Entrevista a Pablo Romo sobre la mediación entre el EPR y el gobierno de México

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El 24 de abril 2008, el Partido Democrático Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, a través de un comunicado propuso un diálogo con el gobierno mexicano pidiendo la reaparición con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes desaprecidos en Oaxaca en mayo de 2007. Fueron designados como intermediarios,  respectables personalidades de la sociedad civil mexicana que formaron entonces  una Comisión de Mediación.
Hemos hablado del avance de ese proceso con Pablo Romo, coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social y miembro de Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz) el pasado  mes de agosto en Ciudad de México, cuando los diálogos estaban en un momento de pausa por la escasa voluntad del gobierno de avanzar en las negociaciones. Lamentablemente, aunque el gobierno haya por fin admitido que se trata de un caso de desapareción forzada, no se han logrados hasta la fecha “avances serios en la ruta de la presentación de los desaparecidos” y  como expresado por la Comisión de Mediación en su último comunicado del 22 de enero “la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano constituye un serio motivo de preocupación”.  Recordamos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidas cometido por las autoridades del Estado y que por ningún motivo debe quedar impune.
 
 
Annalisa Melandri - La mediación entre el Gobierno Federal y el EPR empezó el 24 de ese  año (la entrevista ha sido realizada en el DF EN gosto de 2008 n.d.a.) cuando el grupo insurgente hizo a través de un comunicado la propuesta de formar una Comisión de Mediación para la presentación con vida de sus dos militantes desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007. ¿Qué se ha logrado obtener desde entonces?
       
Pablo Romo —  Podemos reconocer una gran evolución en este período en lo que se ha generado la Comisión de Mediación.
Hay varios momentos. Un primer momento es cuando nace la mediación, cuando el grupo constituido de los cuatro más tres aceptan. Son cuatro invitados directos y un movimiento social que es el Frente Nacional contra la Represión. 
 
Es importante reconocer cuáles son los tre miembros del Frente: Enrique Gonzales Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra. Los demás invitados son: el obispo Samuel Ruiz García, Carlos Montemayor que se convirtió después en vocero y Gilberto Lopez y Rivas que es un antropólogo muy reconocido, el cuarto es un periodista que se llama Miguel Ánguel Granado Chapa. Éstos siete se constituyen en un grupo de trabajo y la reacción por parte del Gobierno Federal entonces va evolucionando.
 
En un primer momento llamandolos “testigos sociales” y bloqueando la presencia de Rosario Ibarra porqué no querían alguien del PRD. Decián que se iba a politicizar, como si no fuera esto político… Eso no lo comunicaron nunca directamente pero siempre por medio de la prensa. Inmediatamente el grupo de trabajo pide al gobierno que aclare porqué son llamados “testigos sociales”. Ellos no querían ser “testigos sociales” porqué esa expresión  fundamentalmente la utiliza el gobierno cuando indica grupos civiles para dar fe en las licitaciones públicas y en las privatizaciones de las empresas para que sean legales o transparentes, es una utilización de la sociedad civil para sus propios beneficios.
 
A.M. — Pero después los llaman “ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles”…
 
P.R. — Después   los llaman “ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos”; eso es en un segundo momento. Cambia entonces la figura de ser “testigo social” a “ciudadano”. Es muy importante ver que gobernación no quiere una mediación  delante de “ciudadanos” porqué eso quisiera reconocer al otro actor un estatus de beligerancia.
 
A.M. — En el documento del 14 de agosto, parece que por primera vez la la Gobernación reconoce la desaparición forzada. ¿Cómo se explica eso?
 
P.R. — El documento del jueves tiene tres errores fundamentales. Uno de ellos es de carácter tipográfico, repite el párrafo primero en el segundo. El segundo error representa un problema para ellos, o sea reconocen la existencia de la Comisión de Mediación. Nunca lo habían hecho antes, a menos que no sea  deliberado.
 
Es la primera vez  en todo este proceso que se reconoce cómo instancia mediadora la Comisión de Mediación. Entonces el proceso pasa por tres etapas, primera etapa “testigos sociales”, luego “ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles” y luego Comisión de Mediación. Esto puede tener una razón porquè el lunes anterior, hace nueve dias, el EPR sacó un comunicado en el que exije que Gobernación reconozca a los siete no cómo “testigos sociales” sino cómo Comisión de Mediación . 
 
El tercer error, que creo es un error de la Secretaría de Gobernación es muy bueno, porqué finalmente el Estado reconoce por primera vez la desapareción forzada, es decir el gobierno nunca había reconocido a lo largo de todo este proceso y antes tampoco, que había cometido el Estado cómo tal, desapareción forzada.
 
A.M. — ¿Y porqué Usted lo llama error?
 
P.R. — Porqué siempre la Gobernación había hablado de secuestro, entonces en la prisa recuperan las palabras y dicen : es desaparición forzada. Los que están redactando digamos que cometen el error. Este comunicado se realiza en muy poco tiempo. Nosotros, la Comisión, elaboramos el documento el jueves, antes de la conferencia de prensa y fue entregado a las 11 de la mañana a las oficinas de Gobernación. Ellos tienen   muy poco tiempo para leerlo, ( porqué es un documento muy largo), y elaborar una  respuesta, porqué más que leerlo les interesa ganar mediáticamente. Entonces tuvieron que sacar un documento antes de la conferencia de prensa del grupo de mediación para ganar la atención mediática. Nosotros estábamos en la conferencia de prensa cuando llegó el comunicado de ellos, hubo un periodista de Reuters que lo tenía en la mano, no sabíamos de su existencia y nos quedamos sorprendidos.
 
Eso demuestra mucho de lo que es el Gobierno actual, es propaganda, no es una meditación profunda que de una respuesta pertinente y adecuada.
 
A.M. — ¿Cómo evaluaron entonces ustedes lo de la desaparición forzada?
 
P.R. - Es estupendo, nosotros creemos que finalmente el gobierno mexicano acepta que hay desaparición forzada. Un particular no realiza desaparición forzada, en este caso sería un homicidio o secuestro, la desapareción forzada la realiza solamente el Estado. Es un crimen perpretado por el Estado.
 
Tenemos nosostros entonces, primero el crimen cometido o sea la desaparición forzada, segundo el reconocimiento de la Comisión de Mediación y tercero tenemos también que hay un documento que está pendiente al que el gobierno no ha respondido, por eso estamos en este momento cómo en pausa, porqué no se avanza hacia lo que significaría realmente una expresión de voluntad política. La Comisión de Mediación está solicitando entonces una voluntad política para la aparición con vida de los dos desaparecidos.
 
A.M. — ¿Cómo han evaluado en estos meses la posición del Gobierno Federal?
 
P.R. - Yo creo que es una posición que evoluciona en los papeles, y hasta ahora ha evolucionado en los papeles, positivamente hay que decirlo, pero por la otra parte no evoluciona en lo sustancial. No está avanzando tanto en una voluntad política para aparecer con vida los desaparecidos,   cómo para demostar su intención de perseguir y acusar e incriminar los responsables.
 
Asì es la cosa que por los detenidos que tenía la Policía Federal como presuntos sospechosos, no pudo sustentar las averiguaciones previas, es decir la investigación y los tuvo que liberar noventa días después del arraigo, un arraigo que para cualquier persona , no solamente para ellos, es absolutamente ilegal, contra los derechos humanos. Estas personas que estubieron en el arraigo fueron torturadas por la Policía Federal y a pesar de esto no pudo sustanciar la responsabilidad, es decir que detienen personas para generar publicidad, nuevamente propaganda, para decir que están investigando, sin embargo cuando llega el momento de presentarlos ante un juez no tienen capacidad para hacerlo.
 
Es decir demuestran incompetencia, falta de voluntad politíca, y sobre todo un nivel muy bajo en el interés, en la interlocución para que aparezcan con vida esas personas.
 
 
A.M. - ¿No se puede entonces hablar todavía de un reconocimiento politico del EPR e de su reconocimiento de estado de beligerancia?
 
P.R. — No, por supuesto que no.  En un primer momento que responde en abril, la Gobernación plantea un diálogo en donde se sientan en una mesa, de un lado el EPR y por el otro lado la Gobernación, y ellos habiendo entregado las armas.
 
En todo tipo de conflicto bélico de cualquier naturaleza, el estado tiene que exigir la rendición del movimiento armado, para poder entrar en un proceso de negociación y de diálogo. Realmente tiene que mostrar mucha fuerza, pero nunca ha demostrado voluntad de reconocimiento oficial. Sin embargo hay que decirlo y el documento de la Comisión de Mediación lo dice, ha habido búsqueda de acercamiento, con este movimiento armado, en varios momentos de su historia, ha habido un interés de establecer contactos, no para destruirlo, sino para almenos construir pactos de no agresión, cómo en todos los movimientos de guerra, que existen en el mundo, siempre hay una parte visibile y las partes invisibles que tienen relación, contactos. Hasta la rendición de Hitler se estaba pactando mientras que había bombardeos visibles, había mensajeros de un lado y del otro lado,   buscando pactos. Yo creo que oficialmente no hay un reconocimiento de facto del movimiento armado, y hay búsquedas para establecer contactos dentro de esta guerra que existe.
 
Es una guerra silenciada, silenciosa, y en este momento en pausa, porqué hay que decirlo, la Comisión de Mediación logró por su propia insistencia, cómo primer punto pidió a las partes acciones de buena voluntad, al EPR que mantuviera una tregua unilateral y por el otro lado, al Gobierno Federal también que dejara los hostigamientos que pero no ha cumplido, que se manitienen cómo en el caso de los hermanos Cerezo etc.
 
A.M. - En México esiste un marco de impunidad histórico. ¿Cómo se mueve y entre qué dificultades la Comisión de Mediación respecto a ese tema?
 
P.R. - La impunidad es prevaleciente, es permanente, es constante, es desgraciadamente parte de la desconfianza a las autoridades y parte de la corrupción y de los intereses que se han creado dentro de los crimenes, dentro de cualquier tipo de crimen, en ese caso de los políticos.  Con mucha mayor razón, en los casos de lo crimenes normales, que se dan todos los dias es impresionanate como la ineptitud, la corrupción, la incapacidad generan impunidad. Yo creo que es uno de los paises con más niveles de corrupción y con los más altos niveles de impunidad, comparados seguramente con Congo o  con Burundi.
 
La realidad es que México colinda con la potencia más grande del mundo, en busqueda de seguridad y presume de tener tratados comerciales con este país, con esa potencia, en el mismo tiempo no es capaz de hacer una investigación seria y responsable de cualquier tipo de crimen. .
 
A.M. —  ¿Se puede decir qué esa es la primera vez que el EPR actúa de manera política?
 
P.R. — Siempre ellos han generado espacios de expresión política a través de sus comunicados, de sus volanteos. Todo ese conjunto de acciones que realizan permanentemente sóno expresiones políticas. La mayor parte de estos 44 años de presencia del EPR son expresiones políticas, pacíficas, de presión, y rara vez, muy rara vez, a lo largo de estos 44 años, han habido expresiones de confrontación armada o militar, bombas cómo por ejemplo el año pasado, confrontaciones a policías, ataques a cuarteles. Pequeñas acciones militares, exporadicas.
 
Esta es la primera vez en la historia del EPR que tiene, para empezar simpatias por parte de una gran parte de la población de México, porqué les desaparecen a sus gentes, eso es importantisímo. No solamente simpatia, tienen primeras planas en los periodicos de circulación nacional y editoriales a favor. Nunca en la historia del EPR los periodistas en los editoriales, sea de derecha que de centro izquierda, han sido realmente simpaticos con el movimiento del EPR. El lenguaje del EPR es un lenguaje muy rudo, muy old fashion, es una guerrilla clásica, no es una guerrilla como la del EZLN, con un lenguaje mucho más post moderno, mucho más contemporaneo, mucho más joven.
 
Tampoco es la primera vez que desaparece gente del EPR. A lo largo de sus 44 años muchas veces han desaparecidos miembros del EPR, pero esta es la primera vez que ellos los revindican cómo miembros del EPR. Es un cambio de actitud dentro del EPR. Cuando desaparecián nunca decía el EPR que eran militantes para no generarles problemas si estaban vivos todavía. Esta es la primera vez que revindican sus militantes.
 
A.M. — Una de las condiciones por la mediación es el cese de la violencia de parte del EPR pero por otro lado no ha cesado el hostigamiento del Estado hacia los familiares y las asociaciones solidarias con ellos. ¿Cómo Comisión cómo ven eso?
 
P.R. — Lo vemos muy mal y lo denunciamos en una conferencia de prensa. Vemos con mucha preocupación qué continúan los hostigamientos y las amenazas en contra de los familiares. Es algo realmente preocupante y es algo realmente que demuestra muy bien una esquizofrenia del gobierno cuando promete por un lado que no habrà y por el otro lado actúa de esa manera.
 
A.M. – ¿Y cómo piensas que están actúando los medios de comunicación?
 
P.R. – Yo creo que en estos ultimos cien días desde abril a la fecha hayan respondido con muy buen nivel y   se han comportado con mucha responsabilidad.   El EPR   tiene que posicionarse por su parte, posicionarse adecuadamente a la prensa para que el público que la recibe tenga un cierto conocimiento adecuado. Hay mucha fantasía en ciertas expresiones de la prensa, relacionan por ejemploel EPR con Al Qaeda, con las FARC, los San Papier, las Brigadas Rojas, con todo lo leninismo. Esta es verdaderamente ignorancia , mala voluntad por generar confusión.
 
Hay una prensa que se dedica fundamentalmente a la desinformación, que siempre es existida. Y yo creo que es parte de lo que siempre se ha hecho en todas las guerras, para generar terror. También tiene mucho la culpa el EPR de no mostrarse más claramente y no me refiero   a la clandestinidad, me refiero al posicionamiento hacia otros movimientos. Quizás porqué la misma clandestinidad en la que viven no les permite tener discusiones más abiertas y tener un posicionamiento más claro.
 
A.M. — ¿ La Comisión alcanza a tener objetividad entre el Gobierno y el EPR?
 
P.R. — Yo creo que nunca se ha pretendido ser como la Cruz Roja. Es una fantasía de ideologías extrañas que vienen de Occidente, en Europa en el siglo XIX. No existen las comisiones de mediación asépticas, neutrales y angelicales. Yo creo que la Comisión se establece de todas maneras entre personas de izquierda, de una izquierda reconocida, de una izquierda con reputación,   entre una izquierda serena, clara y fuerte y lo más plural o amplio dentro del espectro que hay.
 
Tu corazón está a la izquierda por supuesto y no está a favor de un gobierno panista neoliberal, pero tampoco  es una Comisión que va armada o atacando al Gobierno. Yo creo que es una Comisión clara en sus posiciones políticas, clara en sus tareas.
 
Annalisa Melandri
Ciudad de México, agosto 2008
Página de la Comisión 

La dictadura, el exilio, la impunidad y la justicia internacional: hablan las víctimas de Alfonso Podlech Michaud.

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Conversamos con los ex presos políticos que estuvieron hace unas semanas atrás (1,2, y 3 de Diciembre) en Roma, testimoniando ante el fiscal italiano Giancarlo Capaldo en contra del ex Procurador Militar Alfonso Podlech Michaud, acusado por la magistratura italiana del homicidio y la desapareción, en octubre 1973, bajo la dictadura de Pinochet, del ex sacerdote ítalo chileno Omar Venturelli. Alfonso Podlech, contra quien existía una orden de captura internacional, fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto Barajas de Madrid y extraditado en Italia. Carlos Lopez Fuentes, ex preso político condenado en Consejo de Guerra por el Fiscal Militar Podlech a 9 años de cárcel, Jeremías Levinao, mapuche, militante del Movimiento Campesino Revolucionario, que en Temuco sufrió la cárcel y las torturas y su hija Tania. Ellos nos cuentan en esta entrevista, que parece más una conversación entre viejos amigos, los primeros días del golpe del 11 de septiembre de 1973 y lo que siguió después, en Temuco en la región meridional de Chile llamada Araucanía. Y el rol de Alfonso Podlech Michaud en el aparato represivo chileno. También nos hablan del exilio en Francia, donde viven actualmente.

 

A.M. — El martes pasado se encontraron con el fiscal Giancarlo Capaldo. ¿Cómo les pareció el encuentro y qué impresión tuvieron?

Carlos Lopez Fuentes — Yo personalmente pienso que el encuentro con Capaldo fue positivo, porque son testimonios y elementos nuevos que no estaban   en el proceso contra Podlech y   que pueden acelerar el juicio contra él.

Jeremías Levinao — De hecho fue positivo porqué pienso que en mi caso, yo entregué elementos de cómo se utilizaba la tortura durante la dictadura después del golpe y demostré que Podlech era el que ordenaba el castigo de los prisioneros.

 

A.M. — ¿En tu caso, Jeremías, puedes afirmar que la represión era más cruel contra el pueblo mapuche, y que muy diferente a la que se llevó en contra de todos los demás prisioneros políticos?

J.L. - Yo pienso que la represión fue la misma para todo el mundo, pero creo que fue masificada contra el pueblo mapuche por haber participado, de una manera destacada, en la profundización del proceso de la reforma agraria implementada por el gobierno de Salvador Allende. La reforma agraria afectaba al latifundio chileno de la zona y una gran parte de los latifundistas fueron beneficiados después del golpe con la recuperación de las tierras que habían sido expropiadas legalmente por el gobierno de la Unidad Popular. Y es por eso, que pienso que hubo cómo una venganza de la parte de los terratenientes que participaron en la represión.

 

A.M. — ¿Se adjuntaron elementos nuevos que puedan contribuir al juicio contra Podlech?

C.L.F. - Creo   que sí, porque yo entregué también mi testimonio escrito( legalizado en el consulado español en París), de mi querella contra Pinochet ante el juez Garzón. El testimonio que yo entregué en esa querella, es lo mismo que yo entregué al juez Capaldo, con nuevos elementos. No puedo dar detalles, pero exactamente el mismo testimonio que yo di contra Pinochet lo di contra Podlech, más nuevos elementos, que ya decía anteriormente, dispondrá la justicia Italiana ahora.

J.L. - Yo hice un testimonio contra Pinochet que fue legalizado en España. En mi caso entrego los detalles de torturas y tratamientos que yo recibí durante mi detención.

 

A.M. — ¿Ustedes conocieron Venturelli en la cárcel o lo conocían antes de la detención?

C.L.F. - Yo personalmente no lo conocía. Cuando llegué a la cárcel él estaba ya desaparecido. El desapareció el 4 de octubre del ‘73 y yo llegué a fines de noviembre del mismo ano a la cárcel. Lo que pasaba era que cuando uno llegaba a la cárcel, se acercaban inmediatamente a ti, muchos compañeros presos y te entregaban informaciones sobre lo que había que hacer y sobre todo te daban informaciones de la gente que había estado presa y que había desaparecido. Entonces te entregaban información para protegerte y al mismo tiempo para estuvieras consciente del peligro que seguías corriendo, aún estando en la cárcel. No era porqué estábamos a la cárcel que podíamos tener la seguridad de haber salvado nuestras vidas. La Fiscalía Militar dirigida por el Sr. Podelch nos tenía en sus manos, y las órdenes de esta Fiscalía eran: torturar, matar o hacer desaparecer. Los presos políticos que estaban ahí vieron como los compañeros que llegaban a la cárcel, como por ejemplo, el caso de Venturelli, podían desaparecer después. Podlech firmaba   la orden de libertad, salían de la cárcel y los esperaban otros equipos de las fuerzas represivas para llevárselos. Pero todo esto estaba coordinado por la Fiscalía Militar que funcionaba en el Regimiento Tucapel de Temuco y que trabajaba en conjunto con los otros uniformados (Fuerza Aérea, Carabineros y civiles).

 

AM. — ¿Y qué recuerdos tienen del 11 de septiembre en Temuco? A ti Carlos te detuvieron en noviembre de 1973, entonces ¿estabas libre en estos dos meses?

C.L.F. — No, yo estaba libre, pero estaba en la clandestinidad. El 11 de septiembre fue el golpe de Estado, empiezan a salir los bandos. Los bandos son los comunicados de las nuevas autoridades militares de la zona. En esos bandos los militares llamaban a la gente a presentarse a la Fiscalía o al Regimiento Tucapel. Ellos decían que era solamente para verificar la dirección, de donde vivían las personas aparecidas en los bandos. Hay mucha gente que desapareció después que se presentaron de buena fe al Regimiento Tucapel, cómo por ejemplo, el compañero Venturelli y muchos casos más. Quien podía pensar que por el hecho de ser llamado, por los bandos militares, podría significar: peligro de muerte.

 

A.M. — Entonces ya desde el mismo 11 de septiembre los militares tenían los nombres, de todos los que después desaparecieron o mataron o encarcelaron…

C.L.F. - Sí, claro. Si nosotros revisamos las listas de la gente que se presentaba al Regimiento Tucapel, vemos que en las listas estaban: los nombres de los dirigentes sindicales, de los dirigentes campesinos, de los profesores universitarios de izquierda, de los funcionarios de servicio nacional de salud, que eran de izquierda…

 

A.M. - Se dice que Podlech ya el 11 de septiembre estaba en la cárcel de Temuco firmando las ordenes de excarcelación de los militantes pertenecientes al grupúsculo de ultraderecha: Patria y Libertad, que se encontraban presos por delitos cometidos contra el gobierno de Unidad Popular. ¿Cuál fue antes y después del golpe el rol de Patria y Libertad?

C.L.F. - Patria y Libertad fue un movimiento de ultra derecha que nació en Chile, inmediatamente después de que Allende fue elegido democráticamente cómo Presidente de la República de Chile. El doctor Salvador Allende fue elegido el 4 de septiembre de 1970, cinco días después el movimiento Patria y Libertad estaba creado y el objetivo inmediato de ellos era boicotear y destruir el gobierno de Salvador Allende a través de un golpe de Estado. Patria y Libertad se auto disolvió dos o tres días después del golpe de Estado, cuando habían cumplido con su misión. Aunque muchos de sus miembros, cabe destacar, pasaron a integrar los aparatos represivos. La misión era boicotear el gobierno de Allende por todos los medios, sobre todo ilegales: atentados, volar los puentes, volar las vías férreas, matar dirigentes sindicales, mercado negro…

 

A.M. — ¿Y tu Jeremías cuando fuiste detenido?

J.L. - Yo fui detenido en junio de 1974.

 

A.M. — ¿Y desde el 11 de septiembre estabas en clandestinidad tu también?

J.L. – Si, yo también estaba en clandestinidad en Temuco.

 

A.M. — ¿Y qué recuerdos tienes de entonces?

J.L. — En el campo, los campesinos se organizaron para trabajar la tierra en cooperativas campesinas e asentamientos. Estas organizaciones estaban asesoradas de los organismos estatales: Corporación por la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Estos eran organismos de ayuda a los campesinos para trabajar las tierras. Cómo existían listas de campesinos miembros de cooperativas, los militares se apoderaron de las listas de estos organismos y empezaron a reprimir y a pedir a los campesinos que se presentaran a los regimientos, a las fiscalías y a los puestos de policías. Los latifundistas aún pusieron a disposición sus vehículos personales para arrestar a los campesinos.

 

A.M. — ¿Cuánto tiempo estuviste preso?

J.L. — Yo estuve preso un año y medio, fui detenido en junio de 1974. Me mantuvieron en centro de detención secreta, donde fue torturado hasta el mes de octubre de 1974. En esa fecha me pasaron a la Fiscalía. Entonces en ese momento fui reconocido públicamente como preso político. Posteriormente, fui condenado en el penúltimo Consejo de Guerra en mayo de 1976. Este Consejo de Guerra estaba dirigido por Alfonso Podlech quien era el Fiscal Militar. Era Podlech que acusaba.

C.L.F. - El Consejo de Guerra estaba conformado 9 miembros: 3 carabineros, 3 miembros del Ejército y 3 de la Aviación. Este jurado dictaba las condenas, tomando como elemento esencial los cargos entregados por el Fiscal Militar. Y el Fiscal acusador, siempre, de todos los Consejos de Guerra de Temuco, fue Podlech, desde el principio hasta el final.     (altro…)


Brutal atentado contra Aìda Quilcué líder indìgena del CRIC. Matan su esposo

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Por Simone Bruno - Colombia
Difícil creer al general Justo Eliseo Peña, comandante de la tercera división del Ejército Colombiano, que aseguró, en una entrevista con La W Radio, que un grupo de soldados campesinos disparó por error contra la camioneta de la Cric (consejo regional indígena del Cauca), en el cual usualmente se moviliza la líder Aída Quilcué.
A menos que el general no se refiera al error de haber matado al esposo de Aída y no a la líder indígena.
La camioneta iba a recoger la consejera mayor Aída Quilcué en Popayan cuando a las 4 de la mañana fue refagueada por hombres del Ejército Nacional mientras pasaba por la finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. “En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional” afirma el comunicado de la ACIN (asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca).
A su interior iba una misión medica y Edwin Legarda, esposo di Aída. Los 17 golpes disparados contra el vehículo han tenido impacto en los lados y en la parte frontal, cosa que contradice la versión oficial, según la cual los militares dispararon porque el carro no paró en un retén.  Edwin recibió 3 balas, una en el tórax y dos en las piernas. Llegó vivo en el hospital de Popayán en donde murió poco despues.
La Cric y la Acin confirman que testigos oculares aseveraron que en el área no había ningún tipo de retén militar. La misma Aída Quilcué dijo: “el atentado era para mi” y agregó que “ante este vil atentado, que reafirma el cumplimiento de las amenazas reiterativas al CRIC y a la ONIC, por atrevernos a contar, movilizar, desalambrar senderos y pensamientos, denunciar la crisis humanitaria y genocida que viven nuestro pueblos, no nos callará, por tanto el claro que el atentado contra el CRIC es un atentado contra la ONIC, el Movimiento Indígena colombiano y a todos aquell@s que nos atrevemos a proponemos cambios desde el sentir de los pueblos”.
Hoy es el 16 de Diciembre, y recurre también el decimoséptimo aniversario de una de las masacre más violenta y simbólica perpetrada contra los indígenas del Cauca. La masacre del Nilo, en la cual agentes del estado han matado 20 comuneros, incluidos mujeres y niños. Por esta masacre el estado ha reconocido su responsabilidad, pedido perdono y prometido reparación individual y colectiva, que hasta hoy no ha cumplido.
La Consejera Mayor había regresado a penas ayer desde Suiza, como una de las delegadas de la ONIC (organización Nacional Indígena Colombiana) ante la asamblea de evaluación de los 60 años de la ONU”.
Era entonces fácil imaginar que se seria desplazada en este misma camioneta por este mismo camino que cada día recorre. Este hecho y la fecha simbólica del 16 de Diciembre asombran de dudas la versión oficial del error.
Desde que se supieron los hechos los indígenas han rodeado la base militar en Totoró pidiendo la admisión de responsabilidad y de juzgar los responsables según las leyes ancestrales, como previsto por la constitución Colombiana.
El presidente de la ONIC Luis Evelis Andrade denunció a la agencia Efe que las amenazas contra los pueblos del suroeste, se incrementaron desde la reciente “minga” por efecto de los señalamientos por parte de altos cargos del Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Este atentado se enmarca efectivamente en una serie de hechos y amenazas, como las ordenes de capturas contra los coordinadores de la guardia indígena, y el asalto contra la radio comunitaria Pa‘yumat en el Cerro de Munchique Los Tigres, donde están ubicados todos los equipos de transmisión y la antena. Una estrategia de “agresión integral” contra los indígenas por parte del estado y de los grupos insurgentes. Esto se explica por el rechazo por parte de los indígenas del conflicto en sí mismo, no importa por cual actor venga. Atacar la idea de la guerra es atacar quienes de esta viven y que con esta se reproducen: la insurgencia y el ejército nacional que vive de los enormes gastos del plan colombia. 
foto de Simone Bruno

La vocera de Uribe

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Por Dax Toscano Segovia
08/12/08
El 30 de noviembre de 2008, la colombo-francesa Ingrid Betancourt inició una gira por diversos países de América Latina con los propósitos de, según la ex candidata  presidencial,  “agradecer a los presidentes latinoamericanos que participaron de una u otra forma en su liberación” y de “llegar a constituir un gran frente multinacional para facilitar la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de las FARC-EP; así como presionar a ésta organización para que dejen las armas y busquen el camino de la democracia”. Betancourt parece desconocer la historia cuando las FARC-EP, a través de la Unión Patriótica participaron en la vida política colombiana, siendo asesinados más de 5 mil líderes de esa agrupación política por el Estado oligárquico-paramilitar, entre ellos muchos guerrilleros.
 
Tras su arribo a diversos países, Ingrid Betancourt hizo evidentes los verdaderos objetivos de su viaje.  En Brasil calificó a las FARC-EP como una “organización de terroristas” y dio su respaldo a las acciones militares del gobierno de Uribe contra  la guerrilla. En Bolivia volvió arremeter contra las FARC-EP al calificarlas de “cartel de la droga”.
 
Tras su fuga y la de otros prisioneros en manos de la organización insurgente, entre los que se encontraban tres agentes norteamericanos, posibilitada principalmente por la traición de dos comandantes guerrilleros encargados de la vigilancia, control y seguridad de ese grupo, operación en la que participaron los aparatos de inteligencia colombianos, norteamericanos e israelitas, en la que en forma ilegal se hizo uso de logotipos de la Cruz Roja Internacional, Betancourt lanzó loas al ejército colombiano y procedió a abrazarse con el ministro de Defensa Juan Manuel Santos,  uno de los principales artífices de la política guerrerista del gobierno narco-paramilitar de Uribe y al general Mario Montoya, responsable, directa o indirectamente, de un sinnúmero de crímenes perpetrados por el ejército colombiano y los paramilitares contra civiles colombianos acusados de colaborar con la guerrilla.
 
Luego de ese primer episodio conmovedor, donde se demostró que los medios una vez más habían mentido sobre la situación de los prisioneros en manos de las FARC-EP, puesto que la salud de Ingrid Betancourt, luego de un chequeo médico al que se sometió en Francia, demostró estar en perfectas condiciones más allá de la situación penosa y lamentable que significa un encierro, la ex candidata presidencial colombiana se enfrascó en la participación y realización de un sinnúmero de actos para denunciar la situación de los “secuestrados” en manos de las FARC-EP. Para ello ha contado además con el respaldo de artistas como  Alejandro Sanz, investigado por evasión de impuestos, Shakira, Carlos Vives y Juanes, músicos que gozan de aceptación en el mundo de las disqueras internacionales.  Ingrid Betancourt ha recibido, cual heroína, un sinnúmero de reconocimientos en Europa por su valentía y entereza.
 
Hasta la presente fecha la ex candidata presidencial solo ha hecho referencia a los prisioneros en manos de las FARC-EP, pero, como es obvio, no ha dicho ni una palabra sobre la situación de los cerca de 7200 presos políticos en manos del Estado colombiano. De igual manera mantiene un mutismo absoluto sobre las amenazas, persecución y los crímenes perpetrados contra campesinos, estudiantes y sindicalistas por parte del Estado terrorista colombiano y sus organizaciones paramilitares.
 
Durante su gira Betancourt prácticamente tampoco ha dicho nada sobre la situación de pobreza real que viven más allá de la mitad de colombianos y colombianas. Mucho menos ha hecho referencia a la concentración desigual de la propiedad de la tierra en el campo colombiano donde 22 millones de hectáreas están en manos de 12 mil terratenientes, mientras tres millones de campesinos pobres apenas poseen dos millones y medio de hectáreas. Nada importa a esta representante de la burguesía colombiana la situación del 60% de hogares rurales colombianos  que viven por debajo de la línea de pobreza.
 
La gira de Ingrid Betancourt, a quien bajo propuesta del gobierno de la chilena Michelle Bachelet   y del peruano Alán García se la postularía para el premio Nobel de la Paz pese a su defensa abierta y pública de la política militar de Uribe, demuestra que está ejerciendo el papel de vocera de ese régimen narcoparamilitar, cuyo propósito es el de lograr que se dé un espaldarazo a su lucha contra la insurgencia colombiana, así como robustecerlo en la región y el mundo con el pretexto de que está luchando contra el terrorismo de las FARC-EP, causa común, según lo establecido por los maestros de la propaganda estadounidense y colombiana, de todo el mundo. Ingrid Betancourt le ha proporcionado al gobierno colombiano otra eficaz cortina de humo para ocultar los graves problemas de corrupción que lo acechan en todos los niveles, así como su política criminal.
 
Quedan atrás las declaraciones de Betancourt cuando acusaba Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo. Hoy, incluso, no se inmuta cuando deja entrever que Uribe debería tener opción a una tercera reelección presidencial.
 
Ingrid Betancourt ha mostrado, una vez más,  su verdadero rostro: la de ser una pieza en el engranaje de la maquinaria del Estado narcoparamilitar colombiano.
 
La categoría gramsciana de hegemonía demuestra aquí su importancia: cuando la clase dominante y sus representantes ven peligrar sus intereses terminan aliándose para luchar contra su enemigo común que, en el caso colombiano, es, fundamentalmente, la insurgencia revolucionaria.
 
Mientras Ingrid Betancourt recibe el respaldo de Uribe, de Sarkozy, de los mandatarios latinoamericanos que ha visitado en la región (los mismos que han enfocado sus dardos únicamente contra las FARC-EP y han dejado de lado la política criminal del régimen narcoparamilitar enquistado en el Palacio de Nariño) y de falsimedia a nivel internacional, se oculta la campaña de persecución desatada por el Estado colombiano contra la senadora Piedad Córdoba quien, en innumerables ocasiones, ha demostrado la voluntad política para llevar a cabo un acuerdo que posibilite la entrega humanitaria de prisioneros. En declaración reciente Uribe dijo:
 
“… las FARC ahora, con el apoyo de una dirigente de la política, nos están tendiendo una nueva celada. El Gobierno está informado de que ahora están tramando una nueva liberación humanitaria. Entonces asesinan y enseguida desorientan tramando una nueva liberación humanitaria. Lo denuncio hoy ante mis compatriotas para que no caigamos en esa trampa.
 
El Gobierno está empeñado, con la Fuerza Pública, en encontrar a los secuestrados. No le vamos a permitir ahora a esa dirigente de la política esa trampa que nos quiere tender con las FARC, aliada del ELN en todas estas acciones terroristas, de lanzarnos la ilusión de unas nuevas liberaciones y de un nuevo acuerdo humanitario. Por anticipado lo decimos: no lo aceptamos.”
 
Mucho menos se hace mención de las nuevas medidas persecutorias contra el movimiento estudiantil bolivariano secundario y universitario colombiano al que se lo persigue y acosa por defender la lucha revolucionaria en su país.      
 
Esa es la política que defiende Ingrid Betancourt.
 
Da pena ver cómo los problemas fundamentales que vive Colombia como son la intromisión gringa en los asuntos internos de ese país hermano, la desigual distribución de la riqueza, la pobreza extrema, la existencia de un Estado corrupto de corte fascistoide, represivo al servicio de los grupos de poder, que actúa conjuntamente con el paramilitarismo para defender los intereses de los grandes ganaderos y terratenientes, no hayan sido debatidos en esta gira de Ingrid Betancourt, con miras a encontrar alternativas de solución a los mismos. 
 
Vergüenza se siente ver a esos gobernantes, incluidos los que supuestamente defienden posturas progresistas, recibir en los palacetes de gobierno a ésta personaje de la oligarquía colombiana, a quien, sin cuestionamiento alguno a sus posturas, han brindado todo su respaldo.
 
Los medios y los periodistas serviles ni siquiera se preocupan por conocer con detalle los planteamientos de Ingrid Betancourt sobre otros temas que no sean las FARC. Por ejemplo, sería bueno saber sus ideas sobre la reciente marcha  indígena-campesina realizada en contra de la política de Uribe y que fue reprimida por el ejército colombiano; o sobre el negocio de las pirámides financieras en las que se hallan involucrados los hijos de Uribe.
 
Los enemigos de la paz en Colombia son aquellos que no han querido sentarse a hablar y buscar la solución efectiva a estos problemas. Y no lo van hacer, porque la clase dominante colombiana no va entregar por la vía del diálogo su poder al pueblo. Ninguna clase social dominante se suicida.
 
Esa es la razón por la que se hallan empecinados en derrotar a la insurgencia colombiana.
 
Los poderosos se creen con el derecho de juzgar la lucha de los pueblos y de exigirles su rendición a cambio de nada. La paz que ellos buscan para el movimiento revolucionario colombiano,  es la paz de los cementerios.
 
Por ello es necesario que las fuerzas revolucionarias de izquierda a nivel mundial emprendan una campaña internacional de solidaridad con el pueblo colombiano y sus organizaciones políticas en armas o no, porque en esta lucha el único camino para derrotar a los enemigos del género humano: el imperialismo y sus lacayas oligarquías, es la unidad de las y los revolucionarios.

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El viaje de Álvaro Uribe en México

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(Uribe y Vicente Fox)

Sin dudas la reciente visita en México del presidente de Colombia Álvaro Uribe,  ha sido algo más de lo que ha salido en la prensa del país  y de toda América  latina.

Formalmente Uribe parece que haya viajado al país centroamericano  para pedir a su homólogo Felipe Calderón que solicite  a los Estados Unidos la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Colombia  que está congelada desde meses en el Congreso.

“Todo lo que  diga el Presidente Calderón al oído de las autoridades, de los medios de comunicación y del pueblo norteamericano le ayuda mucho a Colombia… le pedí esa ayuda al presidente Calderón” explicó  Álvaro Uribe el lunes 10 de noviembre, en su tercer  y último día de visitas en el país.
 
Los dos presidentes hablaron  también de algunos aspectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre los dos paises, concordando sobre el hecho de que algunos sectores comerciales excluidos hasta ahora en el tratado deberían ser tenidos en mayor consideración.
Uribe ha expresado también su solidaridad al Gobierno de Calderón y al  país por el “gran  esfuerzo” en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, declarando en una rueda de prensa que Colombia y México cooperarán más en ese sentido, pero declarándose profundamente en contra a la depenalización de algunas drogas, contrariamente a la recién propuesta de los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya y del mismo Felipe Calderón.
 
El encuentro con la derecha latinoamericana – La cumbre al Centro Fox…
 
Seguramente no han sido estas las verdaderas razones del viaje de Álvaro Uribe. En los días inmediatamente precedentes   la visita oficial a Los Pinos, residencia de Felipe Calderón, en el estado de Guanajuato,  a San Cristóbal, Álvaro Uribe  tuvo un discurso público sobre el tema de la “Seguridad democrática” en el Centro Fox, ambigua estructura creada y dirigida por el ex presidente mexicano Vicente Fox, donde se desarrollaba la cumbre San Cristóbal “Humanismo Eficaz”, organizado por la Internacional Demócrata del Centro (IDC). Estaban presentes además de los representantes de los 110 partidos políticos de derecha de 88 paises diferentes que aderieron, también el director de la Policía colombiana y el gobernador de Guanajuato, el ultra conservador Manuel Oliva.
 
Estaba también Eduardo Fernández, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA),  que tiene como afiliada la misma IDC y qué reune los partidos de tendencia demócrata cristiana en América latina, ya acusada de representar las intenciones golpistas de Washington en la región y de haber participado al golpe de Estado en Chile en 1973 y en Venezuela en 2002.
 
Un ex presidente de la ODCA, el político católico Eduardo Fernández del COPEI (integrante de IDC) hizo el trámite entre España y Venezuela en la organización del golpe contra Chávez. Unos dias antes del 11 de abril 2002 estaba en Madrid y luego en  Washington donde participó a una reunión de la ODCA.
 
También no hubiera podido faltar a la cumbre a Guanjuato, Yon Goicoechea, leader del movimiento estudiantil venezolano, ganador del premio Milton Friedman por sus méritos en la lucha en el avance por la libertad en el mundo. En realidad el premio Friedman entregado a Goicoechea, que consiste en 500 mil dólares, es solamente una de las diferentes maneras que los Estados Unidos han inventado para financiar en Venezuela la oposición interna a Hugo Chávez. Goicoechea en su intervención en la cumbre de San Cristóbal ha denunciado que el crimen y el narcotráfico están prácticamente dominando todo el país y que el presidente Chávez es totalmente incapaz de garantizar la seguridad de la población. Ha además denunciado que el país está invirtiendo 80 veces más en armamento de guerra que en la seguridad interna. “A esto se suma un escenario de violencia política en el que se organizan grupos irregularmente armados desde el Estado para reprimir”, sostuvo finalmente  el joven opositor en la Cumbre.
 
Parece previsto su discurso (si pensamos al premio recibido) y también paradójico si se tiene en cuenta que estaba presente  el huésped de honor Álvaro Uribe, qué notoriamente es un óptimo conocedor de corrupción, grupos armados irregulares y narcotraficantes.
 
… y el con la extrema derecha mexicana – El Yunque y el caso Sucumbíos
 
Muchos han sido los encuentros que tuvo Uribe con varios representantes de la asociación mexicana de ultra derecha  El Yunque.
Además del gobernador del Estado de Guanjuato, Manuel Oliva, miembro del Yunque, Álvaro Uribe se encontró privatamente con algunas asociaciones civiles entre las cuales “Mejor Sociedad, Mejor Gobierno” y “Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.”
Y propio mientras en esos días en México,  Uribe era declarado persona non grata por varias asociaciones en defensa de los derechos humanos entre las cuales la LIMEDDH, (Liga Méxicana Por la Defensa de los Derechos Humanos) y la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de la masacre de Sucumbiós, se desvelan detalles de una conversación con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Hjusticia Penal A.C. y además dirigente del Yunque.
 
Coloquio expresamente solicitado para entregar personalmente al presidente colombiano copia de la demanda penal que él mismo y el presidente de “Mejor Sociedad, Mejor Gobierno”, Guillermo Velazco Arzac (él también vinculado con el Yunque) presentaron a la Fiscalía un mes después de la masacre de los cuatro jóvenes mexicanos en Ecuador, en  contra de  Lucía Morett la unica sobreviviente que actualmente vive en Nicaragua y en contra de otros 15 jovenes  entre los cuales están los nombres de los cuatro fallecidos, por el crimen de terrorismo .
El  Yunque, desde los primeros dias en que se reveló la noticia que en Ecuador estaban jovenes mexicanos, buscó con una difamatoria campaña de denigración conducida por los más importantes medios de comunicación del país de acusarlos de estar proyectando “actos de terrorismo” en suelo mexicano y los acusó de ser integrantes sea de las FARC que del EPR (Ejército Popular Revolucionario) el más importante movimiento armado del país.
José Antonio Ortega durante su coloquio con Álvaro Uribe ha abordado el tema de la presencia en México del EPR y no se ha dejado escapar la ocasión de criminalizar la actividad politíca de Antonio Pavel, otro sobreviviemte de Sucumbiós, miembro de la Direccíón Colectiva del Comité Central del Partido Comunista, activista en la reciente huelga de los maestros en el Estado de Morelos, señalando su nombre al presidente colombiano que ha agradecido la “sociedad civil” presente a ese encuentro por la colaboración y ha pedido explícitamente al embajador colombiano en México, Luis Camilo Osorio,  de ofrecer toda la ayuda necesaria y de dar seguimiento constante a los procedimentos penales contra los jovenes .
 
No es un caso que Luis Camilo Osorio haya precenciado al encuentro.
La  LIMEDDH y la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos cada mes organizan varias actividaes públicas frente a la embajada de Colombia en México. Cada primero del mes entregan a la representancia diplomática un boletín en donde se abordan los temas de las violaciones de los derechos humanos en Colombia y se dibuja un perfil detallado de la persona del mismo embajador, acusado varias veces de haber ocultado las denuncias contra los paramilitares y narcotraficantes y de haber manipulado y subtraido a la acción penal graves actos  de violacciones de derechos humanos cuando ocupaba el cargo de Fiscal General en su país.
Los boletines quieren ser tambíen un momento dedicado al rescate de la memoria de Verónica, Sorel,  Juan Gonzales y Fernando y por eso un más extenso espacio es dedicado a su vida, a sus sueños y a lo que eran y lo que deseaban ser.
 
La senadora Rosario Ibarra de Piedra ha entregado a la Procura General de la República más de 12 mil firmas recogidas pidiendo garantías por la seguridad y libertad de Lucía Morett en vista de un probable regreso de la joven en el país y el ritiro de la demandas contra los demás 15 jovenes pidiendo el fin de la criminalización de la protesta social  y de las ideas.
 
Probablemente Uribe y Calderón han hablado también del caso Morett, pero parece siempre más evidente que a la luz de esos acontecimientos, un regreso a México de la joven mexicana no es  al momento deseable para ella.
 

Entrevista a Simone Bruno: “los indígenas espantan… ”

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Foto di Simone Bruno

Simone Bruno es un fotoreportero italiano y desde hace cinco años vive en Bogotá. Es corresponsal por el diario online Peace Reporter, relacionado a la agencia de noticias MISNA (Missionary Service News Agency) y a la asociación humanitaria  Emergency.  En estas semanas cubrió la marcha de la Minga,  la mobilitación indígena y campesina que llegò   hasta Bogotá, pidiendo respecto por los pueblos originarios y derecho a la tierra y a la vida  y  planteando un proyecto de participación politíca al desarrolllo del país.
Simone Bruno estubo testimoniando sobretodo los violentos enfrentamientos ocurridos en en La María-Piendamó (Cauca), donde se registraron dos muertos y más de 70 heridos, y donde se demostró que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) utilizó armas non convencionales contra los indígenas. Las fotografías de Simone han sido publicadas en todos los más importantes diarios italianos y en los mayores espacios  de información en Internet.
Por eso recibió hace unos días en su pagína  de  Facebook amenazas de muerte con el siguiente texto: (“mamertico de mierda  se esta metiendo con fuerzas que lo van a aplastar muy valiente tirando piedras y agrediendo agentes del estado en la  maria si quiere ser un martir con mucho gusto le cumplimos el deseo rece malparido”) desde un usuario desconocido de nombre Sol Dussant.  En esa entrevista nos explica qué representa el movimiento indígena en Colombia y sus potencialidades  por un cambio en el país.
 
A.M. – Simone, tu  vives desde hace 5 años en Colombia. ¿Tuviste antes de ahora problemas de amenazas o de hostigamiento relacionados en tu trabajo?
S.B. - No nada, esta es la primera vez en absoluto.

A.M. — ¿Denunciaste las amenazas a las autoridades? ¿Qué respaldo tuviste?
S.B. — La denuncia la hice a través del consulado Italiano en donde encontré personas muy gentiles y que me ayudaron mucho. Recibí también apoyo por parte del embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, que en un comunicado de prensa rechazó las amenazas que recibí. 
A.M. — En  el texto de la amenaza se hace referencia al resguardo de la María. Tu estuviste allá cubriendo la Minga. Hubo muertos y heridos. ¿Cómo era la situación?
S.B. — Muy dura. La represión del ESMAD (policía anti-motines) fue brutal y con armas de fuego, machete y recalzados, ósea granadas artesanales rellenas de pólvora, puntillas, escotillas y vidrios.
Vi muchos heridos y constate el tipo de armas que los provocó. Había heridos de balas y otros con escotillas en el cuerpo. Tambien hubo un muerto, Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, que ha recibido una bala en la cabeza, que le atravesó de lado a lado.
 
A.M. — Un video de la CNN demostró inequivocablemente que miembros de la ESMAD dispararon contra los campesinos de la Minga y Álvaro Uribe tuvo que admitir públicamente eso. Los participantes de la Minga se defendieron solamente con bastones de mando y piedras. Tu denunciaste eso en tus notas, ¿Piensas que las amenazas puedan llegar desde alguien cercano a la ESMAD?

S.B. — Esto es difícil saberlo. Por seguro las amenazas se deben a mi presencia en la María, el mensaje lo dice muy claramente. Quien se molestó por el trabajo de los periodistas  es quien no quería que se supiera la verdad de los hechos y de la violaciones de los derechos humanos por parte de la policía. Es también quien no sabe respectar un movimiento como el movimiento indígena Colombiano que propone una manera otra de pensar y de vivir y una resistencia pacífica. 
A.M. — La Minga ha llegado a Bogotà y en los próximos días habrá también eventos en algunas ciudades europeas en solidaridad a ella. ¿Qué opinas de esa movilización indígena y campesina? ¿Puede representar  realmente, cómo parece, un momento de ruptura entre la sociedad colombiana y el gobierno?

S.B. — Creo que es la coincidencia de dos procesos. En un lado me parece que la sociedad empieza a despertar de un largo sueño. Son testigo las movilizaciones de prácticamente todos los sectores sociales: corteros de cañas, estudiantes, profesores, transportadores, jueces, entre otros.
En otro lado está la Minga que es expresión de un lento proceso interno al movimiento Indígena Colombiano, del cual los indígenas Nasa del Cauca son sin duda es sector más fuerte y organizado.
La coincidencia de las dos cosas hizo que la Minga se volvió el catalizador y acelerador de todas estas protestas que en algunas manera confluyen. Esto no es casual los Nasa vienen tejiendo, como ellos dicen con otros sectores y movimientos sociales desde hace mucho años. En la historia Nasa se cuentan 4 fases de resistencia, la ultima se denomina de alternativa y empieza más o menos con la constitución del 1991, ósea con la llegada de la ola neoliberal en Colombia. Los Nasa se dan cuenta que el enemigo ya no es el terrateniente, sino un poder multinacional que no se ve. Para enfrentarse entienden que se tienen que abrir a otros actores y seguir luchando untos. Es, si quiérenos el final de la fase solamente indigenista del proyecto Nasa.
 
A.M. — ¿Qué proyección a largo plazo imaginas pueda tener la Minga en Colombia?
S.B. — Es un proceso largo. En este mes  largo la Minga ha tenido mucha visibilidad. En los próximos meses quizás no será así, pero el proceso sigue seguramente a nivel interno y se va fortaleciendo mucho. En la próxima expresión pública será aun más fuerte y tendrá aun más apoyo de otros actores sociales. Esto ha sido verdad en el pasado si pensamos a la que se llamaba Minga por la vida del 2004 y todas las movilizaciones anteriores. Con estas expresiones los indígenas toman momentum y se relacionan con nuevos actores. Se retiran, elaboran y vuelven a salir.  
A.M. — ¿Cómo se desarrolla actualmente en Colombia la protesta social y el conflicto armado en el marco de  esa criminalización violenta de la protesta y en la actual situación de represión y persecución de la oposición?
S.B. — La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia en donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales.
Los movimientos democráticos están aplastados entre el actor estatal y paramilitar por un lado y por las guerrillas por el otro. Todos los movimientos más respetables en Colombia toman una posición de neutralidad o se declaran comunidades de paz, por esto, son atropellados por ambos lados y por ambos actores. La culpa que tienen no es tanto la de no participar, sino de cuestionar el conflicto mismo, que es lo que permite sobrevivir tanto a las FARC cuanto al gobierno. Queda realmente poco espacio para desarrollar la protesta social, tanto físicamente, cuando en el imaginario de los Colombianos que prefieren muchas veces no saber nada de lo que pasa, no opinar y no ser involucrados.  
A.M. — ¿No crees que las  amenazas a un periodista son  la demostración que está haciendo bien su trabajo?
S.B. — O que los indígenas espantan..  
A.M. — ¿Cómo periodista amenazado  cómo imaginas se pueda seguir trabajando por la libertad de expresión y por la  denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en Colombia?
S.B. — Yo tengo la suerte de ser Italiano y vivir a Bogotá. El apoyo de la prensa Italiana ha sido muy importante, pienso por ejemplo en Maso Notarianni de Peacereporter y Alessandra Coppola del Corriere que por primeros se han preocupados de mi situación. La visibilidad y el respaldo permiten sentirse más seguros. Pero hay centenares de periodistas Colombianos que trabajan y viven en áreas rurales del país, para ellos denunciar lo que pasa quiere decir arriesgar seriamente su vida y las de sus familiares. Esto tiene una repercusión evidente sobre la calidad de la información en el país. Así como la concentración de los medios en la manos de poder económicos muy fuertes, cuya finalidad es maximizar es la ganancia y no es informar. Estos medios serán siempre al servicio del gobernante de turno. No es casual que los activistas decidieron dar el video a CNN y no a los medios Colombianos, eso porque si lo hubiesen dado a un medio Colombiano probablemente ahora poca gente lo conocería. Hablo de los grandes canales de televisión, porque un error que se puede hacer es generalizar sobre la prensa Colombiana. Acá existen unos buenos medios de información y unos excelentes periodistas. Pienso a Semana, El Espectador, el programa Contravia de Hollman Morris, el noticiero de Canal Uno de Daniel Coronell y algunos periodista de El Tiempo y Cambio. Es gracias a ellos si sabemos de los grandes escándalos como por ejemplo el de la parapolitica. Y es por eso que la lista de periodistas amenazados es muy larga.

 
 

Álvaro Uribe Vélez persona non grata en México

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Ante la más reciente vista del presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez a México (del 7 al 11 de noviembre de 2008), los Padres y Familiares de los jóvenes mexicanos asesinados en Sucumbíos, Ecuador, manifestamos nuestro repudio a su vista y exigimos no sólo se le declare persona non grata, sino que se le juzgue por el asesinato confeso de Verónica Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Aviles Angeles y Juan González del Castillo, así como por las heridas y el daño causado a Lucía Morett Alvarez.
 
Con preocupación vemos como esta visita es la tercera que Uribe Vélez realiza a nuestro país en el 2008, quedando clara la cercanía y complicidad que ha mantenido el gobierno mexicano con el colombiano, al no condenar el asesinato de cuatro connacionales y no proceder jurídicamente como corresponde contra Uribe, quién reconoció abiertamente desde un inicio la autoría de la masacre de Sucumbíos y el asesinato de nuestros hijos.
 
Uribe no sólo cuenta con el respaldo del gobierno de Felipe Calderón, también se ha aliado con grupos ultraderechistas para intentar limpiar su imagen y evitar inútilmente la condena social del pueblo de México, muestra de ello fue la reunión que sostuvo con Vicente Fox ex-presidente de México); José Antonio Ortega Sánchez (Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.) y varios miembros de Mejor Sociedad Mejor Gobierno, todos ellos vinculados directamente a “El Yunque” (organización clandestina de ultraderecha en México).
 
En dicho encuentro estos personajes no repararon en lanzar halagos a Uribe y solicitarle más información para “convencer” a la opinión pública de que actuó bien asesinando a más de 20 personas, a cambio de ello, Alvaro Uribe los nombra sus “socios antiterrorismo”, ante este hecho pedimos sea investigada esa relación de “socios” ya que públicamente se han denunciado los vínculos del presidente colombiano con el narcotráfico y el paramilitarismo.
 
De este modo los Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, junto con organizaciones sociales, políticas y grupos estudiantiles hicimos patente nuestro rechazo a su visita por medio de dos manifestaciones pacíficas en las afueras de los recintos en donde se encontraba Alvaro Uribe Vélez, el día 7 de noviembre a las 16:00 hrs., arribamos a la sede de un hotel en la Ciudad de México en donde sostenía una reunión, nos mantuvimos durante 2 horas portando pancartas y mantas que denuncian el asesinato de nuestros hijos y la culpabilidad de Uribe.
 
El día 10 de noviembre acudimos a la residencia oficial de Los Pinos en donde Uribe Vélez era recibido oficialmente, ahí nos manifestamos a los afueras de dicho recinto exigiendo se le declarara persona non grata y se le juzgue por los crímenes cometidos. Cabe señala que nos fue impedido el paso hacía la residencia oficial de Los Pinos por un grupo de granaderos y durante nuestra protesta tuvimos una constante vigilancia por parte del Estado Mayor Presidencial (cuerpo de seguridad del Estado mexicano), quienes estuvieron fotografiando insistentemente a todas las personas que acudieron solidariamente a la manifestación.
 
Por último queremos manifestar con inquietud como México sigue los pasos de Colombia buscando implementar toda una política de violencia y criminalizaciòn de la protesta social y política, de los jóvenes y en general de aquella persona que no comparta la visión degradante del poder actual, todo ello bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que como es públicamente sabido esta inserto en las altas esferas políticas, y en donde estados como el colombiano son quienes ejercen el verdadero terrorismo.
 
México, D.F., Noviembre de 2008
ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS
VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR.

Presentación con vida de los detenidos desaparecidos por el gobierno de México en el año 2007.

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Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Lauro Juárez, DETENUTI SCOMPARSI in Messico nel 2007

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES,


A LA PRENSA EN GENERAL,
A LOS CAMPESINOS, ESTUDIANTES, MAESTROS,
A LA SOCIEDAD CIVIL,
A LA POBLACIÓN EN GENERAL
Campaña de cartas por la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Lauro Juárez, detenidos desaparecidos por el gobierno de México en el año 2007.
Les solicitamos de la manera más urgente su solidaridad ante este caso de la desaparición forzada de nuestros familiares, ya que a más de un año de la desaparición forzada de los luchadores sociales; José Francisco Paredes Ruiz (integrante de organización de derechos humanos Fundación Diego Lucero), Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y a 11 meses de la detención desaparición forzada de Lauro Juárez, las autoridades no han dado con su paradero.
En el estado de Michoacán el 26 de septiembre del 2007 desapareció José Francisco Paredes Ruiz, integrante de la organización de Derechos Humanos Diego Lucero (organización que lleva la denuncia de 7 casos de detenidos desaparecidos en los años 70), Francisco participo en la defensa de tierras comunales del Lago de Zirahuen, en el Estado de Michoacán. A demás de que Francisco Paredes Ruiz en los años 70 fue preso político durante 7 años y durante unos días fue detenido desaparecido.
En Oaxaca, El 25 de mayo del 2007, detienen y desaparecen a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes los reivindica un grupo insurgente; Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
El 10 de diciembre del 2007 en el cerro del vidrio, en Oaxaca, detienen y desaparecen al Sr. Lauro Juárez, indígena Chatino. El Sr. Lauro Juárez fue electo Regidor de Hacienda quien el Instituto Estatal Electoral (IEE) se rehusó a reconocer su legitimidad junto con otros representantes que fueron elegidos por prácticas tradicionales de las poblaciones indígenas, un sistema de elección que esta presente en la mayoría de los municipios de Oaxaca.
El gobierno, tanto del Estado de Michoacán como del Estado de Oaxaca, que se dice uno ser democrático y el otro institucional, y que junto con el gobierno federal de ultra derecha; niegan aparentando un total desconocimiento sobre el paradero de nuestros familiares y dando una represión mediante el acoso a los familiares que han decidido hacer una denuncia, exigiendo la presentación con vida de cada desaparecido, intimidándolos tratando de ocultar cada caso ante la sociedad, ante los medios de comunicación, y también desapareciendo y matando extrajudicialmente a corresponsales de algún periódico o un medio de comunicación que se atrevió a escribir unas líneas sobre la situación social que vive este país.
Hoy hacemos un llamado pidiendo la solidaridad de toda la población de México, a que se unan con nosotros a esta campaña de cartas para que con el apoyo internacional (organizaciones de derechos humanos, embajadores, presidentes de cada país en el mundo, periodistas, escritores, artistas, estudiantes, comités, sindicatos, familiares de detenidos desaparecidos, etc.) logremos nuestro propósito que es la presentación con vida de nuestros familiares, así como también hacemos la invitación a que los familiares de los detenidos desaparecidos, se unan a nuestra campaña para juntar fuerzas para resistir esta lucha por la presentación con vida de nuestros familiares hasta que el gobierno nos regrese a cada uno de ellos y exista un castigo para los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Nuestro propósito es lograr que en cada país del mundo, los Presidentes, los Embajadores, Diputados, las Organizaciones de Derechos Humanos, personas que se solidaricen ante esta exigencia justa, le escriban al Presidente de México, a la CNDH, al Gobernador de Michoacán y de Oaxaca, al Procurador de la República etc., para pedir una aclaración y la presentación inmediata de Francisco Paredes Ruiz, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y Lauro Juárez.
Comité Nacional de Familiares por La Presentación con vida de las y los Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Mandar cartas a los siguientes destinatarios, Con Copia para:
href=“vivoslosqueremosathotmaildotcom“>vivoslosqueremosathotmaildotcom
href=“hastaencontrarlosatgmaildotcom“>hastaencontrarlosatgmaildotcom
href=“redeheriathotmaildotcom“>redeheriathotmaildotcom
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
href=“felipedotcalderonatpresidenciadotgobdotmx“>felipedotcalderonatpresidenciadotgobdotmx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma nº 211–213
Piso 16, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, MÉXICO
title=“ofprocatpgrdotgobdotmxhref=“ofprocatpgrdotgobdotmx“>ofprocatpgrdotgobdotmx
Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
href=“respeletaatsegobdotgobdotmx“>respeletaatsegobdotgobdotmx
href=“mlgutierrezoatsegobdotgobdotmx“>mlgutierrezoatsegobdotgobdotmx
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, México, D.F.
Tel: 631 00 40, 6 81 81 25
Fax: 56 81 84 90
Lada sin costo: 01 800 00 869
href=“correoatfmdhdotcndhdotorgdotmx“>correoatfmdhdotcndhdotorgdotmx
Mtro. Leonel Godoy Rangel
Gobernador del Estado de Michoacán.
href=“contactodotdespachoatmichoacandotgobdotmx“>contactodotdespachoatmichoacandotgobdotmx
Lic. J. Miguel García Hurtado
Procurador General de Justicia, Michoacán
href=“pgjeatmichoacandotgobdotmx“>pgjeatmichoacandotgobdotmx
Lic. Victor Manuel Serrato Lozano
Presidente de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Michoacán
href=“presidenciaatcedhmichoacandotorg“>presidenciaatcedhmichoacandotorg
Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Fax. 01 (951) 51 65 966,51–60677/ fax: 51–63737/ cel: 0449515470377
General. Gillermo Galvan Galvan
Blvd. Manuel Avila Camacho S/N. Esq. Av. Ind. Mil.,
Col. Lomas de Sotelo; Deleg. Miguel Hidalgo, D.F.
.P. 11640 Tel. 21228800 Ext. 3585
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
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Sisto Turra desafió el gobierno de Bogotá en memoria de su hijo

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Guido Piccoli
traducción Simone Bruno

El pasado martes por la noche murió Sisto Turra. Un hombre brusco, irónico y cariñoso como pocos. Un anarquista que amaba provocar a la gente que le hablaba de política. Un excelente maestro para los estudiantes del Policlinico de Padua, hospital principal de esa ciudad. Mucho más que el presidente de la Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología para los colegas de uniforme blanco que hoy a las 11 de la mañana, le harán un homenaje homenaje en el patio del antiguo Palacio del Bo. Pero lejos de Padua, donde vivió y murió, y de Feltre, donde nació hace 70 años y donde reposarán sus cenizas; Sisto fue principalmente “el padre de Giacomo” asesinado en Cartagena el 3 de septiembre de 1995 cuando contaba solo con 24 años. Sisto empezó a morir en este momento, cuando fue informado por un mariscal del comado de policía de Padua y, a poco después, cuando un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Farnesina habló de sobredosis. En la narco-Colombia, Giacomo había “razonablemente” muerto por abuso de drogas. Razonable para todos, pero no para Sisto. Cuando, después de atravesar el Atlántico, le fue presentado un cadáver sobre un mármol de la morgue, quedó atónito. “Resígnese” ordenó el oficial del consulado. Pero ese no era el cuerpo de un muerto de sobredosis, sino el de un muchacho masacrado a palizas. Sisto lo gritó a todos aquellos que le aconsejaban de cargar el cuerpo en el primer avión para Italia; a los periodistas que hablaban de un italiano más “que vino a embutirse de coca y marihuana”; a la policía local, que alegó que el muchacho, bajo efectos de las drogas, se había golpeado a sí mismo, brazos, piernas, pelvis, costillas y fémur contra un poste de la luz.

Sisto en aquel entonces no entendía el motivo de tal barbarie. Al igual que Giacomo, graduado en antropología y fascinado por los indígenas de la Sierra Nevada, hacia caso omiso de la otra cara de Colombia: el terrorismo de Estado y los abusos de los hombres en uniforme que, esa noche, por casualidad, no atropellaron a sus víctimas habituales — pobre u opositores -, sino a un joven turista que se había rebelado contra unos ladrones y sus cómplices en uniforme. Sisto encontró una razón para vivir, la de hacerle justicia a su hijo. Movió montañas con el apoyo especialmente de Simonetta, Judith y Battistina, madre, hermana y tía de Giacomo; de la compañera Franca, de tantos amigos tan diferentes entre ellos como los del Centro Social Pedro de la ciudad de Padua o del oficial anti-droga Piero Innocenti de la embajada italiana en Bogotá. Empleó abogados, involucró parlamentarios y parlamentos, jueces y tribunales internacionales, logró debilitar las relaciones entre Roma y Bogotá y hacer encarcelar durante unos pocos meses a los cinco asesinos de Cartagena; hizo publicar un libro de poemas de Giacomo ( “Mi viaje”) y titularle un salón de la Universidad de Padua, estimuló la curiosidad de investigación de García Márquez, miró en la cara y le hizo bajar los ojos a Alvaro Uribe. “Tengo la sensación de no hacer algo por él, sino de hacer algo que él habría hecho” escribió un día. Empezó incluso a amar a Colombia y a los colombianos que reconoció como víctimas, de la misma manera que Giacomo, de la violencia estatal. Leyó que Giacomo se había convertido en un símbolo también en Colombia, donde la prensa había definido “Turra colombianos ” a otras personas asesinadas. Quiso creer en la seriedad del proceso, de la apelación y de la casación. Cuando se acabó la última payasada legal, Sisto empezó a morir de nuevo, rindiéndose de inmediato . Así cómo se rindió el martes, cansado de estar en una cama de hospital, atravesado por sondas y tubos, ya privado de los últimos placeres: Seneca, su whiskey, la Fórmula Uno, el coche rápido sintonizado en la emisora Marilú. Sisto Turra no podía ganar sus batallas. Pero hizo jugó su papel hasta el final. Por lo tanto se quedará en el corazón y en la memoria de quienes lo amaban. Para siempre.


Minga indígena del Chocó

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