Plantón del 6 de octubre 2020 en Santo Domingo por el Codigo Penal con las Tres Causales (Foto de A.Melandri)

Fuente: El Universal — Mexico

Agredezco El Universal y José Meléndez por haber recogido declaraciones.

25/11/2020 03:31 José Meléndez / corresponsal

San José.— En busca de descanso, la anestesióloga costarricense María Cedeño Quesada viajó sola un fin de semana de julio pasado en su vehículo a una playa del sector central del litoral de Costa Rica en el océano Pacífico y se hospedó en un hotel que, por efecto del Covid-19, quedó casi vacío en esos días. El paseo terminó en la fatalidad: la mujer, de 43 años, murió tras sufrir agresiones sexuales y los tres presuntos feminicidas, ligados al hotel, están presos.

El caso sacudió a Costa Rica —con datos oficiales de 366 feminicidios de 2007 a 2020— y recordó el sombrío panorama que viven las mujeres en este 2020 en América Latina y el Caribe: asesinato, tortura, suicidio, violación sexual, aborto inseguro, explotación sexual comercial, agresión doméstica, embarazo infantil, juvenil y no deseado, marginación socioeconómica y migración forzada.

El escenario surgió al recordarse hoy, por primera vez en una pandemia, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha, creada en 1999 por la ONU, remite a los asesinatos en 1960 de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana por repudiar al dictador Rafael Trujillo, quien gobernó en ese país de 1930 a 1961.

Las voces coinciden: la emergencia sanitaria aumentó los casos de agresiones en contra de ellas. “No hay nada que celebrar”, adujo la italiana Annalisa Melandri, de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de República Dominicana. “La violencia contra las mujeres tampoco disminuye. El mal que hay que combatir de raíz es el machismo”, dijo Melandri a EL UNIVERSAL.

Una “tortura” es que, ante embarazos indeseados por violación, centenares de miles de mujeres se exponen al aborto inseguro, recalcó. El Fondo de Naciones Unidas para la Población reveló que, en 2020, la tasa de natalidad por cada mil niñas de 15 a 19 años llegó a 95 en Venezuela; 92 en Nicaragua; 89 en Honduras; 79 en Guatemala; 76 en Panamá; 74 en Guyana y El Salvador; 72 en Paraguay y 71 en Bolivia, Ecuador y México. Chile, con 26; Uruguay, con 36, y Trinidad y Tobago, con 38, ocuparon puestos inferiores. Belice con 64; Surinam con 57; Haití con 55; Argentina con 54; Brasil con 53; Cuba y Jamaica con 52; República Dominicana con 51; Costa Rica con 59 y Perú con 44 estuvieron en los intermedios.

Es sólo uno de los tipos de violencia contra la mujer que proliferó este año. La pandemia dio a muchos hombres una ventaja: ya no tenían que esforzarse para ais– lar a sus víctimas; el virus lo hizo por ellos. “El tapabocas no nos calla, vivas nos queremos”, rezaba la pancarta de argentinas que, en medio de la pandemia, protestaron este año por la violencia de la que son víctimas. La violencia contra la mujer en Latinoamérica no ha parado de crecer en los últimos años. Los asesinatos de mujeres en México pasaron de 3 mil 752 en 2018 a 3 mil 893 en 2019, según el (estatal) Instituto de Estadística y Geografía.

Colombia reportó 6 mil 770 mujeres víctimas de asesinatos, suicidios, accidentes de tránsito y otros en 2018 y 2019, según cifras oficiales. De enero a septiembre de 2020 y por esas causas, murieron mil 907 y, sin saldo fatal, 57 mil 382 sufrieron violencia interpersonal e intrafamiliar, delito sexual o percances viales, aseguraron.

Guatemala, El Salvador y Honduras registraron 7 mil 993 feminicidios de 2015 a 2019 y Perú con 600 de 2013 a 2018, de acuerdo con documentos oficiales. Sólo en los primeros meses de confinamiento se registraron 12 feminicidios y 226 violaciones, de las cuales 132 eran menores de edad. Todas ellas en aislamiento, confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o violadores, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

Informes estatales puntualizaron que Chile superó los 20 feminicidios de enero al 15 de junio de 2020 y que, de las 44 de 2019, la menor tenía 17 años y la mayor 85. Estudios independientes precisaron que Argentina alcanzó 255 de enero a octubre de este año, con 275 en 2018 y 327 en 2019, y que Nicaragua, con 59 en 2018, sumó 69 de enero al 12 de noviembre de 2020. A consulta de este diario, la argentina Elena Reynaga, presidenta de la (no estatal) Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, destacó que por la crisis sanitaria “la gente estuvo encerrada y hubo mucha violencia familiar contra las mujeres”.

En su declaración con motivo del Día de Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, se refirió a las formas de violencia que han sufrido ellas en estos meses como “la pandemia en la sombra”. Subrayó: “Hemos visto cómo el mundo entero respondió ante la pandemia por coronavirus, poniendo manos a la obra… La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es también una pandemia; precede y sobrevivirá al virus. También necesita de una respuesta global y coordinada que cuente con protocolos de aplicación”.

Contribución del Partido Comunista de Venezuela (PCV) al 20º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), en Atenas, presentada por Carolus Wimmer, Secretario de Relaciones Internacionales del PCV, el 25 de noviembre de 2018.

En el momento, cuando Carlos Marx y Federico Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista, la clase obrera estaba en nacimiento y la revolución industrial se había perfeccionado solamente en Inglaterra y Bélgica. Entonces su importancia no consistía en la cantidad de personas. La mayoría de los oprimidos la componían todavía los campesinos.

Sin embargo, Marx eligió a la clase trabajadora porque decía que es el sujeto de la historia, a consecuencia de encontrarse en una situación colectiva. Según él, los trabajadores no son un grupo de personas, sino una clase.

La clase obrera venezolana no ha tenido históricamente una alta composición numérica, debido fundamentalmente al tradicional modelo monoproductor y monoexportador de nuestra economía nacional y a las características de atraso industrial de nuestro país, resultado de la condición dependiente y al papel asignado a nuestro país, en el marco de la división internacional del trabajo bajo dirección imperialista, como productor y exportador casi exclusivo de materia prima, específicamente de petróleo crudo.

Si bien entre los años 60 y 70 del siglo XX, surgieron conglomerados industriales de cierta importancia, fundamentalmente de propiedad estatal, como las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no obstante en la década de los 80, como efecto de la aplicación de las políticas neoliberales, se inició una acelerada desindustrialización del país. Esta tendencia fue detenida a partir del año 1999 cuando el gobierno del presidente Chávez rompió con la política neoliberal, pero diversos factores internos y externos han impedido que se active un proceso de sostenida reindustrialización del país.

Si bien es cierto que la debilidad del tejido productivo ha provocado un decrecimiento numérico relativo del proletariado industrial (por ejemplo, el número de trabajadoras y trabajadores ocupados en la industria manufacturera se ha reducido más de 20% desde 1990), esto no significa un decrecimiento absoluto de la clase trabajadora, puesto que ha habido un aumento de la fuerza de trabajo ocupada en otros sectores, particularmente en la construcción, el comercio y los servicios públicos, incluyendo las telecomunicaciones y la energía eléctrica.

No obstante, los obreros de la industria manufacturera siguen siendo muy importantes desde el punto de vista cualitativo, pese a la notable reducción que han sufrido sus filas. Su número hoy está por debajo de los 500 mil, o un 4% del total de la fuerza laboral activa del país. Entre ellos destacan los metalúrgicos, concentrados en el complejo industrial guayanés.

Efectivamente se ha experimentado un proceso de disminución del parque industrial, producto del cierre unilateral de empresas por parte de sus propietarios, bien sea por motivos políticos o por razones económicas ligadas a los efectos residuales de las políticas neoliberales que favorecieron las tendencias hacia la concentración y centralización del capital. Así, entre 1996 y 2007, el número total de empresas industriales manufactureras se redujo en casi un 40%, reducción que afectó especialmente a la pequeña y mediana empresa.

En cuanto al proletariado petrolero venezolano, este no ha registrado históricamente un gran número de efectivos, aunque en las primeras cinco décadas del siglo XX, período de establecimiento y consolidación de la economía petrolera, era el componente más numeroso, organizado y combativo del conjunto de nuestra clase obrera. Experimentó luego una disminución y debilitamiento, resultado de la irrupción del uso de nuevas tecnologías y de la profusión de los mecanismos de tercerización y subcontratación en las relaciones de trabajo, además de la influencia perniciosa y divisionista de las corrientes corrompidas de la socialdemocracia pro-imperialista, que dominaron al sindicalismo petrolero por muchos años.

En cuanto a los aspectos subjetivos que definen el hasta ahora insuficiente protagonismo revolucionario de nuestra clase obrera, están la tradicional división orgánica del movimiento sindical venezolano, su débil organización y el predominio en su dirección de tendencias reformistas y burocráticas, aunque siempre han estado muy activas y combativas las tendencias que reivindican el clasismo en el seno de nuestro movimiento sindical, con destacada participación de las y los militantes comunistas.

El Programa del Partido Comunista de Venezuela (PCV), determina que los comunistas venezolanos luchamos por «(…) una revolución de verdadera independencia y democracia, antimperialista, antimonopólica y en marcha hacia el socialismo.» «La clase obrera es la fuerza principal de esta revolución por su papel fundamental en la producción, (…), por su combatividad y organización, y porque le corresponde históricamente impulsarla hacia las transformaciones socialista».

Esos criterios programáticos están relacionados con la necesidad de resolver, en un mismo proceso de lucha revolucionaria, la contradicción principal existente históricamente entre el imperialismo y la nación venezolana, y la contradicción fundamental de la sociedad capitalista, entre el capital y el trabajo. Por ello, el PCV se ha planteado durante años la conformación de un frente amplio nacional patriótico-antiimperialista, que aglutine y exprese a las disímiles fuerzas sociales y políticas interesadas en romper la dominación imperialista, conquistar la liberación nacional y abrir cauces al triunfo del socialismo en nuestro país. Un frente amplio de ese carácter sólo podrá cumplir tales tareas si lo liderizan las clases y capas explotadas y oprimidas de la sociedad, la clase obrera y las fuerzas del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

Con el objetivo de avanzar hacia la materialización de nuestros objetivos estratégicos, en las actuales condiciones en que se desenvuelve la lucha de clases en el mundo y en nuestro país, los comunistas venezolanos nos trazamos la línea táctica –confirmada en el 15º Congreso del PCV– de lograr una consistente acumulación de fuerzas obreras, campesinas, comuneras y populares, para establecer en la sociedad venezolana una correlación de fuerzas favorable a la clase obrera y al pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

El PCV aplica sus lineamientos tácticos con un plan de ofensiva ideológica, política, de masas y de reimpulso orgánico, que se despliega confrontando tanto a las fuerzas de la extrema derecha pro-imperialista como a las fuerzas del reformismo entreguista que, desde la administración del Estado burgués, engañan a nuestro pueblo con el ofrecimiento de un «socialismo del siglo XXI» que niega la lucha de clases y el papel de la clase obrera como sujeto revolucionario, sirviendo en definitiva a la preservación del sistema capitalista en su modalidad dependiente, rentista y atrasado, que no favorece el desarrollo de las fuerzas productivas ni el despertar de la conciencia revolucionaria de las masas trabajadoras.

La intensa lucha ideológica, política y de masas que asume el PCV para construir y desarrollar una opción de poder revolucionario desde el movimiento obrero y popular, lleva a los comunistas venezolanos a relacionar dialécticamente su indiscutible deslinde con el reformismo pequeñoburgués con la necesidad de una amplia alianza antiimperialista. Teniendo claro el enemigo inmediato a derrotar, forjamos la unidad social y política que nos permita enfrentarlo y derrotarlo, pero sosteniendo e incrementando el esfuerzo por que el proletariado venezolano sea la vanguardia de esa lucha amplia antiimperialista que, en definitiva, es una lucha anticapitalista y, por tanto, para que sea victoriosa, es imprescindible que la clase obrera esté al frente de ella.

Ya en su 14º Congreso –agosto de 2011–, el PCV concluyó que el proceso bolivariano sólo podría avanzar efectivamente hacia la conquista de la liberación nacional y abrir cauces a la perspectiva socialista «en dependencia de una correlación de fuerzas favorable a la clase obrera», liderizando un bloque de fuerzas populares revolucionarias que se coloque al frente de la amplia alianza antiimperialista. Tal precisión definió la política del PCV y las tareas de los comunistas venezolanos en el movimiento de las y los trabajadores, con diversas adecuaciones tácticas, desde el 2011 y hasta el presente momento.

La actual crisis sistémica del capitalismo coincide con el desarrollo de procesos progresistas y revolucionarios, fundamentalmente de carácter antiimperialistas y antioligárquicos, particularmente en América Latina, cuyas múltiples contradicciones intrínsecas generan expectativas en diversas direcciones.

Uno de los rasgos comunes en tales procesos políticos, además de su carácter cuestionador de la dominación imperialista estadounidense en la región, la reivindicación de la soberanía nacional y una mejor distribución de la riqueza, atributos que de por sí los hacen merecedores del respaldo de las fuerzas consecuentemente revolucionarias, es que su vanguardia social ha sido asumida por sectores radicalizados de la pequeña burguesía y de capas medias profesionales, incluso con importante protagonismo de la llamada burguesía nacional emergente, no monopolista, interesada en tomar las riendas de la dinámica económica, en contraposición con la estrategia de control hegemónico global de los monopolios transnacionales.

Confrontación interburguesa que tiene particular definición en Venezuela, con su economía petrolera rentista, donde prácticamente toda la dinámica económica y social gira alrededor de los recursos que genera la exportación de crudo, actividad bajo monopolio estatal, por lo que las diversas fracciones burguesas intentan tomar control directa o indirectamente del aparato estatal y la administración de la renta petrolera.

En tal contexto, ha surgido el planteamiento diversionista del «socialismo del siglo XXI», con mayor fuerza levantado por el liderazgo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, seguido por los gobiernos progresistas de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, asumido además por corrientes políticas oportunistas en otros países de América Latina y el Caribe.

Esta circunstancia histórica ha sido cuna del renacer de diversas viejas «teorías» y concepciones, presentadas con apariencia de originales y autóctonas, etiquetadas de endógenas, pero que en definitiva envuelven la negación de la lucha de clases y del papel revolucionario de la clase obrera, de la desestimación de la teoría científica del proletariado y de la necesidad de su instrumento orgánico, el partido político fundamentado en los principios del marxismo-leninismo.

Tal situación tiene su explicación, en buena medida, en la aún insuficiente fuerza cuantitativa y cualitativa de la clase obrera venezolana, que le ha impedido hasta ahora jugar un papel determinante o relevante en el curso del proceso de cambios que transita la República Bolivariana de Venezuela, aunque hay manifestaciones crecientes e indudables de una cada vez mayor conciencia política de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano, lo que favorece el desarrollo de una línea política para la defensa, consolidación y profundización de los cambios revolucionarios. Algunas de estas manifestaciones positivas, son las acciones de masas por la aprobación de una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo y la lucha por avanzar en el establecimiento de un nuevo modelo de gestión de las empresas, particularmente las de propiedad estatal, bajo el principio de control obrero, con la constitución de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, como instrumentos para el ejercicio de la dirección colectiva de las y los trabajadores en los procesos productivos, en combate por desmantelar las opresivas relaciones capitalistas de producción y por destruir al Estado burgués, propiciando la formación de una conciencia revolucionaria en la clase obrera.

Los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, tal y como los concibe el PCV, cumplirán cabalmente su papel revolucionario de clase, en la medida en que las y los trabajadores que asumen su construcción y desarrollo, elevan su conciencia, de clase en sí a clase para sí.

De acuerdo al análisis que hace el Partido Comunista de Venezuela (PCV), los cambios ocurridos en estos años en el marco del proceso político bolivariano, son hasta el presente momento, el resultado de una práctica social-reformista de tendencia patriótica y progresista, con un determinante protagonismo de sectores de la pequeña burguesía. Tal realidad será trascendida sólo mediante una nueva correlación de fuerzas populares y revolucionarias liderada por la clase obrera, que permitirá garantizar la consolidación de la liberación nacional y crear condiciones para avanzar efectivamente hacia el objetivo estratégico de la toma del poder por la clase obrera y avanzar en la construcción del socialismo.

Para el PCV, la necesidad de defender y fortalecer la autonomía e independencia del movimiento obrero y sindical, así como de todas las organizaciones de masas, frente a la patronal, el Estado y los partidos burgueses y pequeñoburgueses, se coloca en la primera prioridad de las y los trabajadores con conciencia de clase, tanto desde las organizaciones sindicales, como desde el accionar de las y los delegados de prevención (representantes de las y los trabajadores para la defensa de la salud y seguridad en el trabajo) y de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, surgidos como consecuencia de la premisa constitucional de la democracia participativa y protagónica y como instrumentos que reivindican el ejercicio del control obrero en los procesos de producción, administración y distribución de bienes y servicios, desde cada centro de trabajo y en las diversas ramas productivas.

Esta necesidad se pone de relieve ante el hecho cierto de que está en desarrollo una generalizada tendencia a colocar bajo la subordinación del gobierno nacional y de otras instancias del poder estatal, a todas las organizaciones sociales. Pero es particularmente grave en el caso de las organizaciones de la clase trabajadora, puesto que al ejercer la pequeña burguesía la hegemonía de la dirección del proceso y del gobierno nacional, se pretende que las y los trabajadores declinen su independencia de clase, indispensable para demandar sus derechos particulares y para reivindicar sus intereses colectivos, económicos, sociales y políticos que, básicamente, son los mismos intereses de las mayorías populares de la ciudad y el campo, pero que a la vez son intereses contrarios a los sectores que, en lo fundamental, ejercen buena parte del poder político. Tal situación está generando continuos y crecientes conflictos.

La lucha por avanzar hacia la unidad orgánica y programática del movimiento de las y los trabajadores, se inscribe en la lucha por transformar al sindicalismo venezolano, rearmándolo de los principios que deben guiar la acción liberadora de nuestra clase, esencialmente para derrotar al reformismo en su seno y para que éste, en sus diversas luchas y realizaciones, sirva a la formación de la conciencia de clase y al ascenso del proletariado, en alianza estratégica con otras clases y capas sociales también explotadas y oprimidas, a la condición de clase dirigente.

El 13º Congreso Extraordinario del PCV (marzo de 2007) afirmó: «…entre las tareas de mayor trascendencia del partido de la revolución, se encuentra el diseño de una política capaz de conquistar el movimiento sindical  para adecentarlo, para erradicar los enormes vicios incubados como consecuencia de las tremendas perversiones del reformismo, de las practicas desarrolladas por los sindicatos patronales, y de los efectos del clientelismo, para romper definitivamente con su atomización, para convertirlo en una fuerza de primera línea en la construcción de una nueva sociedad.»

Es necesaria la existencia y el fortalecimiento del partido de la clase obrera en el marco del proceso político venezolano. Quienes desde el proceso bolivariano consideran que la clase obrera no es el sujeto histórico de la revolución social, ya por desconocimiento de la teoría del socialismo científico, ya por considerar amenazados sus intereses de clase, llegan a la conclusión de que la clase obrera no debe organizarse de manera independiente, como clase. Por tanto, desdeñan y cuestionan la vigencia del partido revolucionario de la clase obrera, tratando de descalificar al Partido Comunista de Venezuela, jugando a su invisibilización, presionando por su liquidación.

A este respecto la Tesis sobre el Partido de la Revolución, emanada del 13º Congreso Extraordinario del PCV, expresa lo siguiente:

«Al referirnos a la participación y protagonismo de las masas, tenemos que hacer un énfasis especial en el esfuerzo orgánico que nos corresponde cumplir con la clase obrera y demás sectores de trabajadores y trabajadoras. Si nos planteamos erradicar el capitalismo, debemos convertirnos en la organización política, en el interprete genuino de los intereses de la clase social que, por su posición en la estructura socioeconómica, no sólo resulta la más directamente afectada por la explotación capitalista y, por lo tanto, objetivamente la más interesada en la supresión de la esclavitud asalariada, sino además la que, con la consecución de esta última meta, libera al resto de la sociedad del régimen de explotación, pues, desprovista como está de los medios de producción, no aspira a conquistarlos para la explotación de otras clases sociales.»

Agrega de seguidas este documento: «… el partido de la revolución deberá ser por su contenido, por su política, por su composición, por su ideología, por los intereses que encarna, el partido de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador. Por supuesto, a este partido también entrarán miembros de otras clases y capas de la sociedad, pero a condición de que al hacerlo asuman como propios los intereses que encarnará el partido, que deberán ser los de la clase obrera, si queremos ser consistentes con el objetivo programático de naturaleza estratégica que perseguimos: el socialismo.»

«La definición precisa del contenido clasista del partido de la revolución es una necesidad histórica, y no está reñida con el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana en la actualidad. Esta fase de nuestra revolución exige, efectivamente, una amplia alianza de clases… en torno a los objetivos de la liberación nacional. Aprovechar todas las contradicciones y divergencias que puedan existir entre sectores de la burguesía grande y pequeña, por un lado, y el imperialismo, por el otro, es una de las tareas primordiales de la alianza antiimperialista; pero esta alianza no debe producirse en el seno del partido de la revolución, especialmente cuando reconocemos que el rumbo de esta revolución apunta al socialismo».

«El partido de la revolución socialista no podrá cumplir su objetivo histórico si se conforma bajo una concepción policlasista que, en definitiva, subordina al conjunto de las clases, capas y sectores sociales de carácter popular, a los intereses del bloque económico dominante en el seno de la respectiva organización. Las limitaciones de este tipo de partido son ampliamente conocidas en nuestra historia: se diluye el carácter revolucionario del partido, se subordinan los intereses anticapitalistas del pueblo trabajador a los intereses del capital sobre la base de reacomodos, concesiones y dadivas; se suplanta la lucha de clases como mecanismo de transformación por la conciliación de clases con la finalidad de estabilizar el sistema; se sustituye la revolución por la reforma; se desdibuja el horizonte histórico socialista y comunista, con el cual solo la clase obrera está orgánicamente vinculada.»

De tal manera, nuestro partido fijaba posición y hacía aportes para el debate, entonces abierto, en torno al carácter del partido que necesita la revolución venezolana. En este 13º Congreso Extraordinario, el PCV reafirmó su condición de partido revolucionario de la clase obrera, sustentado en la teoría científica del marxismo-leninismo, tal y como lo asumió desde su fundación en 1931 y que, utilizando tal herramienta teórica y metodológica, diseña una línea política basada en la necesidad de resolver la contradicción principal del momento histórico, la que existe entre los intereses hegemónicos del imperialismo y los de la nación venezolana, y la contradicción fundamental e irreconciliable presente en la sociedad capitalista: entre el capital y el trabajo. De allí la necesidad de que la clase obrera, con su partido y su ideología revolucionaria, asuma la vanguardia en la lucha por la liberación nacional y el socialismo, en la perspectiva comunista.

Una línea política dialéctica: alianza antiimperialista y necesidad de una correlación de fuerzas bajo dirección de la clase obrera.

Con base a la caracterización que hace nuestro Partido acerca del proceso revolucionario venezolano y, particularmente de su actual fase, hemos propuesto la necesidad de conformar un Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, que integre al conjunto de los factores políticos y sociales que coinciden en la necesidad de enfrentar y derrotar la dominación imperialista y conquistar nuestra plena liberación nacional.

Precisamente por ello, simultáneamente propugnamos la conformación de un Bloque Popular Revolucionario (BPR), necesariamente circunscrito a quienes nos proponemos la completa abolición del sistema de explotación y, por lo tanto, no puede incluir absolutamente a ninguna fracción burguesa ni a organización alguna que exprese sus intereses.

Las y los comunistas luchamos para que el Bloque Popular Revolucionario sea liderado por la clase obrera, para que, en el contexto de la agudización de la lucha de clases, éste pueda asumir consecuentemente la batalla social y política contra el dominio del capital, y por la instauración de un Estado democrático-popular revolucionario en que inicie la edificación del verdadero socialismo, con la clase obrera en condición de vanguardia. Construir un Bloque Popular Revolucionario es de crucial importancia para la clase obrera en su lucha por el poder, como lo afirmaba el camarada Antonio Gramsci en 1926, consecuente con el pensamiento leninista, de inobjetable actualidad para las y los comunistas venezolanos: «El proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora».

La tensa situación que se está viviendo en estas hora en Haití, debido al llamado a protestas para este domingo 18 de noviembre de la oposición y de sectores sociales quienes demandan el cese de la corrupción, la investigación de los contratos de Petrocaribe y la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse, está asumiendo tonos muy violentos y ya ha provocado dos muertos  y  decenas de heridos entre manifestantes y agentes de policía.

A pesar de haber llamado a la movilización para este domingo, las protestas en todo el país han iniciado el lunes pasado en reclamo a los resultados de  una investigación iniciada en el 2017 por el senado haitiano la cual reveló  que 14 funcionarios del gobierno del anterior presidente Michel Martelly, malversaron 3,800 millones de dólares del programa de subministro de petróleo a condiciones favorables desde Venezuela llamado Petrocaribe,   impulsado por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en toda la región en cambio de  productos, servicios básicos  y apoyo internacional.

El actual presidente Jovenel Moise, del mismo partido de Martelly, es acusado de no cumplir con las promesas electorales y de no avanzar con las investigaciones con el caso Petrocaribe, por el cual no hay ningún enjuiciado.

El miércoles, una marcha multitudinaria recorrió Puerto Príncipe en la cual se registraron incidentes y actos vandálicos hacia centros comerciales y automóviles.

Analistas internacionales ya  habían indicado Haití como una bomba de tiempo respecto al estallido de una violenta protesta social por los altos niveles de pobreza del pueblo haitiano y un fuerte sentimiento de indignación acumulado tras la sucesión de gobiernos corruptos e ineptos.

Mientras Haití,  a pesar de la fuerte presencia del contingente de los Cascos Azules de las Naciones Unidas, (presencia rechazada por la gran mayoría del pueblo debido a los escándalos en los que se han viso involucrado sus miembros) y de las cuantiosas inversiones de las potencias extranjeras después del temblor de tierra del 2010, no lograba salir nunca de su condición de estado fallido, el pueblo haitiano seguía hundiéndose  en la pobreza extrema y en condiciones de vida al limite de la dignidad humana.

Por eso no ha de sorprender el estallido de la protesta social de estos días, sobre todo porque no ha sido un caso aislado.

Ya en el mes de julio de este año, el pueblo se había lanzado a la calle por el anuncio hecho por el gobierno de un alza de combustibles que era parte de un paquete de ajustes implementados de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En esa ocasión las compañías aéreas estadounidenses Spirit Airlines, Jet Blue y American Airlines habían  cancelado sus vuelos a Puerto Príncipe a raíz de las protestas que dejaron en ese entonces tres muertos.

El 17 de octubre, fecha trascendental por el pueblo haitiano,  en que se conmemora la muerte de Dessalines, líder de la Revolución haitiana,   miles de ciudadanos tomaron las calles exigiendo medidas ante los resultados de la investigación sobre los fondos de Petrocaribe y en  esta ocasión también hubo dos muertos y decenas de heridos, cuando el presidente fue asaltado por una turba en momentos en que se aprestaba a rendir su homenaje ante el monumento al héroe nacional.

La situación en Haití como siempre trae reflejos, nunca positivos,  en la cercana República Dominicana, con la cual comparte la misma isla.

Las relaciones entre los dos países, debido a 20 años de ocupación haitiana sobre la República Dominicana,  terminada en 1844, nunca han sido amigables.

Los dominicanos se sientes invadidos y amenazados  por la migración ilegal descontrolada de los haitianos a República Dominicana.

Los haitianos no pierden ocasión para vengarse de este sentimiento de rechazo de parte de sus vecinos.

El pasado viernes 16 de noviembre unos camioneros dominicanos en medio de la protesta han sido abaleados y uno de ellos ha reportado graves heridas, saliendo vivo por milagro.

La semana pasada un grupo de médicos quienes se encontraban practicando motocross en la Carretera Internacional en un lugar de difícil demarcación territorial a la frontera entre ambos países,  han sido rodeados por un turba de un centenar de haitianos armados de machetes y cuchillo quienes los han despojados de todas sus pertenencias frente a una patrulla del ejercito dominicano que no ha podido hacer otra cosa que presenciar el hecho impotente.

Estos sucesos exacerban el racismo y la intolerancia que permean la sociedad dominicana. Sectores ultranacionalistas aprovechan los hechos  y el clima de inconformidad para tildar de traidor el presidente Danilo Medina acusándolo de extrema debilidad  frente al fenómeno migratorio.

Circula en estas horas un video de ciudadanos  originarios de diferentes  ciudades de la República Dominicana quienes se estarían organizando en la creación de un ejército paralelo con el objetivo de sacar todos los haitianos del país  y amenazar los ciudadanos dominicanos progresistas  que abogan por soluciones armónicas al fenómeno migratorio como los defensores de derechos humanos o algunos periodistas y no es la primera vez que hechos como este se dan a conocer.

Lo más penoso es que  muchos elementos, más allá del territorio de la misma isla,   unen  estos dos pueblos históricamente enemigos, como por ejemplo la pobreza y la  corrupción de su clase dirigente.

Sin embargo,  las izquierdas de los dos países, que en el capitalismo depredador tienen el enemigo común,  logran encontrar puntos de unión o solidarizarse entre sí.

Divide et impera desde Julio Cesar se ha demostrado una excelente estrategia de dominación.

Aplaudo a la rebelión del pueblo haitiano, aplaudo a la gente en la calle, a los machetes en alto, a las balas y las piedras, al humo y a la sangre si sangre hay que derramar.

Aplaudo a los vehículos en llamas, a las calles que son trincheras y aplaudo  a los centros comerciales devastados.

Aplaudo y me inclino a ese grito de rebeldía de un pueblo al que le han quitado todo, hasta el miedo.

Aplaudo y me inclino a todo esto y a lo que vendrá si será necesario y me conmueve este estallido de dignidad en un panorama regional caracterizado por inedia e inacción.

Una vez más, los negros, los últimos de la tierra, los descendientes de los esclavos, los que llevan África en las venas y en la piel, le demuestran a los poderosos del mundo, a los corruptos de todos los continentes  que hay que tener cuidado cuando se juega con la dignidad de un pueblo que desde tiempo no tiene nada más que perder sino una vida que vida no es.

Traducido de Scintilla n. 87 mes de marzo 2018 (1ra.parte)

(sigue)

Internacionalismo hace rima con América latina

por Annalisa Melandri

El triste silencio que se levanta del panorama europeo sobre la masacre del pueblo palestino, que Israel una vez más está llevando a cabo en estas semanas en su enésima operación genocida, no es hipocresía política, sino solamente una lógica consecuencia del descarado apoyo que los gobiernos de los países que integran la Unión Europea están brindando a la operación “Margen Protector”.

A parte de algunas obvias declaraciones de un “cese inmediato del fuego” en ocasión de los bombardeos israelíes a las escuelas de la ONU en Gaza, la postura de la Unión Europea no refleja ambigüedad, sino expresión de apoyo, ya que no se trata de silencio diplomático, sino de tácito consenso al ataque militar de Israel en la Franja de Gaza.

El silencio cómplice de la Unión Europea, cualquier cosa quiera decir, lejos de representar una postura política consensuada entre sus países, es más bien la suma de los silencios cómplices de cada uno de ellos, ya que hasta las Naciones Unidas en esta ocasión, han condenado con más vehemencia que antes, la masacre de civiles palestinos.

28 silencios, tantos son los países miembros de la Unión Europea, que pesan como piedras en esta ulterior página negra de la historia de la colonización, asedio e invasión militar de Palestina.

Italia  lleva alta la bandera del silencio, y en su caja fuerte guarda los contratos de venta de armas firmados con Israel. Mi país es el primer proveedor de armas livianas y aparatos militares a Israel de la Unión Europea y frente al tamaño de los negocios en este sector que hay entre los dos países, todos los llamados que hemos firmado y enviado al gobierno de “centroizquierda” del primer ministro  Matteo Renzi, para que retire su embajador o para que exprese una postura firme de condena, parecen (y finalmente lo son), ridículos.

El 41 por ciento de todas las exportaciones de armas livianas y de sistemas militares de la Unión Europea hacia Israel, salen de Italia, según explica el Observatorio Permanente sobre las Armas Livianas y Políticas de Seguridad y Defensa y el mayor cliente de la industria bélica liviana y de sistemas militares de seguridad de Italia es Israel.

No se trata solamente de venta de armas, mas se lee en el (prácticamente único) periódico de izquierda italiano a circulación nacional, “el manifesto”, que la “cooperación entre los ministros de defensa y de las fuerzas armadas de Italia e Israel tiene que ver con “importación, exportación y transito de materiales militares”, con la “organización de las fuerzas armadas”, “formación y entrenamiento”, […] “reuniones de los dos ministros de la defensa y de los comandantes en jefe” de los dos países, “intercambio de experiencias entre expertos”, “organización de las actividades de entrenamiento y de ejercicios”, “participación de observadores a los ejercicios  militares”.

¡Espeluznante!

La izquierda europea, la que en las décadas de los ‘60 , ‘70 y principios de los años ‘80 del siglo pasado, se distinguía en el panorama mundial por su internacionalismo solidario y militante, está desperdiciada, agotada, estricta entre cuatro factores claves que en los últimos años han ido anestesiando progresivamente cualquier señal de justa rebeldía (salvo casos particulares que sin embargo no representan un repudio de masa como hubiera ocurrido en otros tiempos) hacia lo que se puede considerar, según mi opinión, un verdadero genocidio, según todos los criterios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estos factores son:

1) Una coyuntura económica no difícil, más bien gravísima, sobre todo por la carga aniquiladora y pesimista que conlleva respecto a las perspectivas y las esperanzas de millones de jóvenes hacia un futuro (y a un mundo) mejor. Este no aparece ya deseable y posible, sino que las nuevas generaciones han perdido también la capacidad de soñarlo y por ende proyectarlo en la realidad.

2) El degrado cultural en el que las clases dirigentes (porque de ellas es la responsabilidad) han hundido la juventud europea por medio de las políticas neoliberistas; los recortes a los gastos públicos en materia de educación, investigación científica y proyectos culturales; y las privatizaciones hacia las que caminan expeditas muchas universidades públicas europeas que una vez eran verdaderos santuarios cultuales y académicos.

3) La precarización del trabajo y la progresiva destrucción de los mecanismos de protección social de keynesiana memoria que han llevado (entre otras causas), a una mutación cuasi social y antropológica de las sociedades modernas. Y es imposible en tal sentido no hacer referencia al pensamiento y a los trabajos del sociólogo Zygmunt Bauman sobre la “sociedad liquida”, en la que se produce el colapso de la imaginación “colectiva” y crece la inseguridad tanto económica cuanto emocional, sobre todo desde el principio de los años ´80 (¿una vez más podemos referirnos al neoliberismo como principio del fin?).

4) Como consecuencia de los tres puntos precedente se da el avance de las derechas por todo el viejo continente, expresadas en agrupaciones partidistas pero también y –más grave porque menos cuantificable y tangible– en un sentimiento difuso y permeado de antivalores (deseo de militarismo de la sociedad en respuesta a la inseguridad, intolerancia racial, individualismo, egoísmo, homofobia) que plasma la población y las nuevas generaciones.

Todo cuanto antes expresado ha provocado en las últimas décadas la caída casi total de la atención tanto a nivel general, cuanto de parte de la militancia europea de izquierda,  hacia los acontecimientos  internacionales.

Y más grave, lamentablemente en ese caso, el hecho que por lo que concierne la cuestión palestina, la izquierda tiene que compartir el escenario de la protesta, cuando la hay, con sectores (aunque minoritarios) de la derecha de matriz neo nazista, históricamente antisemitas.

Completamente diferente el panorama en América latina, sobre todo respecto a las posturas institucionales de los diferentes gobiernos de la región y de sus representaciones diplomáticas en el exterior.

Así nos enteramos por ejemplo  que la embajada de Venezuela en Roma es la que más activamente está colaborando con la de Palestina para las donaciones de medicinales y contribuciones económicas por la emergencia sanitaria en Gaza de estas semanas o que en las próximas horas llegarán en Venezuela niños palestinos que necesitan atención medica, “víctimas de la agresión de Israel, para ser atendidos en las casas de albergue que dispuso el presidente Nicolás Maduro”, en una operación que se llevará a cabo conjuntamente con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR) y con la UNICEF.

Aviones de las Fuerzas Armadas Venezolanas llegarán además en Egipto la próxima semana para la entrega de ayudas donadas al pueblo palestino.

En el mismo tiempo se multiplican los llamados que salen desde la región pidiendo la paz y el cese de los ataques pero también la adopción de medidas internacionales y la definición, según pidió el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, de Israel como “Estado terrorista”.

Entre los llamados destaca por el peso moral de sus promotores y por el de los firmantes el Manifiesto “En Defensa de Palestina”, promovido por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (o Red en Defensa de la Humanidad, REDH) fundada propio por Evo Morales. Entre los firmantes hay Fidel Castro y el mismo Evo Morales, el escritor Eduardo Galeano, el premio nobel por la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la activista Piedad Córdoba, el filosofo italiano Gianni Vattimo entre otras destacadas personalidades del mundo cultural, académico y político latinoamericano y del mundo.

En el Manifiesto se reconoce y expresa “solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino y de sus organizaciones de resistencia”, se “condena el rol imperialista de Estados Unidos” y se denuncia la “complicidad […] de los gobiernos de la Unión Europea” en el tiempo que se anima a “sumarse a la campaña por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones al Estado terrorista de Israel siendo hora de la solidaridad activa y creativa”, se exige “el fin del apartheid y el genocidio” y se demanda “a los gobiernos del mundo que exijan a Israel el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Onu que lo obligan a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, retornar a las fronteras anteriores a la “Guerra de los Seis Días” (1967) y asegurar el retorno de los refugiados palestinos, tal cual fuera establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad Nº 242 del 22 de noviembre de 1967, resolución incumplida hasta el día de hoy por el Estado de Israel”.

Sin embargo las manifestaciones de apoyo y de solidaridad hacia el pueblo palestino van más allá de la difusión del Manifiesto y de otros llamados. Ha sido también en esa ocasión la del presidente de Bolivia Evo Morales la voz tonante que se ha levado firme en condena de Israel, llegando a declararlo “estado terrorista” y exigiendo a los ciudadanos israelíes el visado para entrar al país, contrariamente a cuanto previsto por los acuerdos vigentes entre ambos países desde 1972.

También los años pasados Bolivia se había  destacado por ser uno de los países de América latina que más contundentemente había  expresado su solidaridad con el pueblo palestino. En el 2009, junto a Venezuela, rompió las relaciones con Israel a raíz de la operación militar Plomo Fundido y en el 2010 reconoció Palestina como estado soberano e independiente, sumándose a las decisiones adoptadas en tal sentido por los gobiernos de Brasil (el primero en la región a hacerlo) y Argentina.

Venezuela lo hizo en 2011 por medio de una carta escrita por el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y dirigida al secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon y a la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario aclaraba que “una cosa es denunciar el antisemitismo y otra completamente diferente, aceptar pasivamente que la barbarie sionista imponga un régimen de apartheid hacia el pueblo palestino”.

“Régimen sionista”, “apartheid”, “genocidio”, Gaza como “gran Auschwitz”: los gobernantes y los políticos europeos nunca han llegado a adoptar palabras tan duras de condena hacia los crímenes israelíes, eso tal vez por el riesgo de ser tachados de antisemitas, chantaje moral al que Israel se agarra siempre cuando las criticas suben de tono, o/y tal vez por un intrínseco (no ilógico, sino mas bien inútil y anacrónico) remordimiento de conciencia que siguen sintiendo hacia el pueblo israelí. Remordimiento  del cual la diplomacia de ese país sigue aprovechándose,  repitiendo al infinito su retorica de “pueblo perseguido”. ¿Hasta cuándo?

Nunca creo en la historia ha habido demostración más tangible de la teoría de la psicoanálisis según la cual la víctima, si no resuelve los problemas relacionados con los abusos sufridos se volverá a su vez victimario.

En la actualidad casi todos los países de América latina y el Caribe reconocen la soberanía e independencia de Palestina, algunos, como Chile y Perú no lo han hecho respecto a los límites territoriales de 1967 y falta al llamado regional en tal sentido la Colombia, y no extraña, aunque duela esta postura, por los vínculos y relaciones militares –y paramilitares– vigentes entre ambos países.

En el ámbito de las iniciativas adoptadas por los gobiernos latinoamericanos en ese momento, resalta la decisión del gobierno de Ecuador, presidido por Rafael Correa, de ratificar, por medio de su representante ante el Consejo de Seguridad de la Onu,  Xavier Lasso, su reconocimiento a Palestina como estado independiente con sus fronteras establecidas en 1967, quien pidió “que se terminen los abusos y la violencia desequilibrada de Israel”.

Mientras todos los gobiernos indistintamente han condenado los ataques de Israel y mientras prácticamente la gran mayoría de los países ha llamado a consultas sus embajadores (El Salvador, Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Ecuador) o ha convocado a consultas los embajadores israelíes presentes en su territorio (Argentina y Costa Rica),  resalta negativamente una vez mas el gobierno de Colombia,  que por medio de la cancillería ha emitido un comunicado oficial en el que condena “los actos de violencia y terrorismo contra el territorio israelí.

La Unión de las Naciones Suramericanas, Unasur, recibirá el próximo 22 de agosto en Montevideo el ministro de relaciones exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad Al Maliki, quien busca consenso y apoyo y posiblemente una declaración conjunta de condena contra los ataques y la invasión de la Franja de Gaza, y todo deja imaginar que la obtendrá de parte del importante organismo de integración regional.

Cabe destacar, y habrá que esperar para ver los resultados que llevará, que en esa ocasión el ex presidente colombiano Ernesto Samper será nombrado secretario general de la organización.

Al Maliki se encuentra en estas horas en Venezuela donde además de promover y coordinar el apoyo regional hacia la causa del pueblo palestino, ratificará algunos acuerdos en temas de cooperación internacional con el gobierno venezolano ya firmados el pasado mes de mayo por el presidente del Estado de Palestina Mhmoud Abbas. El canciller palestino además se reunirá en Caracas con los cancilleres de los países integrantes  la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Se asiste a dos paradigmas diferentes que se manifiestan respecto a la causa del pueblo palestino: por un lado Europa silente y ambigua, incapaz de expresarse de forma unitaria y clara, estrecha entre su dependencia de Estados Unidos, sus históricos sentidos de culpa y los vínculos económicos, sobre todo de tipo militar con Israel, que le quitan dignidad a las pocas declaraciones de condena de los ataques en Gaza que ha producido, por el otro lado  América latina, que aunque con ligeras diferencia entre algunas  posturas políticas (como el caso de Colombia) recibe y escucha el canciller Riad Al Maliki, envía ayudas internacionales y asume una postura unitaria que se evidencia en  las iniciativas propias de cada país de las cuales hemos hablado poco antes.

¿Antiimperialismo? ¿La presencia de gobiernos de izquierda y centro izquierda que por la mayoría rigen los países de la región? ¿La presencia de Cuba que siempre lleva alta  la bandera del internacionalismo militante y la solidaridad entre los pueblos oprimidos del mundo? ¿El legado de Hugo Chavéz que fue el que quien mas contundentemente asumió la defensa de la causa palestina también con acuerdos de cooperación? ¿Un nuevo orden geopolítico? Quizás  un poco de todo esto.

Lo cierto es  que en América latina el repudio a la arrogancia y a la violencia del gobierno israelí en ese contexto  se está expresando a plena voz en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, involucrando amplios sectores de la sociedad. Las protestas en todas las capitales de América latina, América central  y Caribe han sido masivas y bien articuladas, como la que se ha dado en Santiago del Chile hace algunos día donde los organizadores han contado mas de 15mil personas o la de ciudad de México.

La protesta no se configura, como  patrimonio moral e ideológico exclusivamente de la izquierda (o de la extrema derecha) como ocurre en Europa, (aunque la brutalidad de los ataques y el elevado numero de niños fallecidos está allá también indignando amplios sectores de la sociedad, los mismos que pasado el momento se olvidarán  del drama continuo que los sobrevivientes viven en Gaza), sino expresión común de disgusto y condena hacia lo que es un genocidio, y en este hemisferio sí se puede y se llaman las cosas con su nombre.

Son pocas las voces que se levan en defensa de Israel, por la mayoría cercanas a posturas gubernamentales como en el caso de Colombia o a la comunidad hebraica presente en la región.

Un aspecto importante y peligroso,  hay que evidenciarlo,  y es la enorme presencia de iglesias  cristianas evangélicas, notoriamente vinculadas con Israel,  cuyos pastores, sobre todo los más exaltados e integralistas apoyan el ataque militar israelí y afirman que “Dios protege el estado de Israel”.

Se trata sin embargo de voces aisladas, que por el momento, y afortunadamente,  no suman  consenso.

Parigi, 30 luglio 2014 – In un documento pubblicato  nella giornata di ieri e frutto dell’ iniziativa di un suo organismo membro argentino, il Centro di Studi Legali e Sociali (CELS), la FIDH ed altre 100 organizzazioni per la difesa dei diritti umani di  tutto il mondo, hanno denunciato le nefaste conseguenze sui diritti umani che implica la decisione adottata dalla  Corte Suprema degli Stati Uniti di respingere un ricorso relativo al debito pubblico  dell’ Argentina.

Il rifiuto della Corte Suprema convalida così   la decisione del  tribunale di grado inferiore e obbliga   l´Argentina al pagamento ai creditori, conosciuti anche come “fondi avvoltoi”,  che avevano acquisito titoli  del debito sovrano dopo l’ultimo default del paese e che non avevano accettato   gli accordi di ristrutturazione del 2005 e del 2010.

Questa decisione potrebbe condurre di nuovo l’Argentina al blocco dei pagamenti e potrebbe avere un impatto negativo sulla sua capacità  di rispettare e proteggere i diritti umani.

Le organizzazioni firmanti avvertono che questo conflitto  sul debito pubblico tra l’Argentina, i fondi avvoltoi e il sistema giudiziario degli Stati Uniti non deve essere visto come un caso isolato, ma piuttosto come l’espressione di una problematica globale che ha ripercussione sull’applicazione effettiva dei diritti umani.

Questo caso dimostra la necessità  di mantenere un equilibrio tra gli interessi dei creditori e i debitori che  garantisca che gli Stati possano adempiere con l’ obbligo di proteggere e far rispettare i diritti umani. Come riconosciuto dalle Nazioni Unite  “le strategie in materia di debito estero devono essere disegnate in modo da non ostacolare il miglioramento delle condizioni che garantiscono l’esercizio dei diritti umani e dovrebbero, tra le altre cose,  assicurare che gli Stati debitori raggiungano  un tasso di crescita sufficiente per soddisfare i loro bisogni in campo sociale, economico e di sviluppo e per ottemperare con i loro obblighi verso il rispetto dei diritti umani”.  La Corte Suprema degli Stati Uniti  ha perso opportunità di rispettare questo principio.

Leggi l’articolo del CELS qui (in spagnolo e in inglese)

Leggi la dichiarazione congiunta Debito Pubblico Argentina e Diritti Umanai qui (in spagnolo e in inglese) con la lista delle organizzazioni firmanti

Contatti stampa FIDH:

José Carlos Thissen (spagnolo, francese e inglese) – Tel: +51 9541 31650 / +598 9105 7321 (América Latina)

Audrey Couprie (spagnolo, francese e inglese) — Tel: +33 6 48 05 91 57 (Parigi)

La FIDH (Federazione Internazionale dei Diritti Umani) è  una ONG internazionale di difesa dei diritti umani che federa 178 organizzazioni presenti in circa 120 paesi del mondo. Dal 1922 lavora per il rispetto dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, così come enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.  

FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos

Comunicado de prensa

100 organismos de defensa de los derechos humanos denuncian las repercusiones negativas de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la deuda argentina

París, 30 de julio de 2014.- En una carta a iniciativa de su organismo miembro en Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicada ayer, la FIDH y 100 otras organizaciones de derechos humanos del mundo entero denunciaron las consecuencias nefastas sobre los derechos humanos que implica la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de desechar un recurso relativo a la deuda soberana de la Argentina.

La negativa de la Corte Suprema para procesar este caso valida la decisión de un tribunal inferior forzando a Argentina a pagar a los acreedores también conocidos como “fondos buitres” que habían adquirido títulos de deuda soberana después del ultimo default de la Argentina, pero no aceptaron los acuerdos de reestructuración de 2005 y 2010. Esta decisión podría conducir de nuevo a la Argentina a un cese de pagos y tener un impacto negativo en su capacidad de respetar, proteger y cumplir todos los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes advierten que este conflicto sobre la deuda soberana entre la Argentina, los fondos buitres y el sistema judicial de los Estados Unidos no debe ser visto como un caso aislado, sino más bien como la expresión de un problema global que afecta a la aplicación efectiva de los derechos humanos.

Este caso demuestra la necesidad de mantener  un equilibrio entre los intereses de los acreedores y los deudores que garantice que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones de proteger y cumplir los derechos humanos. Como reconocido por las Naciones Unidas, “las estrategias en materia de deuda externa deben ser diseñadas de manera que no obstaculicen la mejora de las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos humanos y deberían, entre otras cosas, asegurar que los Estados deudores logren una tasa de crecimiento suficiente para satisfacer sus necesidades sociales, económicas, de desarrollo, y para cumplir con sus obligaciones con los derechos humanos”. La Corte Suprema de los Estados Unidos perdió la oportunidad de respetar este principio.

Leer el artículo de CELS aquí: (en español e inglés)

Leer la declaración conjunta Deuda Soberana Argentina y Derechos Humanos aquí: (en español e inglés)

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 / +598 9105 7321 (América Latina)

Audrey Couprie (español, francés, inglés) — Tel: +33 6 48 05 91 57 (París)

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 178 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Finalmente libero in Bahrein Nabeel Rajab, secretario generale della Federazione Internazionale per i Diritti Umani (FIDH) detenuto arbitrariamente dal luglio del 2011.

Qui la sua storia nella campagna #ForFreedom della FIDH. Qui la nota FIDH della sua liberazione.

Il 2014 potrebbe essere l’anno buono per la liberazione di Oscar Lopez Rivera, l’attivista portoricano condannato negli Usa a 70 anni di carcere.

di Lorenzo Bagnoli

Il primo aprile i suoi sostenitori su twitter lanciano ad Obama la sfida: che gli doni la grazia, #freeOscarLopez. La chiedono tra gli altri anche premi Nobel per la pace come l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Perché 70 anni sono troppi anni da scontare per chi, come Lopez Rivera, è colpevole di aver militato nelle FALN, le Forze armate di liberazione nazionale di Portorico.

Fonte: Q CODE MAG 

3 aprile 2014 - “Seditious conspiracy”, cospirazione sedizione. Per questo reato sono 32 anni che ogni volta che si sveglia, a Terre Haute, Indiana, Oscar Lopez Rivera vede davanti ai suoi occhi le sbarre della cella. Non è nemmeno a metà della pena da scontare: 70 anni in tutto.

“Una forza contro il colonialismo degli americani”, sostiene il suo legale Luis Nieval Falcon. Il gruppo ha ammesso le responsabilità, dalla fine degli anni Settanta agli Ottanta, di aver messo più di cento bombe per mettere fine alla dipendenza de factodagli States. Pare che però nessuna sia stata messa da Oscar Lopez, che per questo continua a definire la sua una prigionia politica.

L’associazione aveva sede a Chicago, una delle città con la più nutrita comunità portoricana. È lì che stava anche Oscar Lopez Rivera quando insieme ad altri nove stava pensando come assaltare un camion pieno di armi. No, Lopez non era un santo. Ma questo non toglie l’enormità della sentenza che ha da scontare. È l’ultimo portoricano rimasto, nonostante nel 1999 il presidente Bill Clinton gli avesse promesso la grazia. Rimandata al mittente: avrebbe lasciato in carcere i suoi compagni. Poi loro sono usciti ed è rimasto solo lui.

Così gli attivisti internazionali, dopo averci provato anche l’anno scorso, hanno lanciato una campagna sui social per chiedere la liberazione. L’anno potrebbe essere quello buono: il prossimo Obama torna alle urne e la scarcerazione di un ispanico fa sempre bene all’elettorato. Obama potrebbe cedere. Anche la diplomazia di Puerto Rico ha chiesto a Obama di prendersi cura del caso. Tra le operazioni lanciate dal suo staff, c’è il regista che su kickstarter sta cercando una collaborazione per trovare soldi. Oscar Lopez ha anche raccontato di anni trascorsi nel braccio della morte e di continue minacce. Una storia che i registi vorrebbero trasformare in un documentario.

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