierta por el propio Leandro Guzmán: fue brutalmente asido, empujado por las escaleras del apartamento e ingresado al vehículo con violencia bestial, para luego dirigirse a la “famosa” cárcel de torturas de La 40. Es durante ese fatídico 17 de enero que inicia un largo vía crucis de sufrimientos físicos, tormentos sicológicos y del alma.

Al llegar a La 40 (que debe su nombre a la calle denominada La 40 de la capital de ese entonces, en la que estaba ubicado dicho centro de torturas), fue desnudado y “empujado a una escena dantesca” en la celda que compartían, “desnudos y bárbaramente golpeados que parecían monstruos, casi todos” sus compañeros del movimiento antitrujillista de resistencia interna 14 de Junio, dice el autor.

De inmediato su itinerario de torturas se inicia con la aplicación del “bastón eléctrico por todo el cuerpo pero, en particular, en los genitales”. A continuación, como máxima medida de ablandamiento para el interrogatorio, fue sentado en la silla eléctrica, “forrada con placas de cobre, excelente conducto de corriente”, explica don Leandro, en la que los “asillados” recibían corrientes eléctricas gradualmente aumentadas, hasta llegar a vencer su resistencia.

Como castigos complementarios estaban los azotes con la verga o “güebo” de toro, que eran tan brutales que en una ocasión, narra Leandro Guzmán, “nos vimos forzados a recoger nuestros propios excrementos expulsados incontinentemente durante el suplicio”.

Además de las inhumanas e increíbles torturas físicas, también estaba el sufrimiento psicológico, como cuando Leandro fue obligado a presenciar un “ajusticiamiento revolucionario”, al decir del torturador Candito Torres, cuando el extender la “invitación”. Ya en el sitio del “ajusticiamiento” el cruel jefe del SIM, Johnny Abbes García, procedía a un “interrogatorio”, durante el cual confrontó al prisionero y a un periodista al cual el primero dijo que el ahora prisionero le había encomendado “la tarea de averiguar con cuántos efectivos contaba la fortaleza de San Luis de Santiago”. Llegó el momento cuando el celebérrimo Johnny Abbes retó al periodista y le dijo: “Como éste te quería joderte a tí, te toca a ti joderlo a él…”.

Y así sucedió: lentamente fue apretando el tortol o “torniquete asfixiante” (que consistía en “un pedazo de madera que aprisionaba el cuello del detenido”), y al prisionero le “saltaban sus ojos en los que las cuencas acentuaban la claridad del iris; parecía que se saldrían de sus órbitas. El periodista apretaba y apretaba más el “tortol”, al conjuro de las exhortaciones perversas de los torturadores...”. Luego, el Ing. Guzmán “fue obligado a recoger el cadáver de (Eugenio) Perdomo para llevarlo al baúl de un carro”, que, además, era propiedad de un conspirador antitrujillista que había sido fusilado en La 40.

En otra ocasión, el señor Leandro Guzmán fue obligado a ponerse la ropa y consumir la cena de Angel Russo, quien había sido asesinado esa misma noche.

Igual le sucedió a Pipe Faxas Castro, quien contó que “a las 10 de la mañana, habían ahorcado en su presencia, sentado y atado a la “silla eléctrica”, al doctor Manuel Tejada Florentino”.

Otro cruento episodio es el de los “Panfletistas de Santiago” (entre ellos dos adolescentes), que, al regresar de firmar “una carta en la que daban las gracias a Trujillo por haberles concedido la libertad…comenzaron a ser llamados por sus nombres…pasados por la silla eléctrica donde les aplicaron corriente hasta la muerte…” y los cuerpos echados al camión del Matadero Industrial para trasladarlos a una incineradora de basura.

También había animales de cuatro patas torturadores. Es el caso de Diana “una perra pastor alemán, adulta y entrenada por él (capitán Minervino), con la que recorría la cárcel”, que “gustaba”, sobretodo, de morder los genitales de los prisioneros en cada ocasión que le azuzaba su dueño, el capitán Minervino.

Los relatos de las experiencias vividas por el autor estremecen al más duro de los corazones, y constituyen una fuente fidedigna de información a las generaciones actuales y futuras y a los que piensen o digan que “en el país se necesita a un Trujillo”, para conjurar la corrupción, la delincuencia y demás problemas sociales (que existían durante el trujillismo) y que ahora no son más que el resultado de los riesgos de la democracia, régimen que encara al humano con la responsabilidad de vivir en libertad.

Quiero terminar este artículo con un elocuente párrafo en el que Leandro Guzmán R., define su estadía en la 40. “Estar en la 40 equivalía vivir dentro de la propia muerte. Raros eran los días en que allí no se mataba, se mutilaba o se pervertía a alguien.

Dr. Manuel Maria Mercedes presidente CNDH y Berkania Garcia Reyes directora ejecutiva de la misma organización

Dr. Manuel Maria Mercedes presidente CNDH, Berkania Garcia directora ejecutiva y Annalisa Melandri

Palais National, Champ de Mars, Puerto Príncipe, Haití.

Sr. Jean Renel Sanon, Ministro de Justicia y Seguridad Pública

jeanrenelsanonyahoocom/ secretariatmjspyahoocom/ jrsanonmjspgouvht  (jrsanonmjspgouvht)  

Sr. Godson Orélus, Director General de la Policía Nacional de Haití (PNH)

e-mail: godore68hotmailcom  (godore68hotmailcom)  

Sr. Duly Brutus, Ministro de Asuntos Exteriores y Cultos

Sra. Marie Carmelle Rose Anne Auguste, Ministra Adjunta al Primer Ministro, encargada de los derechos humanos y la lucha contra la extrema pobreza

e-mail: auguste_lodyyahoocom  (auguste_lodyyahoocom)   

Sr. Kerson Darius Charles, Comisario interino del Gobierno en el Tribunal de Puerto Príncipe e-mail: parquetpapyahoofr  (parquetpapyahoofr)  

Excmo. Sr. Pierre André Dunbar, Embajador, Misión Permanente de la República de Haití ante las Naciones Unidas en Ginebra. e-mail: mphonugenevediplomatieht  (mphonugenevediplomatieht)  

Embajada de la República de Haití en Bruselas, Bélgica

e-mail: ambassadeamb-haitibe  (ambassadeamb-haitibe)  

Excmo. Sr. Fritz N. Cineas, Embajador de la Republica de Haiti en Santo Domingo

e-mail ambsaintdominguediplomatieht  (ambsaintdominguediplomatieht)  

Asunto: Condena amenazas de muerte hacia Pierre Esperance, secretario general FIDH y director ejecutivo de la RNNDH en Haití.

Estimados señores:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organización no gubernamental por la defensa y la promoción de los derechos humanos con sede en  Santo Domingo (República Dominicana) ha recibido información de las  graves amenazas de muerte en contra del colega y amigo Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, (FIDH).

Valoramos como extraordinario el trabajo desarrollado por nuestro compañero Pierre y la RNDDH en la hermana República de Haití por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo haitiano y en contra de la impunidad y corrupción que amenazan el restablecimiento de un verdadero Estado de derecho en ese país.

Condenamos con firmeza las graves amenazas de muerte recibidas por Pierre Esperance a tan solo dos meses del asesinato de Daniel Dorsinvil, miembro fundador del Grupo Alternativo de Justicia (GAJ) y coordinador general de la Plataforma de las Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), y de su esposa Girldy Larèche, el pasado 8 de febrero de 2014.

Valoramos que estos hechos representan un retroceso en el camino hacia la democracia que está llevando adelante el actual gobierno. Amenazas y homicidios políticos y de defensores de derechos humanos ya debería representar, en lo que va dl siglo XXI,  un triste  recuerdo de tiempos pasados.

Exigimos a las autoridades a las que esta carta es dirigida lo siguiente:

• Garantizar la integridad física y psicológica de Pierre Espérance en todo momento, así como la de los miembros de la RNDDH y de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos de Haití;
• Llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, imparcial y transparente que permita identificar a todos los responsables de estos hechos y sancionarlos de acuerdo a la ley;
• Poner fin a toda forma de acoso dirigido a los defensores y defensoras de los derechos humanos en Haití, de modo que puedan llevar a cabo sus actividades de defensa de los derechos humanos libremente y sin obstáculos;
• Cumplir con las disposiciones de la Declaración sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, y más concretamente en lo que respecta a: el artículo 1 que establece que ”toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”; y el artículo 12.2 que estipula que ”El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;
• De forma general, cumplir con lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los instrumentos regionales e internacionales ratificados por Haití en materia de derechos humanos.

Esperando que nuestra petición sea acogida por ustedes,

Atentamente, 

Dr. Manuel Maria Mercedes Medina                    

Presidente Nacional

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República Dominicana — Semana Internacional del Detenido Desaparecido

La desaparición forzada es un  crimen de Estado y es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

La primera convención internacional sobre las desapariciones forzadas es la Convención  Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, mientras en  2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención de las Naciones Unidas, vigente desde el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación, reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

Lamentablemente el Estado dominicano no ha firmado y ratificado ninguna de las dos convenciones.

En nuestro país la desaparición forzada, aunque no haya registrado tantos casos como por ejemplo en otros países de América latina y Caribe cuales por ejemplo México y Colombia, se ha configurado en años anteriores como un instrumento de represión política  por la eliminación física de militantes y de opositores tanto del régimen dictatorial de Leónidas Trujillo, cuanto del gobierno autoritario y represivo de Joaquín Balaguer, con la falsa transición a la “democracia”.  En ambos casos  los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

Sucesivamente, ya en “democracia”, algunos organismos de seguridad del Estado  han seguido con esa práctica: por la mayoría han sido casos de jóvenes y activistas sociales desaparecidos en un  contexto sumamente grave de violencia policial por parte de la Policía Nacional, institución fundada por  Trujillo en el año 1936.

Recordamos entre todos, los casos del periodista y abogado Guido Gil desaparecido en 1967 y del líder popular Henry Segarra, desaparecido en 1969. Más recientemente el de Narciso González “Narcisazo” desaparecido en 1994 (el Estado  ha sido condenado por este caso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2012),  el del joven dominico-haitiano Gabriel Sandy Alistar desaparecido en 2004,  el de   Juan Almonte, militante y defensor de derechos humanos desaparecido en 2009, el controvertido  caso de Alfonso Santana en  2012 y el ultimo de Randy Vizcaíno, desaparecido desde el mes de diciembre de 2013.  Por todos hay evidencias que se trate de desapariciones forzadas.

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos asumido plenamente en los últimos años la tarea de defender y apoyar los familiares de las victimas de desapariciones forzadas en el largo camino que implica un proceso de esta naturaleza. Con el fin de dar una respuesta unitaria a la tragedia que cada una de ella vive, hemos impulsado la formación, el pasado mes de febrero, de un Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas.

Actividades realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en el marco de la semana internacional del Detenido Desaparecido:

Sábado 24 de mayo:  

En el vigésimo aniversario de la desaparición forzada de Narciso González “Narcisazo” el Espacio Cultural y Deportivo Narciso González y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) realizan  el Conversatorio sobre la vida y la obra de Narciso González. Participa la esposa de Narciso González y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales  y Desapariciones Forzadas.

Lunes 26 de mayo:

Actividades diferentes en recuerdo del vigésimo aniversario de la desaparición el 26 de mayo de 1994 del activista, poeta, catedrático y periodista Narciso González “Narcisazo”. Entrega de nota de prensa “¡Narciso González: 20 años de impunidad!” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).

Sábado 31 de mayo:

Reunión del Comité de Familiares de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  con objetivo la organización de las próximas actividades del Comité y dar seguimiento a los casos a nivel jurídico en los tribunales del país. Organización de la campaña para presionar el Estado en la firma y ratificación de las dos convenciones internacionales sobre desapariciones forzadas. Discusión sobre la participación del Comité en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

Lanzamiento del informe sobre los casos más recientes de desapariciones forzadas, informe que abrirá una campaña a nivel nacional en el país para concientizar e informar la población sobre la temática: se prevén notas de prensa, artículos en los medios locales y abertura de página web sobre los casos de los desaparecidos.

Han transcurrido 20 años desde la desaparición de Narciso Gonzales, “Narcizaso” como era conocido por los amigos, por los compañeros, por los jóvenes y por todo el pueblo dominicano.

Desaparición que a pesar de la negación, de las mentiras, del intento de hacerlo pasar como un suicidio, de la sustracción de actas y documentos y de la impunidad que reina soberana sobre el caso, ha sido declarada como una desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos en la sentencia que condena internacionalmente y definitivamente el Estado dominicano por este hecho y que ha sido emitida el 27 de febrero de 2012.

Una sentencia dura que arde en la piel de todo un pueblo que ha perdido de forma tan cobarde uno de sus hijos más queridos y más valientes.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un Estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y aberrantes, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

La desaparición forzada es uno de los crímenes de Estado más cobarde y vulgar ya que asegura de por sí la impunidad: no hay un verdugo porque no hay un cuerpo y por lo tanto no hay una víctima.

Hoy, a veinte años de aquel 26 de mayo de 1994,  exigimos al Estado dominicano que cumpla con cuanto pedido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del 27 de febrero de 2012 y en  particular modo que continúe a “realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González Medina”, pero también que se “realice  un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos” y que se devuelva la memoria y el espacio cultural propio de Narcizaso al pueblo dominicano, que es el lugar que le corresponde.

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Por: Comisión nacional de los Derechos Humanos 

Recordamos con mucho dolor, en el Día de la Madre, a todas las madres que han perdido su vida en el momento de dar la vida.

Todavía son altos y muy preocupantes los índices de mortalidad materna en nuestro país, que es definido por los organismos económicos y financieros internacionales como un país de ingreso mediano-alto. Según el Observatorio de Ejercicio Ciudadano de las Mujeres, que toma en cuenta datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiologia y del Ministerio de Salud Publica en el año 2012, las muertes maternas fueron 175, de las que el 65,71% ocurridas entre mujeres de 13 y 29 años. El Informe 2012 del Centro de Estudios de Genero del Instituto Tecnológico de Santo Domingo considera el dato (159 por 100,000 nv) como “uno de los más altos de la región después de Haití, Guyana y Paraguay”, mientras que el Observatorio Político Dominicano releva que de las muertes maternas del año 2011, por lo menos el 44% eran evitables.

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2013

A pesar de haberse iniciado con muchas esperanzas, encarnadas en la figura prometedora del actual Presidente de la República Licdo. Danilo Medina, el 2013 ha sido caracterizado por muchas decepciones para la ciudadanía.

El suministro de los servicios básicos como  agua,  energía eléctrica y transporte se han deteriorado, al tiempo que el costo de la vida ha alcanzado niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se han dado  apresamientos y asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para sus comunidades. La delincuencia ha sobrepasado  los límites imaginables, la corrupción ha continuado  galopando por sus fueros y finalmente la sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional ha coronado  a la República Dominicana como país campeón en la violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un nacionalismo exacerbado  que ha llegado al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

LA SENTENCIA DEL ODIO

La sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades más grades que se hayan cometido en los últimos tiempos, no solo en el continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que causará a la integridad y a la dignidad personal y al desarrollo social y humano de los afectados son incalculables.

La sentencia del Tribunal Constitucional no solo viola la actual Constitución en su artículo 18, numeral 2, el cual  indica que son dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, desconociendo  la vigencia del ius soli (derecho de suelo) vigente desde 1929 hasta las 10:00 de la mañana de 2010, sino que es aberrante por aplicarse a tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana.

Esto, sin mencionar los acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con la Constitución de 2010,  tienen rango constitucional en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.

A todo esto se suma la defensa asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina a dicha sentencia, así como la que le han manifestado  los principales sectores de poder del país,  lejos de tratar  de buscar una salida humana a la situación creada.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estuvo en el país verificando los efectos de la sentencia, en donde se  afirma  que “La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”, dejan muy mal parada a la República Dominicana y la exponen a sanciones y aislamiento internacional.

En el mismo tiempo el gobierno  ha continuado con las deportaciones  forzadas e ilegales, aunque lo haya  negado, a la vez que en la zona fronteriza se han presentado acciones contra nacionales haitianos que han estado a punto de transformarse en  actos de linchamientos y violencia generalizada.

La sentencia ha creado un ambiente turbio de falso nacionalismo, en que sectores extremistas y de derecha han llegado a enarbolar consignas como la rotura de las relaciones con Haití y la construcción de un muro que separe ambos países, así como el pedido de muerte contra quienes se oponen a la sentencia, como en el caso de los reconocidos periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

La justicia dominicana ha mostrado  una actitud de complicidad hacia ex funcionarios públicos, incluyendo al ex presidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de corrupción.

Esa actitud cómplice es el resultado de la conformación de un sistema judicial que ha sido creado a imagen y semejanza del ex mandatario y cuyos jueces no muestran ningún prurito moral a la hora de plegarse a sus dictámenes.

A la fecha, el presidente Danilo Medina ha rehusado referirse al tema de la corrupción, sonando con fuerza todavía su llamado a no tirar piedras hacia atrás, lo que ha sido interpretado como la aplicación de una política de borrón y cuenta nueva y  que en  práctica se traduce en complicidad  con sus compañeros de partido señalados como corruptos y con el ex presidente Fernández, responsable del mayor déficit fiscal conocido en la historia del país.

La impunidad o la ausencia de consecuencias jurídicas sobre los actos de corrupción, permean toda la sociedad, hasta el punto de que la República Dominicana es  considerada uno de los tres países más corruptos del mundo.

SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

En el  año 2013 la República Dominicana ha mantenido  de forma sostenida el endeudamiento externo, lo que ha obligado  a que un altísimo porcentaje del presupuesto del año próximo deba ser destinado al pago de intereses de la deuda. A esto se le suma un déficit fiscal en el orden del 3% del Producto Interno Bruto, lo que a su vez contribuye con el aumento de la deuda pública.

Durante el año 2013 se ha observado  un incremento permanente de los precios de los productos de primera necesidad, así como de los precios de los  servicios básicos, lo que se ha reflejado  en la disminución del poder adquisitivo  de la gente, es decir, en una  disminución del ingreso.

En  este año que termina el país se ha llevado la triste gloria de ser considerado como el tercero por iniquidad social  en América, siendo notoria en ese sentido la amplia brecha que separa a ricos y pobres.

Hace parte de ese panorama  el déficit habitacional existente en el país y la lentitud en la búsqueda de soluciones a problemas angustiantes, como el caso  de los residentes del  sector La Barquita, en el municipio Santo Domingo Este y el caso de los afectados por la crecida del Lago Enriquillo, en la provincia Independencia, al oeste del país.

En República Dominicana cerca del 65% de quienes tienen vivienda no posee títulos de propiedad del suelo, por lo que son frecuentes los desalojos forzosos, práctica considerada violatoria de los derechos humanos por todos los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.

De hecho se ha continuado  con la práctica de los desalojos ilegales contra decenas de familias que ocupaban terrenos del Estado. Estos desalojos en la mayoría de los casos se han hecho  sin observación de la Ley y con el objetivo de favorecer a personas y/o empresas particulares.

Asimismo, se ha observado  una paralización en la tasa de desempleo, que se sitúa por encima del 12 %, indicador de que el año estuvo marcado por el estancamiento laboral, mientras las centrales sindicales han denunciado  en múltiples ocasiones violaciones sistemáticas al derecho a la sindicalización, sobre todo por parte de empresas de capitales nacionales vinculadas a transnacionales, como ocurrido por ejemplo con la Frito Lay Dominicana (PepsiCO) que en menos de un año, según denuncias recibidas, ha  desahuciado y despedido a más de 100 trabajadores, todos afiliados al Sindicato, con el sólo propósito de evitar que el SINTRALAYDO alcance el 50 por ciento más uno de trabajadores afiliados, como previsto por la legislación laboral dominicana para obligar a la empresa a sentarse a una mesa de negociación colectiva, con Bepensa dominicana, empresa nacional embotelladora de la Coca Cola Company y la industria  San Miguel del Caribe SA (Kola Real).

Con referencia al tema del trabajo,  cabe señalar que sectores empresariales están abogando por una reforma del Código Laboral que es considerada por las centrales sindicales como regresiva con respecto a las condiciones laborales y a los derechos adquiridos por los trabajadores en los últimos años. En forma específica pretende aumentar el horario a 12 horas diarias de trabajo por cuatro días semanales y cancelar la cesantía. No obstante el Ejecutivo haya nombrado la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, los miembros que la componen son prevalentemente representantes del sector empresarial y es prácticamente inexistente  la representación obrera.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Después de una década de espera, (la ley que prevé esta figura había sido votada hace 12 años)  por fin el Ejecutivo ha  nombrado el defensor del pueblo en nuestro país, quien deberá vigilar por las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de los ciudadanos y ciudadanas de la República  Dominicana. Sin embargo la elección de Zoila Martínez, lejos de representar un avance hacia la realización de un efectivo Estado de derecho, ha representado un momento de grave retroceso en ese sentido, ya que ha sido viciada por irregularidades en el proceso de selección, lo que ha motivado la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hemos en reiteradas ocasiones denunciado que su elección ha sido el resultado de una “acuerdo de aposento que se constituye en estocada mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones”.

SALUD Y EDUCACIÓN

Los indicadores han revelado  que la salud dominicana va por mal camino. Oficialmente se han registrado 96 muertes por causa del dengue y 38 por cólera, pero según ha denunciado el Colegio Médico Dominicano hay un sub registro y las muertes por dengue sobrepasarían las 130 y cerca de 50 las  por cólera.

El desmonte   de la cuota de recuperación ha beneficiado en lo económico a los usuarios de los servicios de salud de la red pública de hospitales, pero según afirman los directores de los centros sanitarios, esa medida  está provocando la caída del  sistema  en picada, pues el Ministerio de Salud no ha asumido totalmente la responsabilidad de ese costo, al punto que algunos hospitales han sufrido situaciones de carencias de materiales de primera necesidad.

Igualmente, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ha observado un deterioro constante. Ejemplo es que el seguro del Estado, el Seguro Nacional de Salud se encuentra enfrascado en una discusión con los centros especializados de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, cuyos directores acusan al Senasa de pretender llevarlos a una situación de insostenibilidad económica, mientras le niega servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado.

A su vez Senasa acusa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de cuidar más los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Salud y las clínicas privadas que la de los afiliados. Como respuesta, la Sisalril acusa a la dirección de Senasa de rehusarse a permitir que se fiscalice y se regule, lo que pone sobre el tapete una evidente situación de corrupción que está haciendo colapsar el sistema.

Eso en la práctica significa una severa limitación al acceso a la medicina especializada a millones de pacientes que de otra forma no pueden atender a los servicios médicos privados con violación de su derecho a gozar de un servicio sanitario público  de  calidad.

En el aspecto educativo, es alentador el llamado y los trabajos que se están realizando  con miras a la firma del Pacto Educativo, así como la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización, que ya lleva un año.

Sin embargo asociaciones de la sociedad civil llaman la atención respecto a un contexto de ilegalidad en que se estaría llevando a cabo el pacto Educativo, que no cuenta todavía, como establecido por la Constitución y la Ley 1–12, que  crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ordena que el referido pacto sea realizado en el seno del Consejo Económico y Social que debió ser creado por ley y aún no se ha hecho.

A pesar de que este año 2013 el Ministerio de Educación cuenta con el 4% del Producto Interno Bruto establecido por el  presupuesto, cerca de RD$100 mil millones, lo cierto es que no se han visto avances tangibles en el sistema educativo pre-universitario y sobre todo en las áreas rurales y aisladas del país la situación respecto al acceso a la educación pública sigue siendo muy preocupante, situándonos a los últimos niveles respecto a otros países se de la región.

La mayor parte del presupuesto ha sido destinada para la construcción de aulas, y aunque el gobierno no alcanzará la meta de las 10 mil que se había propuesto para este año, continúa con la misma política de los años pasados, carente de planificación y estrategia hacia el objetivo  de  garantizar una educación pública, gratuita y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas.

SEGURIDAD CIUDADANA

En el año 2013 la ciudadanía ha vivido  al filo de la inseguridad. Ha sido un año marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza colectiva. Los asaltos y asesinatos han tocado  a todos los sectores y capas sociales, desde simples ciudadanos hasta militares de alto rango, lo que es ejemplo evidente del fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Se estima que cerca de un 70% de la población no se siente segura, pues si bien es cierto que le teme a la delincuencia común, mucho más miedo le tienen a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público.

Ante los hechos criminales, el Gobierno responde, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con una política de mano dura, olvidándose de las raíces del problema, como  el desempleo y los bajos salarios, entre ellos los de los militares y policías.

El Plan Nacional de Seguridad implementado por el Ejecutivo para resolver el problema de la seguridad ciudadana, se ha elaborado sin consultar las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y se enfoca solamente en la represión del crimen sin tener en cuenta de las causas estructurales de la delincuencia. Su medida más evidente en ese sentido es el patrullaje conjunto de las calles efectuado por militares y policías y la masiva presencia de chequeos militares en las autopistas, llamando la atención sobre una excesiva militarización del territorio.

Este año ha sido motivo de preocupación, además, por el auge e incremento del narcotráfico, como expresado también por un reciente informe de la Agencia federal antidroga de Estados Unidos DEA, sobre todo por el hecho de que alto personal y altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ejército, la Policía y la Armada se han visto involucrados en el tráfico de estupefacientes.

En el aspecto de la seguridad ciudadana, se ha observado  un deterioro paulatino del sistema penitenciario dominicano, llegando a verse, incluso, una evidente pérdida del control en algunos centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que ha sido prácticamente abandonado por las autoridades y que en su momento inicial había sido valorado como ejemplo a seguir por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y por la Unión Europea.

VIOLENCIA Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Este año la violencia ha arrancado la vida a más de 1,500 personas, entre ellas un estimado, sin confirmar aún, de 270 a manos de la Policía Nacional, en los ya famosos “intercambios de disparos”. En la próxima semana, luego de terminar de cotejar informaciones al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  revelará la cantidad exacta y brindará detalles de cada una de estas muertes. También cuentan entre los caídos a causa de la violencia, unos 55 policías y militares, algunos de ellos en situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado.

Aunque valoramos positivamente el proyecto  de Ley Orgánica de la Policía en el marco de la Reforma Policial, incluida en el Plan Nacional de Seguridad Social, que el Presidente de la República Dominicana ha presentado ante el  Congreso, cabe destacar que este  proyecto, sin embargo, no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, con respeto a las   violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.

Respeto a la violencia de género, destacamos  que la República Dominicana continúa  siendo uno de los principales países del continente con la tasa más alta de feminicidios en la región por cada 100.000 habitantes, según la CEPAL, el tercer de América. Hasta el mes  de noviembre se habían registrado unos 65 casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, tanto que el coordinador de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis ha llamado la atención al gobierno sobre este tema, instándolo a  asumirse la responsabilidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El 2013 podemos considerarlo como uno de los años más nefastos para la libertad de expresión en nuestro país, tanto que diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han visto en la obligación de llevar a cabo una campaña bajo el lema “Viva la Libertad de Expresión” que tiene el objetivo de “visibilizar, sensibilizar y concienciar al pueblo dominicano sobre la necesidad de desarrollar mecanismos de apoyo moral y físico a quienes se les violenten por expresarse libremente, mediante procesos de acción social, política y ciudadana”.

En los últimos meses se han efectivamente incrementado las acciones de amenazas, hostigamiento, persecución y espionaje a los periodistas y camarógrafos en ejercicio de su profesión por parte de políticos y funcionarios públicos corruptos.

Son ya 12 los periodistas sometidos a la justicia y alrededor de 40 los camarógrafos agredidos en lo que va de este año.

SITUACIÓN AMBIENTAL

Respecto a la situación ambiental en nuestro país podemos decir que sigue siendo grave y el futuro de nuestros recursos naturales está en grave riesgo.

Más de 300 concesiones mineras y 400 en espera de autorización nos dan en alguna manera una idea  del rumbo que se le ha impuesto al país en términos de políticas mineras y del modelo de explotación de los  recursos naturales que responden  a los intereses  de algunos grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Además la mayoría de las concesiones mineras se sitúan en las áreas de reservas acuíferas de mayor importancia para nuestro país con el riesgo de contaminación de las mismas que eso conlleva.

Una expresión de esa política minera irresponsable es lo que acontece con las pretensiones sobre Loma Miranda de parte de la minera Xstrata Nickel Falcondo, que representa un recurso natural para nuestro país insustituible. La academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro de la Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS) en su informe Loma Miranda: la huella ecológica y social de la minería (2012) expresa lo siguiente: “Hay cosas tan valiosas que nunca deben negociarse, que no se deben vender ni mucho menos alquilar (concesionarse).Loma Miranda es uno de esos ejemplos insuperables e insustituibles, que no solo  representa el segundo asiento de la vida más valioso de La Española, sino, una inmensa mina de agua y que por algunos de los caprichos de nuestra madre naturaleza, sorprendentemente curiosos y maravillosamente misteriosos, está encima de un gran depósito de níquel. Loma Miranda es un bien de la nación que ni se compra ni se vende. Se trata de una invaluable riqueza de la patria puesta bajo resguardo de sus hijos del presente”.

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tras una solicitud del mismo Estado dominicano  se ha expresado en el mes de mayo 2013 respecto a la explotación de Loma Miranda en la siguiente forma: “El  Estudio de Impacto Ambiental(EsIA) presentado por la minera Xstrata Nickel Falcondo para la explotación de Loma Miranda presenta varias deficiencias que le impiden cumplir con las exigencias ambientales y sociales y, por tanto, no aportaría al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, el documento del PNUD coincide con el estudio realizado por la Academia de Ciencias y con las posiciones de medioambientalistas y ecologistas.

La sociedad civil organizada   está pidiendo desde tiempo la  inmediata declaración de Loma Miranda Parque Nacional y  la destitución del director de la Dirección General de Minería, señor Alexander Medina, ya que hay un evidente conflicto de intereses en la gestión de este funcionario, por su condición de jubilado de la empresa Falcondo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que en su primer Congreso Nacional realizado en el mes de octubre  del año pasado en Santo Domingo,  ha asumido la defensa integral de los Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) entre sus resoluciones indica específicamente la defensa al derecho a  gozar de una ambiente sano y saludable para todos los dominicanos y las dominicanas y la Resolución Especial sobre Loma Miranda pide al gobierno que esta sea declarada Parque Nacional.

La deforestación sigue afectando grandes porciones de nuestro territorio, a medida que aumentan los monocultivos de palma africana y otros cultivos. El 80% de los cursos hidrográficos sufre graves daños por erosión de suelos y por la misma deforestación,  además por contaminación química y orgánica debida a la emisión en los mismos de cualquier tipo de desechos sin ningún control. Eso es muy grave considerando que alrededor de la mitad de la población dominicana no tiene acceso al agua potable y está consumiendo agua altamente contaminada con graves consecuencias para la salud.

La ciudad de San Pedro de Macorís,  ya perjudicada por diferentes problemas ambientales y sociales provocados por la masiva presencia de industrias de diferentes tipos,  se ve ahora afectada enormemente por la construcción de la  cementera Panam, de propiedad del grupo Estrella, justo en el centro de la ciudad,  que está empeorando visiblemente  la calidad de vida de sus pobladores con contaminación ambiental y acústica.  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ido apoyando el justo reclamo del pueblo macorisano a gozar y disfrutar de un medioambiente sano y saludable y una de las Resoluciones especiales de nuestro primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos es “Por un San Pedro de Macorís Libre de Contaminación”.

En fin podemos concluir que el año 2013 se ha caracterizado pon un grave deterioro de la situación de los derechos civiles y políticos (como ocurrido con la sentencia del TC 168–13) y también de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, creando una grave situación de inseguridad y de desprotección de toda la ciudadanía, a la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tratado de responder en manera  firme, honesta y consecuente con pesar de las dificultades sobre todo por  lo que concierne en el aspecto económico.

Monchy Vidal

Estamos cansados. ¡No! Más que cansados. Hartos.

Estamos hartos de seguir pidiendo “una exhaustiva y profunda investigación de los hechos”. Hartos de pedir que “los culpables sean debidamente condenados”.

Ninguna investigación podrá devolvernos nuestro Monchy. El amigo, el compañero, el hermano, el militante por los derechos humanos, el valiente, el soñador por un mundo más justo y el vocero de la paz social.

Ninguna condena podrá jamás reparar la magnitud del daño social que ese vil asesino ha llevado al alma del pueblo y de los jóvenes dominicanos.

Ya basta de reparaciones, ya basta de seguir rezando para el más allá. Lo que queremos es… ¡No! Lo que exigimos, es una vida digna ¡YA! !EN ESTA TIERRA!

Ya basta de llorar muertos o de caminar al lado de los que están condenados a morir por sus ideas, por sus luchas, por su compromiso.

Ya basta de pedir seguridad a las autoridades. Lo único que pueden hacer es aumentar la fuerza pública y el número de armas en nuestras calles.

Ya basta de pedir. ¡Ha llegado el momento de la acción! De hacernos NOSOTROS promotores del cambio social.

Ha llegado el momento de radicalizarnos, o sea de ser radicales en nuestras peticiones.

No hay que pedir mayor seguridad al Estado, sino que este regularice y limite una vez por todas el derecho de los ciudadanos a la posesión de las armas.

No hay que pedir más años de prisión a los delincuentes, sino exigir una paz fundada en la justicia social.

No hay que pedir que el Estado implemente políticas públicas de prevención de la delincuencia, sino transformarnos, cada uno de nosotros en promotores de la prevención.

Ya basta de pedir casi rogando, espacios públicos donde la ciudadanía y los jóvenes puedan ejercer el sagrado derecho de la participación social, es hora de tomar cada espacio público abandonado y descuidado y transformarlo con energías positivas, con el amor, con el cariño hacia la sociedad que nuestro Monchy llevaba en su corazón para devolverlo a la vida como un espacio liberado y conquistado a la criminalidad tanto pública como privada.

Ya basta de pedir iluminación callejera nocturna, transformémonos cada uno de nosotros en la luz que ilumine los rincones de nuestra sociedad, que aclare donde hay sombras, que ponga donde hay que poner y que quite donde hay que quitar.

Actores y no audiencia, protagonistas y no comparsas.

Cambiar los verbos: exigir y no pedir. Vivir y no morir.

NOTA DE PRENSA

CONSTITUCIÓN COMITÉ DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Desde la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de haber constatado que en la República Dominicana  la práctica criminal y violatoria  de los derechos humanos conocidas  como “ejecuciones extrajudiciales”,  antes de ser solo un triste retaje de nuestra historia reciente  más oscura, sigue lamentablemente siendo una triste realidad aplicada en el país sobre todo por la Policía Nacional,  damos a informar a la ciudadanía, a las autoridades nacionales , a la prensa nacional e internacional y a los organismos  internacionales de defensa de los derechos humanos, lo siguiente:

El día 22 de febrero de 2014,  en nuestras oficinas situadas en la Avenida Ortega y Gasset #200 en la Ciudad de Santo Domingo,  se ha constituido formalmente el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales que reúne los familiares de todas las víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales quienes, en  el ejercicio de su libre facultad y libertad de asociación y en ejercicio de su pleno derecho a la  justicia y a la verdad han decidió reunirse y asociarse con los siguiente objetivos:

• Emprender una lucha unitaria y coordinada contra la impunidad que reina soberana en los casos de ejecuciones extrajudiciales;
• Coordinar actividades entre los familiares para dar  a conocimiento a  la sociedad dominicana y a la comunidad internacional los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el país;
• Coordinar asesoría tanto legal cuanto psicológica para los familiares que las necesitan;
• Coordinar y realizar cualquier otra actividad  se manifieste necesaria para el Comité;

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respondiendo una vez más a la tarea  que nos hemos impuesto a lo largo de los 16 años de actividades de nuestra asociación, o sea la de acompañar los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país  en su justos reclamos de sus derechos frente a las autoridades, hemos decidido una vez mas no claudicar frente a ese importante paso que no cumple solamente un grupo de familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales,  sino toda la sociedad dominicana en su conjunto, hacia el esclarecimiento de la verdad,  hacia la lucha a la impunidad y por ultimo y no menos importante hacia la justa reparación del daño moral, psicológico y económico que estos familiares han sufrido y están sufriendo aun hoy en día.

Recordamos que se definen como ejecuciones extrajudiciales los “homicidios deliberados perpetrados por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia” y que estos homicidios violan el derecho a la vida garantizado tanto en nuestra Constitución en su artículo n. 37, cuanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos pactos firmados y ratificados por nuestro país.

En el día de hoy 26 de febrero,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en representación del Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y de lafamilia del Dr. Juan Alejandro Laureano López, interpondrá una querella por su homicidio, ocurrido el 27 de febrero de 2004 en la Procuraduría General de la República.  A nueve años de distancia, este asesinato queda todavía en la impunidad.

Seguirán en los próximos días mayores informaciones de las actividades del Comité y les seguiremos informando respecto al seguimiento de la querella en la Procuraduría General de la República.

http://cndhrd.blogspot.com/2014/02/constitucion-del-comite-de-familiares.html

di Annalisa Melandri* - www.annalisamelandri.it 

in esclusiva per il Corriere delle Migrazioni 

“Genocidio civile”,  cosi è stata definita dalle voci più progressiste della Repubblica Dominicana, la sentenza n. 168 del 23 settembre scorso, emessa dal Tribunale Costituzionale di questo paese,  che ha di fatto condannato all’apolidia  migliaia di dominicani di origine  haitiana.

Juliana Deguis Pierre, nata in Repubblica Dominicana 28 anni fa da genitori haitiani, aveva presentato infatti ricorso a questa corte   contro una sentenza di un Tribunale Civile che le  aveva negato la restituzione del documento d’identità dominicano sottrattole tempo fa da un funzionario della Giunta Centrale Elettorale. Juliana, nata e cresciuta in Repubblica Dominicana, non è mai stata ad Haiti nemmeno in vacanza e fino ad oggi pensava di essere cittadina dominicana. Il  Tribunale Costituzionale era l’ultima istanza alla quale la giovane aveva fatto appello, sperando di concludere così positivamente la sua odissea iniziata nel 2008, quando l’ufficio del registro pubblico dove si era presentata per ottenere il documento di identità, non solo glielo aveva negato ma le aveva sottratto anche  il  certificato di nascita sulla base di irregolarità nella posizione migratoria dei genitori haitiani.

La sentenza del tribunale inoltre, violando la stessa Costituzione dominicana (art.110) che sancisce esplicitamente l’ irretroattività della  legge, ha dato  disposizione all’organo elettorale di istituire  un registro di tutti i cittadini dominicani di discendenza haitiana nati dal  1929 ad oggi. La situazione di ognuno  – almeno di quelli ancora in vita, si tratta infatti di circa  tre generazioni di persone – sarà  attentamente valutata e poi inoltrata al  Ministero dell’Interno e Polizia per l’applicazione di quanto stabilito da un Piano Nazionale di Regolarizzazione che le autorità stanno approntando.

Le conseguenze di tutto ciò non sono ancora chiare ed è difficile prevedere cosa accadrà a quanti non riuscissero a dimostrare la legalità della posizione migratoria dei loro genitori.

Molti  si troveranno a dover pagare per gli errori commessi dai loro padri o dai loro nonni o addirittura per quelli eventualmente commessi dai funzionari del Registro Civile al momento della registrazione della loro nascita, nonché per le frodi elettorali risalenti a un’epoca più moderna, quando i voti venivano scambiati con  documenti di identità. All’anagrafe inoltre, regna ancora il caos, dopo decenni di omissioni e di irregolarità di varia natura.

Soltanto il contatto diretto con le persone e le loro storie, che a tratti hanno dell’incredibile, rendono davvero l’idea della portata del problema e, quindi, del motivo per cui la sentenza ha incontrato la condanna unanime di tutti gli organismi internazionali per la difesa dei diritti umani, tra i quali la Corte Interamericana dei Diritti Umani e le stesse Nazioni Unite.

Emblematico è per esempio il caso di Juana, nata in Repubblica Dominicana, nella provincia di Elías Piña, alla frontiera con Haiti nel 1970 da genitori haitiani. Il padre alla fine degli anni ’60 era venuto in questo paese con sua moglie in cerca di una vita migliore e aveva trovato  lavoro in una delle tante aziende agricole della zona che allora in vario modo incentivavano l’immigrazione haitiana per necessità di manodopera a basso costo.

In quegli anni l’ingresso degli  haitiani, da utilizzare come braccianti agricoli stagionali, soprattutto nel settore della canna da zucchero, era regolamentato da accordi tra  le autorità dei due paesi. Il Governo dominicano concedeva agli immigranti una  ficha (un numero di registro) con la quale potevano andare, tra le altre cose, al registro civile a regolarizzare la nascita dei loro figli. Il padre di Juana ha così potuto registrare come cittadini dominicani  tutti i suoi figli. Fino al 2010 infatti, per la concessione della nazionalità vigeva  il principio dello ius solis, cambiato in jus sanguinis con la riforma costituzionale di quell’anno.

Juana oggi lavora in una villa nella zona orientale dell’isola come cameriera, alle dipendenze di una facoltosa famiglia. Vive con la sua famiglia, il marito, le  tre figlie e la madre anziana e malata a molta distanza dal luogo dove è nata e di suo padre ha perso ogni traccia. La donna per la quale lavora l’ha invitata a trascorrere un mese con lei negli Stati Uniti, offrendole il viaggio e il soggiorno. Lei vorrebbe tanto approfittare della generosa offerta ma ha il passaporto scaduto, così come scaduta è la sua cedula (carta d’identità) e quindi inizia le pratiche per il rinnovo di entrambi i documenti.

E qui iniziano  i problemi. Si rende conto che probabilmente il passaporto non le verrà mai concesso perché la sua cedula è “sospesa”, almeno così le dicono, ma  molto presto capisce  che, per quanto paradossale possa sembrare, ad essere “sospesa” è proprio la sua condizione di  cittadina dominicana.

Tutto accade praticamente verso la fine di settembre del 2013, una settimana dopo la controversa sentenza.

Nell’ufficio dove Juana si reca a rinnovare il passaporto, appena l’addetta allo sportello vede scritta (a penna) sul documento il numero di  ficha,  la indirizza presso un altro ufficio dove deve richiedere un certificato di nascita aggiornato. Anche qui la risposta che le viene data  è vaga e imprecisa e la inviano altrove. Di ufficio in ufficio, senza risolvere nulla e dopo aver speso circa 1000 pesos in trasporto pubblico (ne guadagna 8mila, circa 160euro), l’unica cosa che ha capito è che al momento della registrazione della sua nascita sono stati commessi degli errori per cui il numero di carta d’identità di suo padre corrisponde a quello di un’altra persona e così è anche per sua  madre. In pratica i suoi genitori almeno legalmente, non sono quelli che lei riteneva tali. L’errore può essere stato fatto anche successivamente, durante il processo di informatizzazione dei registri (si stima che buona parte del  registro civile, almeno per quello che riguarda le registrazioni effettuate in passato, sia viziato da errori di questo tipo): può essere stato un semplice errore di trascrizione o,  come spesso accade anche oggi, il padre avendo avuto difficoltà nella registrazione per via della sua condizione di migrante, abbia chiesto il “favore” ad altre persone.

Di casi come quello di Juana  in Repubblica Dominicana se ne contano a migliaia. Le difficoltà non sono solo nella concessione dei passaporti. Dal  2007, anno in cui la Giunta Centrale Elettorale  ha approvato la risoluzione n. 12  con lo scopo di “depurare” il registro civile dominicano, è iniziata una pratica sistematica di negazione della concessione dei certificati di nascita dei cittadini dominicani di discendenza haitiana. Centinaia di giovani, nati e cresciuti in Repubblica Dominicana, che negli anni  trascorsi nelle scuole di questo paese  hanno cantato ogni mattina l’inno nazionale dominicano e che hanno imparato l’amore e il rispetto per questa Patria che considerano la loro, si sono visti negare la concessione – al compimento della maggiore età – del documento necessario per l’iscrizione  all’ università. Centinaia di persone che hanno esercitato sempre regolarmente  il diritto al voto, professionisti, maestri, agenti di polizia, avvocati, che improvvisamente non sanno più a quale paese appartengono perché lo Stato gli sta negando la cittadinanza  della quale hanno goduto fino a  questo momento, ma che non sono e non si sentono nemmeno haitiani, perché  nella maggior parte dei casi Haiti è solo quel paese “che sta dall’altra parte dell’isola”.

I casi sono tanti e diversi fra loro, ma fra tutte le  persone colpite in qualche modo dalla risoluzione n. 12 della Giunta Centrale Elettorale prima e dalla sentenza 168/13 del Tribunale Costituzionale poi – si stima siano oltre duecentomila – i sentimenti predominanti sono la paura e la disillusione.

Zoraida ad esempio, è figlia di un cocolo (così vengono chiamati gli immigrati discendenti dagli schiavi africani provenienti dalle isole inglesi del Caribe  portati  in Repubblica Dominicana come braccianti agricoli alla fine del XIX secolo) e di una donna haitiana. È nata  qui, possiede il suo documento d’identità dominicano, ha sempre votato, ma ora ha paura che glielo tolgano.

Anche Angel è iscritto nel registro dominicano e ha regolari documenti, ma risulta  iscritto anche ad Haiti perché al momento della sua nascita, avvenuta in un paesino della Repubblica Dominicana vicino alla frontiera, qualche parente si prese la briga di registrarlo anche ad Haiti, per qualsiasi evenienza. Cosa sarà di lui e dei suoi figli, che ormai adolescenti vivono e studiano qui, e qui hanno la loro vita?

C’è inoltre da aggiungere che nel vicino paese la situazione anagrafica è anche peggiore di quella della Repubblica Dominicana. Dopo il terremoto del gennaio 2010, quel poco di registro  civile esistente è andato completamente perduto e distrutto. Le persone con le loro case, hanno perso tutto, anche i documenti.

La tratta umana resta comunque la grande sfida alla quale devono far fronte i due governi nel momento di decidere la strategia da intraprendere  per risolvere il problema della migrazione illegale.

Attraverso la frontiera, estremamente permeabile, e spesso grazie alla corruzione dilagante tra le autorità preposte dei due paesi,  entrano non solo uomini da impiegare illegalmente come manodopera a basso costo e senza diritti nel mercato del lavoro, ma anche bambini, che una volta raggiunta la Repubblica Dominicana non possono più essere deportati e che saranno  utilizzati dalla criminalità organizzata come manovalanza, per strada come mendicanti o nei mercati del sesso. O donne, che  verranno  sfruttate nella prostituzione o al  limite della schiavitù nei lavori domestici. In ogni caso  invisibili, senza diritti, senza protezione, metteranno al mondo moltitudini di bambini che finiranno per crescere  in completa solitudine e miseria, perché qui, in pieno medioevo moderno, dove la Chiesa cattolica e le miriadi di Chiese evangeliche decidono e amministrano i corpi e le anime di ognuno come se fossero  patrimonio personale, parlare di politiche di controllo delle nascite è  ancora un tabù e di aborto libero e gratuito, una vera e propria eresia. Tanto è vero che quasi tutte le varie organizzazioni internazionali che si occupano dei migranti, evitano il tema.

Ma la Repubblica Dominicana non è solo terra di arrivo e di speranze. Sempre più spesso ultimamente, per i migranti haitiani  sta  diventando  territorio di transito. Mentre  fino a  pochi anni fa la migrazione illegale via mare verso la vicina Porto Rico o verso le isole inglesi del Mar dei Caraibi come  le Turks e Caicos era prerogativa dei dominicani, sta aumentando esponenzialmente il numero  degli haitiani che condividono con loro il difficile viaggio. Dopo aver pagato ai trafficanti  cifre che vanno dai mille ai duemila dollari,  in fragili imbarcazioni cercano di attraversare i 130 km del pericolosissimo (a causa di forti correnti e banchi di sabbia) canale della Mona che separa le coste della Repubblica Dominicana da quelle di Porto Rico.

Parecchi vengono arrestati ancora prima di iniziare la traversata, altri all’arrivo a Porto Rico, dove vengono immediatamente  deportati verso il loro paese di origine. Molti, moltissimi non ce la fanno. Le tiepide acque del Mar dei Caraibi saranno la loro tomba.

* Commissione Nazionale per la Difesa dei Diritti Umani (CNDH) Repubblica Dominicana