En el caso de la explosión #Polyplast en #VillasAgricolas (Santo Domingo), estoy reflexionando sobre algo.

Leo declaraciones de ciudadanos de que hay más de 100 muertos y alrededor de 200 heridos, que están escondiendo cadáveres no se entiende bien a que fines, que sacan de noche a escondidas sacos de cuerpos calcinados, que hay niños muertos y que están ocultando sus cuerpos.

Señores ese país es un circo, lo siento decirlo porque es también mi país.

Es verdad que somos un desastre pero no tanto como para que ocurran esas cosas.

Somos una sociedad enferma y esos comentarios y “testimonios” lo demuestran.

Lo ocurrido es ya de por sí sumamente grave y las responsabilidades son tantas y de tal tamaño, que no es necesario inventar ni agregar nada para justificar la indignación que sentimos como pueblo.

Los medios deberían revisarse, desarrollar su papel con altura y respeto a las victimas y familiares. Eso quiere decir saber a quien entrevistar, no realizar entrevistas a lo loco, seleccionar el material grabado, no todo es material de calidad.

No sean buitres de la información. Respeten los hechos y la realidad.

Gente buscando cámaras y medios buscando sensacionalismo es una mezcla explosiva, más de la misma Polyplas.

#Polyplas  #VillasAgricolas

Santo Domingo, 8 de diciembre de 2018

La tensa situación que se está viviendo en estas hora en Haití, debido al llamado a protestas para este domingo 18 de noviembre de la oposición y de sectores sociales quienes demandan el cese de la corrupción, la investigación de los contratos de Petrocaribe y la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse, está asumiendo tonos muy violentos y ya ha provocado dos muertos  y  decenas de heridos entre manifestantes y agentes de policía.

A pesar de haber llamado a la movilización para este domingo, las protestas en todo el país han iniciado el lunes pasado en reclamo a los resultados de  una investigación iniciada en el 2017 por el senado haitiano la cual reveló  que 14 funcionarios del gobierno del anterior presidente Michel Martelly, malversaron 3,800 millones de dólares del programa de subministro de petróleo a condiciones favorables desde Venezuela llamado Petrocaribe,   impulsado por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en toda la región en cambio de  productos, servicios básicos  y apoyo internacional.

El actual presidente Jovenel Moise, del mismo partido de Martelly, es acusado de no cumplir con las promesas electorales y de no avanzar con las investigaciones con el caso Petrocaribe, por el cual no hay ningún enjuiciado.

El miércoles, una marcha multitudinaria recorrió Puerto Príncipe en la cual se registraron incidentes y actos vandálicos hacia centros comerciales y automóviles.

Analistas internacionales ya  habían indicado Haití como una bomba de tiempo respecto al estallido de una violenta protesta social por los altos niveles de pobreza del pueblo haitiano y un fuerte sentimiento de indignación acumulado tras la sucesión de gobiernos corruptos e ineptos.

Mientras Haití,  a pesar de la fuerte presencia del contingente de los Cascos Azules de las Naciones Unidas, (presencia rechazada por la gran mayoría del pueblo debido a los escándalos en los que se han viso involucrado sus miembros) y de las cuantiosas inversiones de las potencias extranjeras después del temblor de tierra del 2010, no lograba salir nunca de su condición de estado fallido, el pueblo haitiano seguía hundiéndose  en la pobreza extrema y en condiciones de vida al limite de la dignidad humana.

Por eso no ha de sorprender el estallido de la protesta social de estos días, sobre todo porque no ha sido un caso aislado.

Ya en el mes de julio de este año, el pueblo se había lanzado a la calle por el anuncio hecho por el gobierno de un alza de combustibles que era parte de un paquete de ajustes implementados de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En esa ocasión las compañías aéreas estadounidenses Spirit Airlines, Jet Blue y American Airlines habían  cancelado sus vuelos a Puerto Príncipe a raíz de las protestas que dejaron en ese entonces tres muertos.

El 17 de octubre, fecha trascendental por el pueblo haitiano,  en que se conmemora la muerte de Dessalines, líder de la Revolución haitiana,   miles de ciudadanos tomaron las calles exigiendo medidas ante los resultados de la investigación sobre los fondos de Petrocaribe y en  esta ocasión también hubo dos muertos y decenas de heridos, cuando el presidente fue asaltado por una turba en momentos en que se aprestaba a rendir su homenaje ante el monumento al héroe nacional.

La situación en Haití como siempre trae reflejos, nunca positivos,  en la cercana República Dominicana, con la cual comparte la misma isla.

Las relaciones entre los dos países, debido a 20 años de ocupación haitiana sobre la República Dominicana,  terminada en 1844, nunca han sido amigables.

Los dominicanos se sientes invadidos y amenazados  por la migración ilegal descontrolada de los haitianos a República Dominicana.

Los haitianos no pierden ocasión para vengarse de este sentimiento de rechazo de parte de sus vecinos.

El pasado viernes 16 de noviembre unos camioneros dominicanos en medio de la protesta han sido abaleados y uno de ellos ha reportado graves heridas, saliendo vivo por milagro.

La semana pasada un grupo de médicos quienes se encontraban practicando motocross en la Carretera Internacional en un lugar de difícil demarcación territorial a la frontera entre ambos países,  han sido rodeados por un turba de un centenar de haitianos armados de machetes y cuchillo quienes los han despojados de todas sus pertenencias frente a una patrulla del ejercito dominicano que no ha podido hacer otra cosa que presenciar el hecho impotente.

Estos sucesos exacerban el racismo y la intolerancia que permean la sociedad dominicana. Sectores ultranacionalistas aprovechan los hechos  y el clima de inconformidad para tildar de traidor el presidente Danilo Medina acusándolo de extrema debilidad  frente al fenómeno migratorio.

Circula en estas horas un video de ciudadanos  originarios de diferentes  ciudades de la República Dominicana quienes se estarían organizando en la creación de un ejército paralelo con el objetivo de sacar todos los haitianos del país  y amenazar los ciudadanos dominicanos progresistas  que abogan por soluciones armónicas al fenómeno migratorio como los defensores de derechos humanos o algunos periodistas y no es la primera vez que hechos como este se dan a conocer.

Lo más penoso es que  muchos elementos, más allá del territorio de la misma isla,   unen  estos dos pueblos históricamente enemigos, como por ejemplo la pobreza y la  corrupción de su clase dirigente.

Sin embargo,  las izquierdas de los dos países, que en el capitalismo depredador tienen el enemigo común,  logran encontrar puntos de unión o solidarizarse entre sí.

Divide et impera desde Julio Cesar se ha demostrado una excelente estrategia de dominación.

Que la recuerden,  la próxima vez que pedirán a gran voz que saquen de la calle todos estos jodíos limpia vidrios, los malditos haitianos, los que piden,  los pobres y miserables que salen de los barrios hacia las avenidas de “nuestra ciudad”, los buscavida.

Que la recuerden y que sea su más fea pesadilla nocturna, la próxima vez que pedirán mano dura contra todos los delincuentes  y que la policía los ejecute ahí mismo, sin mediar palabra, sin detención ni juicio.

Que no la olviden y que regrese a sus sueños esta imagen cada vez que compartirán contenidos de odio y racismo en las redes, cada vez que actuarán como perros rabiosos al servicio de la presunta soberanía violada de la nación.

Que les regrese a los ojos esta imagen  cada vez que se sienten  la última coca cola del mundo. Cuando las imágenes de la pobreza,  el polvo, el mal olor y el sudor ajeno les molestará,  que esta foto sea su peor pesadilla.

Porque sí es verdad,  ustedes son la  última coca cola envenenada en el desierto que es hoy en día el tejido social de esta sociedad.

En este desierto creado por un sistema económico excluyente, del que ustedes alaban las inmensas posibilidades de desarrollo para la nación,  que funciona como una fábrica de pobres y del que se beneficia el poder político que lo que hace es sacar pobres de los barrios violentos de nuestras ciudades, ponerles armas en las manos y ordenándoles de matar los demás pobres para seguir con la suya.

Esa coca cola que se creen ser ustedes cuando piden mano dura a las autoridades es tan envenenada  que pide a gran voz al estado, a sus politiqueros  y sus guardianes y rufianes en uniforme que cojan esas armas y peguen tiros a ese bajo mundo que no queremos ver, formado por haitianos, pobres, jóvenes nini, prostitutas,  gay y lesbianas, niños de calle  y en general todos los diferentes  y los marginados.

Porqué en la novela cotidiana en la que vivimos,  nos enseñan  que lo bueno y lo lindo es tener uñas pintadas y manos lindas, una linda jeepeta, un saco y una corbata,  una billetera llena  de dinero y que se los lleve el diablo  y que se jodan los que no tienen la taquilla para ese  show.

Que esta foto sea  su peor pesadilla,  porque esta muerte es sí un crimen de Estado,  pero pesa sobre la conciencia de todos.

La foto se refiere a cuanto ocurrido el día 11 de julio del 2018 en Santo Domingo, cuando el  ciudadano José María Figueroa De Paula es  asesinado por un miembro de la Policía Municipal quien usó un arma de un militar del Ejército Nacional  que integraba la patrulla mixta del Ayuntamiento,  en momentos en que Figueroa intervino a defender un grupo de limpia vidrios quienes estaban  siendo detenidos  con métodos violentos por esa misma patrulla.

Mañana domingo 15 de mayo se vota en República Dominicana. Se trata de elecciones  presidenciales, congresuales y municipales, por un total de más de 4mil cargos. El conteo de los votos será manual y electrónico así como establecido  por la Junta Central Electoral. Muchos observadores internacionales, entre ellos UNASUR y la OEA.

Los candidatos presidenciales son ocho, entre ellos el actual presidente de la República,  Danilo Medina,  del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La izquierda va dividida y fragmentada. Una parte, respondiendo al llamado de unidad, va con el candidato Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los otros candidatos representan lo que queda de vagas posiciones de izquierda,  el electorado ultranacionalista y conservador y   los evangélicos fundamentalistas.

Ganará Danilo Medina del partido oficialista con un porcentaje alrededor de un 60 por ciento. Seguirá Luis Abinader con un 35 por ciento y lo que queda será repartido entre los demás.

El partido oficialista perderá algunos diputados y senadores, debilitándose un poco en el Congreso, y tal vez perderá también la alcaldía de Santo Domingo Distrito Nacional.

Las inquietudes más grandes de la población son por los altos índices de inseguridad ciudadana,  por la corrupción y por el alto costo de la vida comparado con los bajos salarios.

Propuestas significativas no las hay, de parte de ninguno de los candidatos, mientras que el candidato oficialista hace énfasis en los logros de su gobierno, sobre todo en tema de educación y de infraestructuras.

Estas,  y  el  enorme   uso de recursos del Estado en su campaña, probablemente serán las razones  de su victoria.

Hoy, en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Torturas, proclamado por las Naciones Unidas en 1997, visitamos  la ex cárcel de La 40, un lugar símbolo, tristemente noto, de la dictadura de Trujillo.

Por La 40, su patio, su sótano y sus celdas,  pasaron decenas y decenas de activistas y militantes políticos y la mayoría de los integrantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que a finales  de los años ‘50 desempeñaba una fuerte oposición al régimen de Trujillo.

Emblemática la fotografía del ex sargento de la Marina de Guerra, José Messón, expedicionario de Maimón, amarrado en la silla eléctrica en una sesión de torturas.

Convertida en iglesia por el gobierno de Joaquín Balaguer, quien destruyó gran parte de su construcción originaria, hoy acoge el Centro parroquial San Pablo Apóstol y una escuela pública que lleva el mismo nombre.

Se dice que fue  el padre Arias, sacerdote del sector Cristo Rey,  quien al parecer a su vez fue torturado en la cárcel,  quien decidió convertir ese lugar de dolor en un lugar de culto.

Hoy nada de lo que se ve habla de lo que ocurrió entre esas paredes. Transformar la cárcel en una iglesia y en una escuela ha querido significar de alguna manera borrar las atrocidades ocurridas y borrar la memoria histórica de los hechos de los corazones de los vecindarios del popular barrio de Cristo Rey y de todos los dominicanos.

Una mísera columna, que alguna vez llevó una placa conmemorativa,  se erige triste y anónima al centro del patrio rodeado de lo que queda de las antiguas murallas de la cárcel.

Se dice que el sótano todavía quedan las manchas de sangre impresas en las paredes… ¿Serán capaces las próximas generaciones de reconocer  la historia de lo que era la cárcel de La 40 detrás del vestido nuevo que hoy lleva puesto?

UN DÍA EN LA 40

Por Fabricio Collado-Hoy.com.do

15 Junio 2007

Dedicado a aquellos que proclaman “aquí hace falta un Trujillo”.

Aunque los hechos verídicos relatados en este artículo no tuvieron lugar durante un solo día, tómenlo como lo que les podría suceder durante “un día en la 40″. Lo escribo inspirado en el libro1J4, de Espigas y de fuegos. Aportes para la memoria necesaria: Testimonios de un militante”, de la autoría de don Leandro Guzmán, reconocido por su martirologio, firmeza, seriedad y su dilatada experiencia como dirigente político y secretario general del inigualable e insuperado movimiento revolucionario-progresista, 14 de Junio (1J4).

Don Leandro nos narra que “a las dos de la madrugada del 17 de enero de 1960 se presentaron” a su casa tres carros Volkswagen con agentes del SIM (Servicio de Inteligencia Militar) en su interior. De inmediato se dirigieron a la puerta frontal de su hogar, abierta por el propio Leandro Guzmán: fue brutalmente asido, empujado por las escaleras del apartamento e ingresado al vehículo con violencia bestial, para luego dirigirse a la “famosa” cárcel de torturas de La 40. Es durante ese fatídico 17 de enero que inicia un largo vía crucis de sufrimientos físicos, tormentos sicológicos y del alma.

Al llegar a La 40 (que debe su nombre a la calle denominada La 40 de la capital de ese entonces, en la que estaba ubicado dicho centro de torturas), fue desnudado y “empujado a una escena dantesca” en la celda que compartían, “desnudos y bárbaramente golpeados que parecían monstruos, casi todos” sus compañeros del movimiento antitrujillista de resistencia interna 14 de Junio, dice el autor.

De inmediato su itinerario de torturas se inicia con la aplicación del “bastón eléctrico por todo el cuerpo pero, en particular, en los genitales”. A continuación, como máxima medida de ablandamiento para el interrogatorio, fue sentado en la silla eléctrica, “forrada con placas de cobre, excelente conducto de corriente”, explica don Leandro, en la que los “asillados” recibían corrientes eléctricas gradualmente aumentadas, hasta llegar a vencer su resistencia.

Como castigos complementarios estaban los azotes con la verga o “güebo” de toro, que eran tan brutales que en una ocasión, narra Leandro Guzmán, “nos vimos forzados a recoger nuestros propios excrementos expulsados incontinentemente durante el suplicio”.

Además de las inhumanas e increíbles torturas físicas, también estaba el sufrimiento psicológico, como cuando Leandro fue obligado a presenciar un “ajusticiamiento revolucionario”, al decir del torturador Candito Torres, cuando el extender la “invitación”. Ya en el sitio del “ajusticiamiento” el cruel jefe del SIM, Johnny Abbes García, procedía a un “interrogatorio”, durante el cual confrontó al prisionero y a un periodista al cual el primero dijo que el ahora prisionero le había encomendado “la tarea de averiguar con cuántos efectivos contaba la fortaleza de San Luis de Santiago”. Llegó el momento cuando el celebérrimo Johnny Abbes retó al periodista y le dijo: “Como éste te quería joderte a tí, te toca a ti joderlo a él…”.

Y así sucedió: lentamente fue apretando el tortol o “torniquete asfixiante” (que consistía en “un pedazo de madera que aprisionaba el cuello del detenido”), y al prisionero le “saltaban sus ojos en los que las cuencas acentuaban la claridad del iris; parecía que se saldrían de sus órbitas. El periodista apretaba y apretaba más el “tortol”, al conjuro de las exhortaciones perversas de los torturadores...”. Luego, el Ing. Guzmán “fue obligado a recoger el cadáver de (Eugenio) Perdomo para llevarlo al baúl de un carro”, que, además, era propiedad de un conspirador antitrujillista que había sido fusilado en La 40.

En otra ocasión, el señor Leandro Guzmán fue obligado a ponerse la ropa y consumir la cena de Angel Russo, quien había sido asesinado esa misma noche.

Igual le sucedió a Pipe Faxas Castro, quien contó que “a las 10 de la mañana, habían ahorcado en su presencia, sentado y atado a la “silla eléctrica”, al doctor Manuel Tejada Florentino”.

Otro cruento episodio es el de los “Panfletistas de Santiago” (entre ellos dos adolescentes), que, al regresar de firmar “una carta en la que daban las gracias a Trujillo por haberles concedido la libertad…comenzaron a ser llamados por sus nombres…pasados por la silla eléctrica donde les aplicaron corriente hasta la muerte…” y los cuerpos echados al camión del Matadero Industrial para trasladarlos a una incineradora de basura.

También había animales de cuatro patas torturadores. Es el caso de Diana “una perra pastor alemán, adulta y entrenada por él (capitán Minervino), con la que recorría la cárcel”, que “gustaba”, sobretodo, de morder los genitales de los prisioneros en cada ocasión que le azuzaba su dueño, el capitán Minervino.

Los relatos de las experiencias vividas por el autor estremecen al más duro de los corazones, y constituyen una fuente fidedigna de información a las generaciones actuales y futuras y a los que piensen o digan que “en el país se necesita a un Trujillo”, para conjurar la corrupción, la delincuencia y demás problemas sociales (que existían durante el trujillismo) y que ahora no son más que el resultado de los riesgos de la democracia, régimen que encara al humano con la responsabilidad de vivir en libertad.

Quiero terminar este artículo con un elocuente párrafo en el que Leandro Guzmán R., define su estadía en la 40. “Estar en la 40 equivalía vivir dentro de la propia muerte. Raros eran los días en que allí no se mataba, se mutilaba o se pervertía a alguien.

Dr. Manuel Maria Mercedes presidente CNDH y Berkania Garcia Reyes directora ejecutiva de la misma organización

Dr. Manuel Maria Mercedes presidente CNDH, Berkania Garcia directora ejecutiva y Annalisa Melandri

República Dominicana — Semana Internacional del Detenido Desaparecido

La desaparición forzada es un  crimen de Estado y es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

La primera convención internacional sobre las desapariciones forzadas es la Convención  Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, mientras en  2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención de las Naciones Unidas, vigente desde el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación, reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

Lamentablemente el Estado dominicano no ha firmado y ratificado ninguna de las dos convenciones.

En nuestro país la desaparición forzada, aunque no haya registrado tantos casos como por ejemplo en otros países de América latina y Caribe cuales por ejemplo México y Colombia, se ha configurado en años anteriores como un instrumento de represión política  por la eliminación física de militantes y de opositores tanto del régimen dictatorial de Leónidas Trujillo, cuanto del gobierno autoritario y represivo de Joaquín Balaguer, con la falsa transición a la “democracia”.  En ambos casos  los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

Sucesivamente, ya en “democracia”, algunos organismos de seguridad del Estado  han seguido con esa práctica: por la mayoría han sido casos de jóvenes y activistas sociales desaparecidos en un  contexto sumamente grave de violencia policial por parte de la Policía Nacional, institución fundada por  Trujillo en el año 1936.

Recordamos entre todos, los casos del periodista y abogado Guido Gil desaparecido en 1967 y del líder popular Henry Segarra, desaparecido en 1969. Más recientemente el de Narciso González “Narcisazo” desaparecido en 1994 (el Estado  ha sido condenado por este caso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2012),  el del joven dominico-haitiano Gabriel Sandy Alistar desaparecido en 2004,  el de   Juan Almonte, militante y defensor de derechos humanos desaparecido en 2009, el controvertido  caso de Alfonso Santana en  2012 y el ultimo de Randy Vizcaíno, desaparecido desde el mes de diciembre de 2013.  Por todos hay evidencias que se trate de desapariciones forzadas.

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos asumido plenamente en los últimos años la tarea de defender y apoyar los familiares de las victimas de desapariciones forzadas en el largo camino que implica un proceso de esta naturaleza. Con el fin de dar una respuesta unitaria a la tragedia que cada una de ella vive, hemos impulsado la formación, el pasado mes de febrero, de un Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas.

Actividades realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en el marco de la semana internacional del Detenido Desaparecido:

Sábado 24 de mayo:  

En el vigésimo aniversario de la desaparición forzada de Narciso González “Narcisazo” el Espacio Cultural y Deportivo Narciso González y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) realizan  el Conversatorio sobre la vida y la obra de Narciso González. Participa la esposa de Narciso González y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales  y Desapariciones Forzadas.

Lunes 26 de mayo:

Actividades diferentes en recuerdo del vigésimo aniversario de la desaparición el 26 de mayo de 1994 del activista, poeta, catedrático y periodista Narciso González “Narcisazo”. Entrega de nota de prensa “¡Narciso González: 20 años de impunidad!” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).

Sábado 31 de mayo:

Reunión del Comité de Familiares de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  con objetivo la organización de las próximas actividades del Comité y dar seguimiento a los casos a nivel jurídico en los tribunales del país. Organización de la campaña para presionar el Estado en la firma y ratificación de las dos convenciones internacionales sobre desapariciones forzadas. Discusión sobre la participación del Comité en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

Lanzamiento del informe sobre los casos más recientes de desapariciones forzadas, informe que abrirá una campaña a nivel nacional en el país para concientizar e informar la población sobre la temática: se prevén notas de prensa, artículos en los medios locales y abertura de página web sobre los casos de los desaparecidos.

Han transcurrido 20 años desde la desaparición de Narciso Gonzales, “Narcizaso” como era conocido por los amigos, por los compañeros, por los jóvenes y por todo el pueblo dominicano.

Desaparición que a pesar de la negación, de las mentiras, del intento de hacerlo pasar como un suicidio, de la sustracción de actas y documentos y de la impunidad que reina soberana sobre el caso, ha sido declarada como una desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos  Humanos en la sentencia que condena internacionalmente y definitivamente el Estado dominicano por este hecho y que ha sido emitida el 27 de febrero de 2012.

Una sentencia dura que arde en la piel de todo un pueblo que ha perdido de forma tan cobarde uno de sus hijos más queridos y más valientes.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un Estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y aberrantes, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

La desaparición forzada es uno de los crímenes de Estado más cobarde y vulgar ya que asegura de por sí la impunidad: no hay un verdugo porque no hay un cuerpo y por lo tanto no hay una víctima.

Hoy, a veinte años de aquel 26 de mayo de 1994,  exigimos al Estado dominicano que cumpla con cuanto pedido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del 27 de febrero de 2012 y en  particular modo que continúe a “realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González Medina”, pero también que se “realice  un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos” y que se devuelva la memoria y el espacio cultural propio de Narcizaso al pueblo dominicano, que es el lugar que le corresponde.

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Por: Comisión nacional de los Derechos Humanos 

Recordamos con mucho dolor, en el Día de la Madre, a todas las madres que han perdido su vida en el momento de dar la vida.

Todavía son altos y muy preocupantes los índices de mortalidad materna en nuestro país, que es definido por los organismos económicos y financieros internacionales como un país de ingreso mediano-alto. Según el Observatorio de Ejercicio Ciudadano de las Mujeres, que toma en cuenta datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiologia y del Ministerio de Salud Publica en el año 2012, las muertes maternas fueron 175, de las que el 65,71% ocurridas entre mujeres de 13 y 29 años. El Informe 2012 del Centro de Estudios de Genero del Instituto Tecnológico de Santo Domingo considera el dato (159 por 100,000 nv) como “uno de los más altos de la región después de Haití, Guyana y Paraguay”, mientras que el Observatorio Político Dominicano releva que de las muertes maternas del año 2011, por lo menos el 44% eran evitables.

Sono stati arrestati due italiani a Santo Domingo in procinto di lasciare la Repubblica Dominicana con un bambino di 4 mesi che avevano appena comprato per 10mila euro.

Si tratta dei due coniugi Rodolfo Subrizi e Lucila Magnanti. Con  loro sono finite in carcere quattro persone. Tutti sono accusati di far parte di una rete dedita al traffico di neonati da destinare alla vendita agli stranieri.

Il bambino veniva “offerto”agli acquirenti  stranieri mentre la madre naturale si trovava ancora in fase di gestazione. Lo straniero poi arrivava in Repubblica Dominicana al momento del parto  e insieme alla donna dichiarava il figlio come suo.

La legge dominicana (n. 137–03 del 2003) punisce severamente tutte le forme di tratta umana con pene fino a 20 anni di carcere, tuttavia il fenomeno è estremamente  diffuso, tanto che la Repubblica Dominicana si situa al terzo posto al mondo per la tratta  umana, dopo Brasile e la Tailandia  e le Filippine, secondo l’Organizzazione  Internazionale delle Migrazioni (OIM).

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2013

A pesar de haberse iniciado con muchas esperanzas, encarnadas en la figura prometedora del actual Presidente de la República Licdo. Danilo Medina, el 2013 ha sido caracterizado por muchas decepciones para la ciudadanía.

El suministro de los servicios básicos como  agua,  energía eléctrica y transporte se han deteriorado, al tiempo que el costo de la vida ha alcanzado niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se han dado  apresamientos y asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para sus comunidades. La delincuencia ha sobrepasado  los límites imaginables, la corrupción ha continuado  galopando por sus fueros y finalmente la sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional ha coronado  a la República Dominicana como país campeón en la violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un nacionalismo exacerbado  que ha llegado al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

LA SENTENCIA DEL ODIO

La sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades más grades que se hayan cometido en los últimos tiempos, no solo en el continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que causará a la integridad y a la dignidad personal y al desarrollo social y humano de los afectados son incalculables.

La sentencia del Tribunal Constitucional no solo viola la actual Constitución en su artículo 18, numeral 2, el cual  indica que son dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, desconociendo  la vigencia del ius soli (derecho de suelo) vigente desde 1929 hasta las 10:00 de la mañana de 2010, sino que es aberrante por aplicarse a tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana.

Esto, sin mencionar los acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con la Constitución de 2010,  tienen rango constitucional en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.

A todo esto se suma la defensa asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina a dicha sentencia, así como la que le han manifestado  los principales sectores de poder del país,  lejos de tratar  de buscar una salida humana a la situación creada.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estuvo en el país verificando los efectos de la sentencia, en donde se  afirma  que “La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”, dejan muy mal parada a la República Dominicana y la exponen a sanciones y aislamiento internacional.

En el mismo tiempo el gobierno  ha continuado con las deportaciones  forzadas e ilegales, aunque lo haya  negado, a la vez que en la zona fronteriza se han presentado acciones contra nacionales haitianos que han estado a punto de transformarse en  actos de linchamientos y violencia generalizada.

La sentencia ha creado un ambiente turbio de falso nacionalismo, en que sectores extremistas y de derecha han llegado a enarbolar consignas como la rotura de las relaciones con Haití y la construcción de un muro que separe ambos países, así como el pedido de muerte contra quienes se oponen a la sentencia, como en el caso de los reconocidos periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

La justicia dominicana ha mostrado  una actitud de complicidad hacia ex funcionarios públicos, incluyendo al ex presidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de corrupción.

Esa actitud cómplice es el resultado de la conformación de un sistema judicial que ha sido creado a imagen y semejanza del ex mandatario y cuyos jueces no muestran ningún prurito moral a la hora de plegarse a sus dictámenes.

A la fecha, el presidente Danilo Medina ha rehusado referirse al tema de la corrupción, sonando con fuerza todavía su llamado a no tirar piedras hacia atrás, lo que ha sido interpretado como la aplicación de una política de borrón y cuenta nueva y  que en  práctica se traduce en complicidad  con sus compañeros de partido señalados como corruptos y con el ex presidente Fernández, responsable del mayor déficit fiscal conocido en la historia del país.

La impunidad o la ausencia de consecuencias jurídicas sobre los actos de corrupción, permean toda la sociedad, hasta el punto de que la República Dominicana es  considerada uno de los tres países más corruptos del mundo.

SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

En el  año 2013 la República Dominicana ha mantenido  de forma sostenida el endeudamiento externo, lo que ha obligado  a que un altísimo porcentaje del presupuesto del año próximo deba ser destinado al pago de intereses de la deuda. A esto se le suma un déficit fiscal en el orden del 3% del Producto Interno Bruto, lo que a su vez contribuye con el aumento de la deuda pública.

Durante el año 2013 se ha observado  un incremento permanente de los precios de los productos de primera necesidad, así como de los precios de los  servicios básicos, lo que se ha reflejado  en la disminución del poder adquisitivo  de la gente, es decir, en una  disminución del ingreso.

En  este año que termina el país se ha llevado la triste gloria de ser considerado como el tercero por iniquidad social  en América, siendo notoria en ese sentido la amplia brecha que separa a ricos y pobres.

Hace parte de ese panorama  el déficit habitacional existente en el país y la lentitud en la búsqueda de soluciones a problemas angustiantes, como el caso  de los residentes del  sector La Barquita, en el municipio Santo Domingo Este y el caso de los afectados por la crecida del Lago Enriquillo, en la provincia Independencia, al oeste del país.

En República Dominicana cerca del 65% de quienes tienen vivienda no posee títulos de propiedad del suelo, por lo que son frecuentes los desalojos forzosos, práctica considerada violatoria de los derechos humanos por todos los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.

De hecho se ha continuado  con la práctica de los desalojos ilegales contra decenas de familias que ocupaban terrenos del Estado. Estos desalojos en la mayoría de los casos se han hecho  sin observación de la Ley y con el objetivo de favorecer a personas y/o empresas particulares.

Asimismo, se ha observado  una paralización en la tasa de desempleo, que se sitúa por encima del 12 %, indicador de que el año estuvo marcado por el estancamiento laboral, mientras las centrales sindicales han denunciado  en múltiples ocasiones violaciones sistemáticas al derecho a la sindicalización, sobre todo por parte de empresas de capitales nacionales vinculadas a transnacionales, como ocurrido por ejemplo con la Frito Lay Dominicana (PepsiCO) que en menos de un año, según denuncias recibidas, ha  desahuciado y despedido a más de 100 trabajadores, todos afiliados al Sindicato, con el sólo propósito de evitar que el SINTRALAYDO alcance el 50 por ciento más uno de trabajadores afiliados, como previsto por la legislación laboral dominicana para obligar a la empresa a sentarse a una mesa de negociación colectiva, con Bepensa dominicana, empresa nacional embotelladora de la Coca Cola Company y la industria  San Miguel del Caribe SA (Kola Real).

Con referencia al tema del trabajo,  cabe señalar que sectores empresariales están abogando por una reforma del Código Laboral que es considerada por las centrales sindicales como regresiva con respecto a las condiciones laborales y a los derechos adquiridos por los trabajadores en los últimos años. En forma específica pretende aumentar el horario a 12 horas diarias de trabajo por cuatro días semanales y cancelar la cesantía. No obstante el Ejecutivo haya nombrado la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, los miembros que la componen son prevalentemente representantes del sector empresarial y es prácticamente inexistente  la representación obrera.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Después de una década de espera, (la ley que prevé esta figura había sido votada hace 12 años)  por fin el Ejecutivo ha  nombrado el defensor del pueblo en nuestro país, quien deberá vigilar por las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de los ciudadanos y ciudadanas de la República  Dominicana. Sin embargo la elección de Zoila Martínez, lejos de representar un avance hacia la realización de un efectivo Estado de derecho, ha representado un momento de grave retroceso en ese sentido, ya que ha sido viciada por irregularidades en el proceso de selección, lo que ha motivado la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hemos en reiteradas ocasiones denunciado que su elección ha sido el resultado de una “acuerdo de aposento que se constituye en estocada mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones”.

SALUD Y EDUCACIÓN

Los indicadores han revelado  que la salud dominicana va por mal camino. Oficialmente se han registrado 96 muertes por causa del dengue y 38 por cólera, pero según ha denunciado el Colegio Médico Dominicano hay un sub registro y las muertes por dengue sobrepasarían las 130 y cerca de 50 las  por cólera.

El desmonte   de la cuota de recuperación ha beneficiado en lo económico a los usuarios de los servicios de salud de la red pública de hospitales, pero según afirman los directores de los centros sanitarios, esa medida  está provocando la caída del  sistema  en picada, pues el Ministerio de Salud no ha asumido totalmente la responsabilidad de ese costo, al punto que algunos hospitales han sufrido situaciones de carencias de materiales de primera necesidad.

Igualmente, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ha observado un deterioro constante. Ejemplo es que el seguro del Estado, el Seguro Nacional de Salud se encuentra enfrascado en una discusión con los centros especializados de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, cuyos directores acusan al Senasa de pretender llevarlos a una situación de insostenibilidad económica, mientras le niega servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado.

A su vez Senasa acusa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de cuidar más los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Salud y las clínicas privadas que la de los afiliados. Como respuesta, la Sisalril acusa a la dirección de Senasa de rehusarse a permitir que se fiscalice y se regule, lo que pone sobre el tapete una evidente situación de corrupción que está haciendo colapsar el sistema.

Eso en la práctica significa una severa limitación al acceso a la medicina especializada a millones de pacientes que de otra forma no pueden atender a los servicios médicos privados con violación de su derecho a gozar de un servicio sanitario público  de  calidad.

En el aspecto educativo, es alentador el llamado y los trabajos que se están realizando  con miras a la firma del Pacto Educativo, así como la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización, que ya lleva un año.

Sin embargo asociaciones de la sociedad civil llaman la atención respecto a un contexto de ilegalidad en que se estaría llevando a cabo el pacto Educativo, que no cuenta todavía, como establecido por la Constitución y la Ley 1–12, que  crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ordena que el referido pacto sea realizado en el seno del Consejo Económico y Social que debió ser creado por ley y aún no se ha hecho.

A pesar de que este año 2013 el Ministerio de Educación cuenta con el 4% del Producto Interno Bruto establecido por el  presupuesto, cerca de RD$100 mil millones, lo cierto es que no se han visto avances tangibles en el sistema educativo pre-universitario y sobre todo en las áreas rurales y aisladas del país la situación respecto al acceso a la educación pública sigue siendo muy preocupante, situándonos a los últimos niveles respecto a otros países se de la región.

La mayor parte del presupuesto ha sido destinada para la construcción de aulas, y aunque el gobierno no alcanzará la meta de las 10 mil que se había propuesto para este año, continúa con la misma política de los años pasados, carente de planificación y estrategia hacia el objetivo  de  garantizar una educación pública, gratuita y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas.

SEGURIDAD CIUDADANA

En el año 2013 la ciudadanía ha vivido  al filo de la inseguridad. Ha sido un año marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza colectiva. Los asaltos y asesinatos han tocado  a todos los sectores y capas sociales, desde simples ciudadanos hasta militares de alto rango, lo que es ejemplo evidente del fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Se estima que cerca de un 70% de la población no se siente segura, pues si bien es cierto que le teme a la delincuencia común, mucho más miedo le tienen a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público.

Ante los hechos criminales, el Gobierno responde, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con una política de mano dura, olvidándose de las raíces del problema, como  el desempleo y los bajos salarios, entre ellos los de los militares y policías.

El Plan Nacional de Seguridad implementado por el Ejecutivo para resolver el problema de la seguridad ciudadana, se ha elaborado sin consultar las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y se enfoca solamente en la represión del crimen sin tener en cuenta de las causas estructurales de la delincuencia. Su medida más evidente en ese sentido es el patrullaje conjunto de las calles efectuado por militares y policías y la masiva presencia de chequeos militares en las autopistas, llamando la atención sobre una excesiva militarización del territorio.

Este año ha sido motivo de preocupación, además, por el auge e incremento del narcotráfico, como expresado también por un reciente informe de la Agencia federal antidroga de Estados Unidos DEA, sobre todo por el hecho de que alto personal y altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ejército, la Policía y la Armada se han visto involucrados en el tráfico de estupefacientes.

En el aspecto de la seguridad ciudadana, se ha observado  un deterioro paulatino del sistema penitenciario dominicano, llegando a verse, incluso, una evidente pérdida del control en algunos centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que ha sido prácticamente abandonado por las autoridades y que en su momento inicial había sido valorado como ejemplo a seguir por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y por la Unión Europea.

VIOLENCIA Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Este año la violencia ha arrancado la vida a más de 1,500 personas, entre ellas un estimado, sin confirmar aún, de 270 a manos de la Policía Nacional, en los ya famosos “intercambios de disparos”. En la próxima semana, luego de terminar de cotejar informaciones al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  revelará la cantidad exacta y brindará detalles de cada una de estas muertes. También cuentan entre los caídos a causa de la violencia, unos 55 policías y militares, algunos de ellos en situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado.

Aunque valoramos positivamente el proyecto  de Ley Orgánica de la Policía en el marco de la Reforma Policial, incluida en el Plan Nacional de Seguridad Social, que el Presidente de la República Dominicana ha presentado ante el  Congreso, cabe destacar que este  proyecto, sin embargo, no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, con respeto a las   violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.

Respeto a la violencia de género, destacamos  que la República Dominicana continúa  siendo uno de los principales países del continente con la tasa más alta de feminicidios en la región por cada 100.000 habitantes, según la CEPAL, el tercer de América. Hasta el mes  de noviembre se habían registrado unos 65 casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, tanto que el coordinador de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis ha llamado la atención al gobierno sobre este tema, instándolo a  asumirse la responsabilidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El 2013 podemos considerarlo como uno de los años más nefastos para la libertad de expresión en nuestro país, tanto que diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han visto en la obligación de llevar a cabo una campaña bajo el lema “Viva la Libertad de Expresión” que tiene el objetivo de “visibilizar, sensibilizar y concienciar al pueblo dominicano sobre la necesidad de desarrollar mecanismos de apoyo moral y físico a quienes se les violenten por expresarse libremente, mediante procesos de acción social, política y ciudadana”.

En los últimos meses se han efectivamente incrementado las acciones de amenazas, hostigamiento, persecución y espionaje a los periodistas y camarógrafos en ejercicio de su profesión por parte de políticos y funcionarios públicos corruptos.

Son ya 12 los periodistas sometidos a la justicia y alrededor de 40 los camarógrafos agredidos en lo que va de este año.

SITUACIÓN AMBIENTAL

Respecto a la situación ambiental en nuestro país podemos decir que sigue siendo grave y el futuro de nuestros recursos naturales está en grave riesgo.

Más de 300 concesiones mineras y 400 en espera de autorización nos dan en alguna manera una idea  del rumbo que se le ha impuesto al país en términos de políticas mineras y del modelo de explotación de los  recursos naturales que responden  a los intereses  de algunos grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Además la mayoría de las concesiones mineras se sitúan en las áreas de reservas acuíferas de mayor importancia para nuestro país con el riesgo de contaminación de las mismas que eso conlleva.

Una expresión de esa política minera irresponsable es lo que acontece con las pretensiones sobre Loma Miranda de parte de la minera Xstrata Nickel Falcondo, que representa un recurso natural para nuestro país insustituible. La academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro de la Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS) en su informe Loma Miranda: la huella ecológica y social de la minería (2012) expresa lo siguiente: “Hay cosas tan valiosas que nunca deben negociarse, que no se deben vender ni mucho menos alquilar (concesionarse).Loma Miranda es uno de esos ejemplos insuperables e insustituibles, que no solo  representa el segundo asiento de la vida más valioso de La Española, sino, una inmensa mina de agua y que por algunos de los caprichos de nuestra madre naturaleza, sorprendentemente curiosos y maravillosamente misteriosos, está encima de un gran depósito de níquel. Loma Miranda es un bien de la nación que ni se compra ni se vende. Se trata de una invaluable riqueza de la patria puesta bajo resguardo de sus hijos del presente”.

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tras una solicitud del mismo Estado dominicano  se ha expresado en el mes de mayo 2013 respecto a la explotación de Loma Miranda en la siguiente forma: “El  Estudio de Impacto Ambiental(EsIA) presentado por la minera Xstrata Nickel Falcondo para la explotación de Loma Miranda presenta varias deficiencias que le impiden cumplir con las exigencias ambientales y sociales y, por tanto, no aportaría al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, el documento del PNUD coincide con el estudio realizado por la Academia de Ciencias y con las posiciones de medioambientalistas y ecologistas.

La sociedad civil organizada   está pidiendo desde tiempo la  inmediata declaración de Loma Miranda Parque Nacional y  la destitución del director de la Dirección General de Minería, señor Alexander Medina, ya que hay un evidente conflicto de intereses en la gestión de este funcionario, por su condición de jubilado de la empresa Falcondo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que en su primer Congreso Nacional realizado en el mes de octubre  del año pasado en Santo Domingo,  ha asumido la defensa integral de los Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) entre sus resoluciones indica específicamente la defensa al derecho a  gozar de una ambiente sano y saludable para todos los dominicanos y las dominicanas y la Resolución Especial sobre Loma Miranda pide al gobierno que esta sea declarada Parque Nacional.

La deforestación sigue afectando grandes porciones de nuestro territorio, a medida que aumentan los monocultivos de palma africana y otros cultivos. El 80% de los cursos hidrográficos sufre graves daños por erosión de suelos y por la misma deforestación,  además por contaminación química y orgánica debida a la emisión en los mismos de cualquier tipo de desechos sin ningún control. Eso es muy grave considerando que alrededor de la mitad de la población dominicana no tiene acceso al agua potable y está consumiendo agua altamente contaminada con graves consecuencias para la salud.

La ciudad de San Pedro de Macorís,  ya perjudicada por diferentes problemas ambientales y sociales provocados por la masiva presencia de industrias de diferentes tipos,  se ve ahora afectada enormemente por la construcción de la  cementera Panam, de propiedad del grupo Estrella, justo en el centro de la ciudad,  que está empeorando visiblemente  la calidad de vida de sus pobladores con contaminación ambiental y acústica.  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ido apoyando el justo reclamo del pueblo macorisano a gozar y disfrutar de un medioambiente sano y saludable y una de las Resoluciones especiales de nuestro primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos es “Por un San Pedro de Macorís Libre de Contaminación”.

En fin podemos concluir que el año 2013 se ha caracterizado pon un grave deterioro de la situación de los derechos civiles y políticos (como ocurrido con la sentencia del TC 168–13) y también de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, creando una grave situación de inseguridad y de desprotección de toda la ciudadanía, a la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tratado de responder en manera  firme, honesta y consecuente con pesar de las dificultades sobre todo por  lo que concierne en el aspecto económico.